Arturo Campos Vargas
Expediente 918/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Arturo Campos Vargas
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del indicado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio 1459 signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 173/2022, con número de orden 447/2022, mismo que se le envió para que auxilio de este órgano jurisdiccional, llevara a cabo la notificación personal del quejoso ***, del acuerdo de dos de mes y año en curso. Asimismo, de dichas documentales se advierte que en el acto de la diligencia, *** autorizada de la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que sólo es autorizada en términos restringidos, por lo que no tiene facultades para intervenir y formular peticiones dentro del presente juicio, por lo que deberá de ser el propio quejoso el único autorizado para señalar el referido domicilio procesal. Por tanto, toda vez que a la fecha feneció el término otorgado al promovente ***, para que proporcionara domicilio para tales efectos, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, de la revisión de las constancias que integran este juicio y las diversas remitidas al oficio de cuenta, se desprende que en aludido proveído de dos de agosto del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, aclarará su demanda en los términos precisados en el citado acuerdo, sin que a la fecha lo haya acatado, a pesar de estar debidamente notificado para ello desde el diecinueve de agosto de referido año. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mencionado auto y, por tanto, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ***. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Cuencamé, con sede en la ciudad de Cuencamé, Durango, y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ***. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Manifieste el lugar en que tendrán ejecución los actos reclamados consistentes en la orden de detención y/o comparecencia y/o presentación y/o arresto y/o aprehensión giradas en su contra. Lo anterior, toda vez que la competencia es un presupuesto procesal que debe analizarse primordialmente y de la lectura integral de la demanda de garantías, no se advierte en qué lugar tendrán ejecución dichos acto impugnados. Cuestión que es necesaria se aclare, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho requerimiento encuentra sustento en las tesis siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables" "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley" "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado" 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo al punto relativo, lo siguiente: Punto a: se tendrá por no presentada la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ***. a. Domicilio El domicilio señalado para recibir notificaciones se encuentra fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, al ubicarse en "Gómez Palacio, Durango"; por ello, líbrese atento exhorto con los insertos y anexos necesarios al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirvan comisionar personal de su adscripción, a fin de que notifique el presente auto a la parte quejosa ***, en el siguiente domicilio: ***. Además, deberá requerirle para que al momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Durango, Durango, apercibiéndole que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista conforme a los artículos 26, fracción III, y 29, ambos de la invocada norma. b. Autorizados. Se tiene como sus autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a ***, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese.
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