Arturo Cervantes Villarreal
Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Cervantes Villarreal
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio procedente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que remite el juicio de amparo directo ******************** de su índice 734/2022, e informa que no acepta la competencia declinada por este juzgado; en consecuencia, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo de estilo; realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes; y, hágase del conocimiento de las partes. DESECHAMIENTO: Ahora, visto el estado que guardan los autos, se advierte que el escrito de demanda de amparo que dio origen a este asunto fue presentado vía electrónica, careciendo de la firma electrónica (FIREL) del promovente, por lo que en el caso, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, sólo la parte (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En los citados preceptos, se regula la legitimación para promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante o apoderado legal en términos de los diversos 10 y 11 de la Ley de Amparo. La firma electrónica (FIREL), por su parte, es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Luego entonces, el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada", salvo cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la propia Ley de Amparo. Esto es, la demanda de amparo que se presente través de la modalidad de "juicio en línea", debe ineludiblemente ser firmada electrónicamente por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, excepción hecha en los aludidos casos. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda presentado a través del Portal de Servicios en Línea no obra la firma electrónica (FIREL) del directo quejoso********************, se constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda, sin que sea el caso prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que al no contener la firma autógrafa en original no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. En ese orden, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues como se adelantó, no se advierte expresada la voluntad de quien aparece como promovente para darle trámite a la demanda, es decir, no hay instancia de parte respecto de quien se dice promueve en nombre propio, y no se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido la firma en copia que se encuentra al final de la demanda; empero, ello no puede constituir una firma autógrafa, pues el documento constituye una reproducción pero no la original, por lo que tampoco podrá servir para acreditar la voluntad del directo quejoso, por lo que al haber sido presentado el escrito inicial a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, el promovente debió cumplir con los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en el caso, signar el documento mediante la firma electrónica (FIREL). Tampoco se soslaya que el quejoso presentó ante el tribunal de alzada los escritos registrados con los folios 2970 y 2983 de su control; sin embargo, la firma que se encuentra en éstos no convalida la falta de firma de la demanda. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". De igual forma, resulta aplicable al caso, por identidad sustancial la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 166 de la Ley de Amparo por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente y por el criterio que sostiene, la tesis visible en la página 119, del tomo 187-192 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece: "PROMOCIONES SIN FIRMA. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse el mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar el mismo conducentemente." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio procedente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, quedando registrado con el número D.P. 79/2022 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
DOMICILIO/IZTACALCO Visto el escrito de demanda y copias presentado vía electrónica por... por propio derecho, contra actos del Juzgado Décimo Tercero de lo Penal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 734/2022. INCOMPETENCIA: De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante señala como actos reclamados, entre otros, la sentencia de quince de noviembre de dos mil seis, dictada por el Juez Décimo Tercero Penal de la Ciudad de México, dentro de la causa penal 273/2006. En consecuencia, este órgano de control constitucional estima que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen a este asunto, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 170 de la Ley de Amparo, señala que por sentencia definitiva debe entenderse, aquélla que decida el juicio en lo principal y en contra de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y prevé que las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes tampoco conceden recurso ordinario alguno. En el caso, se estima que la resolución combatida tiene el carácter de sentencia definitiva, poniendo con ello fin al proceso penal instruido en su contra. Atendiendo al contenido del artículo 34 de la Ley de Amparo, el cual señala que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, este juzgador considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se analiza. Con base en lo anterior, al advertirse que la demanda de derechos fundamentales origen de este expediente, se endereza contra actos enunciados en el citado artículo 34 de la Ley de Amparo, remítase este sumario y las copias de la demanda de amparo, así como de los anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, a efecto de que tenga a bien pronunciarse al respecto, de conformidad con lo previsto por el numeral 47 de la Ley de Amparo, solicitando de la manera más atenta que, una vez que obre en su poder, se sirva acusar recibo correspondiente e informe lo conducente. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.6/2015 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, libro 17, abril de 2015, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado, así como el correo electrónico que refiere para, de ser el caso, entablar comunicaciones no procesales. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese personalmente.
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