Arturo Cavazos Peña
Expediente 362/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Arturo Cavazos Peña
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días que señala el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de garantías en el presente juicio, emitido por este juzgado de distrito, transcurrió del veintiséis de septiembre al dos de octubre de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa hubiese hecho manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: a) Ha causado estado el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de garantías en el presente juicio de amparo 362/2018-2, promovido por Arturo Cavazos Peña, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. b) Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (2)
- Principal
Por este medio se notifica al quejoso: Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese y regístrese el juicio de amparo con el número 362/2018-2, que es el que cronológicamente le corresponde. Capítulo de pruebas Con apoyo en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba, la documental que acompaña a su escrito inicial de demanda, la cual se tiene por admitida y desahogada, por virtud de que no requiere preparación para tal efecto. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho dictada dentro del expediente laboral ***/7/***y sus acumulados ****del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que en lo que interesa, se declara improcedente el incidente de falta personalidad planteado y ordena la continuación del expediente por sus demás trámites legales. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (...) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.---Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aún cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de que le sea desfavorable a la parte quejosa. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consistente en la resolución interlocutoria de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho dictada dentro del expediente laboral 114/7/2018 y sus acumulados 106/7/2018 y 107/7/2018 del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que en lo que interesa, se declara improcedente el incidente de falta personalidad planteado y ordena la continuación del expediente por sus demás trámites legales, no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con ese pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable al momento de resolverse el juicio de origen; lo anterior, considerando que la determinación reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en que se reconozca la personalidad de la parte demandada en el juicio de origen; sin embargo, en caso de obtener sentencia favorable se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en la determinación que aquí reclama. En efecto, la determinación impugnada si bien podría causar una afectación de derechos adjetivos o formales, sin embargo, no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones de la parte actora, aquí quejosa, pueden quedar satisfechas si obtiene sentencia favorable en el juicio laboral y en caso de que la sentencia que se dicte fuera adversa a sus intereses, sólo hasta entonces trascendería la violación procesal, pues se reitera, el declarar improcedente el incidente de falta de personalidad promovido, no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. Así, dicha resolución por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen. En esas circunstancias, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto sólo tiene como consecuencia tener por reconocida la personalidad de las representantes legales de la parte demandada en el juicio de origen y que como se mencionó con anterioridad, carece de ejecución irreparable, por lo que el amparo indirecto promovido en su contra de modo inmediato, es improcedente, ya que debe reservarse para ser reclamados en la vía de amparo al promoverse la demanda en contra del laudo, que al respecto se dicte en el juicio de origen 114/7/2018 y sus acumulados 106/7/2018 y 107/7/2018, en caso de que le sea desfavorable. Cabe destacar que si bien es cierto la jurisprudencia P./J.4/2001 de Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecía la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que dirimía cuestiones de personalidad sin ulterior recurso, dicho criterio era aplicado a la legislación de amparo vigente antes de la reforma de la ley de la materia de tres de abril de dos mil trece; empero, dada la connotación que el legislador aportó a la actual ley en comento, respecto a lo que debe entenderse por "imposible reparación", dicho criterio ha sido superado por la jurisprudencia P./J.37/2014 (10ª.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De igual forma, apoya lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1186, Tomo XVII, Mayo de 2003, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184249, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." De ahí que, por las razones vertidas supralíneas, no sea aplicable al caso, el criterio que la quejosa invoca en su libelo accionario, emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del rubro "PERSONALIDAD. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME DICHA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN ACORDE AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; habida cuenta que, de su contenido se advierte que se apoya en el tópico relativo a actos de "imposible reparación", contenido en la jurisprudencia P./J.4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, fue superado -como se dijo-, por la diversa jurisprudencia P./J.37/2014 (10ª), la cual, por las razones apuntadas rige el sentido de la presente determinación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en el escrito de demanda de garantías, y como autorizados para tal efecto a quienes señala en la misma. Habilitación de horas y días inhábiles Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico En atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.
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