Arturo Carrillo Gomar
Expediente 1014/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Carrillo Gomar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1014/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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RESULTANDO...CONSIDERANDO..RESUELVE...UNICO SE SOBRESEE...
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1014/2017-V, promovido por ARTURO CARRILLO GOMAR, por propio derecho y; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; y remitido en esa misma al Juzgado Séptimo de Distrito en el *** juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en: El acuerdo emitido el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, por virtud del cual el Contralor del Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, se negó a ****por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se otorga también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la ***negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V.***** evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia, prevé que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa respectivos, si el acto reclamado carece de fundamentación, situación que no acontece tomando en cuenta que el acto reclamado aparece fundado, entre otras disposiciones, en los artículos 86, de la Ley Orgánica Municipal, así como 27, 30, 32, 36 a 39, y 41 a 44, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo que implica que el acto reclamado sí tiene fundamentación, con independencia de que tal precepto legal sea o no aplicable o esté indebidamente citado; bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XXI.2o. J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 83, registro 209892, Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página 87, Octava Época, de la literalidad siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." Así como en la siguiente tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 212868, Tomo XIII, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia." En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. No pasa por alto que la autoridad responsable invoque la actualización de diversa causal; sin embargo, bastando el estudio de una sola, pues aun cuando se actualizara una diversa, no cambiaría el sentido de sobreseimiento. Es aplicable la jurisprudencia Novena Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Página: 414, Tesis: 2a./J. 54/98, Jurisprudencia Materia Común, rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por ARTURO CARRILLO GOMAR, respecto de los actos y por la autoridad identificados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Francisco René Marmolejo Vázquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3595/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el informe justificado remitido por CONTRALOR DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; acuerdo que fue notificado a las partes el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 27 de la ley de amparo; por lo tanto, a fin de que las partes tengan oportunidad de conocer el contenido de informe de referencia con la anticipación debida, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Marzo de 2008, Pagina 151, Novena Época. Cabe destacar que la jurisprudencia antes citada, resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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