Arturo Casiano Gregorio

Expediente 345/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
345/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2018

Partes del expediente

  • Arturo Casiano Gregorio

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Arturo Casiano Gregorio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Dado lo anterior, mediante oficio que se envíe por interconexión, solicítese al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, devuelva en el estado que se encuentra el exhorto con número de orden 576/2018 y de origen 325/2018, con el que se solicitó su auxilio para notificar al quejoso Arturo Casiano Gregorio, el proveído de veintisiete de agosto del año en curso y para requerirlo en los términos indicados, registrado en ese juzgado bajo el número 772/2018. Notifíquese y cúmplase. IV-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta firmado por el quejoso Arturo Casiano Gregorio; en atención a su contenido, se advierte que en cumplimiento con la prevención formulada en auto de veintisiete de agosto del año en curso, bajo protesta de decir verdad, en lo conducente refiere: "Asistí a la Fiscalía del Ministerio Público con sede en la Ciudad de Matías Romero con el LIC. JUAN CARLOS GARCÍA SALUD, quién es el fiscal a quién le corresponde llevar la carpeta de investigación 2002/M.R./2018, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, con el fin de agregar das respectivas facturas de gastos médicos así como de la factura que ampara mi unidad de motor que colisionó; al leer el expediente que forma la carpeta de investigación número 2002/M.R./2018, me percato que ya está agregado el informe policial homologado de oficio número PE/DSR/CEO/EP/0463/2018 de fecha 30 de abril de 2018; al revisar dicho informe policial homologado me es visible saber lo tendencioso y pernicioso de la manera en que fue presentado ante la Fiscalía del Ministerio Público en turno; por lo cual entonces es el DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO cuando tuve pleno conocimiento del informe policial homologado de oficio número PF/DSR/CEO/EP/0463/2018 de fecha 30 de abril de 2018 rendido por parte de los policías federales." En atención a lo anterior, se tiene al quejoso en tiempo y forma dando cumplimiento a la prevención formulada en el proveído de referencia. Como puede advertirse de la demanda de amparo que promueve Arturo Casiano Gregorio y del escrito aclaratorio substancialmente reclama. "a).- LA ACCIÓN DE FORMULAR UN INFORME POLICIAL HOMOLOGADO A MODO EN EL CLARO AFÁN DE INFLUENCIAR PARA CULPAR DE MANERA IGNOMINIOSA A UNA PERSONA DISTINTA LA CAUSAL DEL PERCANCE AUTOMOVILÍSTICO, en su oficio numen PF/DSR/CEO/EP/0463/2018 de fecha 30 de abril del año en curso, signado por el titular de la Estación Palomares, Inspector de la Policía Federal José Morán Rojas lo remite al Fiscal en turno del Ministerio Público del fuero común con sede en Matías Romero, Oaxaca. b).- Al Fiscal del Ministerio Público le reclamo la falta de responsabilidad y objetividad en la admisión del informe policial homologado de oficio/número PF/DSR/CEO/EP/0463/2018. Pues dar por aceptado dicho informe es aceptar todas las supuestas informaciones oficiales viciadas de origen, que daría como consecuencia una carpeta de investigación alterada en todo su contexto legal, lejos de ofrecer imparcialidad y justicia." Ahora bien, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de la demanda, primeramente se analizará, si la misma, está afecta a alguna de las causas de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 62 que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así las cosas, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo promovido por el quejoso Arturo Casiano Gregorio, contra el acto reclamado, consistente en el contenido del oficio número PF/DSR/CEO/EP/0463/2018 de fecha 30 de abril de 2018 rendido por parte de los policías federales, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día hábil en que el quejoso manifestó tener conocimiento de la existencia de dicho acto reclamado. En efecto, del escrito de demanda y del aclaratorio, específicamente en el segundo de ellos, se advierte que el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, y que adquiere eficacia probatoria plena acorde a lo señalado por el artículo 199 de la legislación procesal civil mencionada, que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado. Lo anterior se desprende del escrito que en lo conducente dice: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Asistí a la Fiscalía del Ministerio Público con sede en la Ciudad de Matías Romero con el LIC. JUAN CARLOS GARCÍA SALUD, quién es el fiscal a quién le corresponde llevar la carpeta de investigación 2002/M.R./2018, EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, con el fin de agregar das respectivas facturas de gastos médicos así como de la factura que ampara mi unidad de motor que colisionó; al leer el expediente que forma la carpeta de investigación número 2002/M.R./2018, me percato que ya está agregado el informe policial homologado de oficio número PE/DSR/CEO/EP/0463/2018 de fecha 30 de abril de 2018; al revisar dicho informe policial homologado me es visible saber lo tendencioso y pernicioso de la manera en que fue presentado ante la Fiscalía del Ministerio Público en turno; por lo cual entonces es el DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO cuando tuve pleno conocimiento del informe policial homologado de oficio número PF/DSR/CEO/EP/0463/2018 de fecha 30 de abril de 2918 rendido por parte de los policías federales." En ese tenor, al existir confesión expresa del quejoso, respecto de la fecha en que se ostentó sabedor de la existencia del acto reclamado, siendo dicha fecha, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover demanda de amparo en contra del acto reclamado, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, esto es, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, y feneció dicho plazo el dieciséis de julio del presente año, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, siendo estos, el treinta de junio, uno, siete, ocho, catorce y quince de julio de esta anualidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se sigue que, si el quejoso hasta el veinte de agosto de dos mil dieciocho, presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, resulta claro que el plazo legal de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues como se dijo, tuvo hasta el dieciséis de julio del año en curso, para presentar su demanda de amparo de manera oportuna. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, con número de registro 177995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII (julio de 2005), visible a fojas 1035, Novena Época, materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Asimismo, por identidad jurídica sustancial resulta aplicable, la jurisprudencia número P./J. 27/96, con número de registro 200094, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III (Junio de 1996), Página 57, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 30/94, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En el entendido que los criterios jurisprudenciales citados en este acuerdo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado no se oponen a las disposiciones de dicha ley. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Arturo Casiano Gregorio, contra actos del Fiscal del Ministerio de Matías Romero, Oaxaca y de otras autoridades. La decisión que se asume de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las determinaciones judiciales respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, las tesis sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 530 y 525, del Libro XV y Libro 4, diciembre de 2012 y marzo de 2014, respectivamente, ambos del Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registros 2002359 y 2005917) de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: "ARTÍCULO 25.- Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. [.]." Téngasele, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito aclaratorio. Por otra parte, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones al licenciado Dimas Andrés Lara López, Oralia Rojas Bautista, María Guadalupe Pacheco Lara y Luis Ángel Casiano Victoriano. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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