ARTURO CERVANTES DIAZ y Otros.

Expediente 648/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
648/2018
Año
2018
Actuaciones
35
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • ARTURO CERVANTES DIAZ y Otros.
  • Arturo Cervantes Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 198 a 200), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Sala Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de nueve de julio de dos mil dieciocho, donde se ordenó formar los tomos de pruebas I, II y III (foja 20). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Incidental

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 648/2018, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el plazo de tres días que en auto de dieciséis de enero del año en curso, se concedió a la parte quejosa, para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos a efecto de emplazar a juicio constitucional a las terceras interesadas ..... , sin que lo hubiese hecho. Por tanto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b, y 5o, fracción III del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en atención de que la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de las terceras interesadas ..... , impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulte inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a las terceras interesadas .... , pues se ordenó librar despacho al Juez Civil de Etla, Oaxaca, a fin de que en auxilió de este órgano jurisdiccional notificara a dichas terceras en el domicilio señalado por el quejoso en su escrito de demanda, sin que dicha autoridad pudiera desahogar la diligencia encomendada, además en auto de veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho (foja 63), se requirió a la parte quejosa a fin de que proporcionara el domicilio actual y exacto de las terceras en comento, sin que hiciera manifestación alguna, finalmente se giraron los oficios a las autoridades correspondientes (foja 66) para investigar el domicilio de las terceras, y se realizaron las diligencias de notificación en los domicilios obtenidos, sin que los resultados fueran favorables. Tomando en cuenta lo anterior, mediante acuerdo de dieciséis de enero del presente año, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la anterior Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de ....., por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndolo para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que lo hubiera hecho, o hubiese manifestado algo al respecto. De lo anterior, es evidente que el emplazamiento de la parte tercera interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este Juzgado a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por la falta de acreditar el pago de los edictos para su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación, impide a la juzgadora pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 108, fracción II, del mismo ordenamiento legal, es procedente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso....., en proveído de ocho de febrero del año en curso (foja 195), para que indicara los efectos que conforme a la ley de la materia designaba como abogado en el presente asunto al defensor público federal adscrito a este Jugado, transcurrió del trece al quince de febrero del presente año, sin que hubiere hecho manifestación alguna, por ende, se tiene por hecho el apercibimiento decretado y no se tiene por presentada dicha petición.

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