Arturo Calleros Morales

Expediente 914/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 63 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
914/2022
Año
2022
Actuaciones
63
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Arturo Calleros Morales
  • Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
  • Licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución para el Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 63.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el dieciocho y veinticinco del mes y año en curso, los Coordinadores de Magistradas y Magistrados así como de Juezas y Jueces del Decimoséptimo Circuito con residencia en Ciudad Juárez, en uso de la facultad conferida en los artículos 9, fracciones XIII y XIV y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, según Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco de los actuales, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de las que se informó la determinación de declarar inhábiles para todos los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, adscritas al Consejo de la Judicatura Federal; hicieron del conocimiento la suspensión de labores de todos los Juzgados de Distrito, del Centro de Justicia Penal Federal del Decimoséptimo Circuito así como del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, por causa de fuerza mayor, ante el paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales; y, por ende, declararon inhábiles los días diecinueve al veinticuatro del mes de octubre del año en curso, así como su extensión del veinticinco, veintiséis y veintisiete de los mismos; dentro del cual no transcurrieron los plazos procesales; período en el que se dejó de actuar en este asunto. Por tanto, a fin de dar continuidad con el trámite del presente juicio de amparo, de autos se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Arturo Calleros Morales y los terceros interesados Mariana Pulido Márquez, Alberto Wdave Sánchez y Carlos Humberto Moreno Torres, manifestaran si existía alguna inconformidad contra la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.); por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente así como el cuaderno original del incidente de suspensión, son susceptibles de íntegra conservación, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 17, fracción III, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y capítulo 7, numeral 7.1.1.,subnumeral 1 y 2, 7.3, 7.5 y 7.6, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, en tanto que en el incidente de suspensión respectivo, se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados; y al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental. Sin dejar de mencionar que el Manual vigente referido en el párrafo anterior, resulta aplicable en lo conducente, tal como lo dispone el artículo noveno transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II inciso a), del artículo 19 del Acuerdo General referido, y capítulo ocho, apartado 8.1.1, número 2, inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este proveído.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido mediante correo electrónico por el Director de Análisis Jurídicos de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad registral vinculada al cumplimiento de la sentencia dictada en autos, con el que informa que giró instrucciones al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, a fin de que dé cumplimiento al fallo protector; sin que resulte necesario dictar mayor acuerdo, toda vez que el diecinueve de los actuales, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA MARIANA PULIDO POR ESTAR ORDENADO EN AUTOS Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por las autoridades responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, quien no hizo manifestaciones al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, agréguese el escrito signado por el licenciado Juan Carlos Medina Galván, autorizado del tercero interesado Carlos Humberto Moreno Torres, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del que atiende el requerimiento de siete de los actuales, y al efecto precisa que la pretensión de su autorizado es que sea analizado el exceso o defecto en que, a su parecer, ha incurrido la autoridad responsable Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así las cosas, en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso Arturo Calleros Morales acudiendo a solicitar la protección constitucional, una vez satisfecha la prevención de veintiuno de ese mismo mes y año; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia solicitada. Resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, data en la que se requirió al Juez Octavo Civil por Audiencias, Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora, licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución, así como a la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos para el Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, para que dentro del plazo legal dieran cumplimiento al fallo protector en los términos precisados. Es importante establecer que en la sentencia dictada en autos, se precisaron los actos reclamados en el presente juicio de amparo, a saber: "1. Del Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, reclama: La falta de emplazamiento al juicio oral ordinario 521/2022, de su índice, promovido por Mariana Pulido Márquez en contra de Alberto Wdave Sánchez; y, Todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo el convenio celebrado y elevado a la categoría de cosa juzgada, así como el procedimiento de ejecución respectivo, virtud del cual se le desposeyó del inmueble cuya propiedad defiende, ubicado en calle Piracantos, número 9603, colonia Panamericano Jardín, en esta localidad fronteriza, acto que también reclama. A los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, y licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, les atribuye: La falta de emplazamiento al juicio de origen; y, La desposesión y/o desocupación del inmueble cuya propiedad defiende y detentaba hasta el veintiséis de agosto del año próximo pasado. De la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, como autoridad ejecutora, reclama: La cancelación de la inscripción número 20, folio 20, libro 3426, sección primera, de esa oficina registral, relativa al bien inmueble cuya propiedad reclama y, en su lugar, la inscripción 118, libro 7148, de la citada sección registral." Asimismo, en la ejecutoria de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[.] a) No prive al quejoso de la posesión del inmueble materia de la controversia, ubicado en calle Piracantos, número 9603, de la colonia Panamericano Jardín, en esta localidad fronteriza, sin que previamente haya sido oído y vencido en un juicio, respecto del derecho de propiedad alegado sobre el inmueble litigioso. b) Se restituya al quejoso en la posesión del inmueble acreditada en este juicio constitucional, llevada a cabo con motivo de la ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada en el juicio oral ordinario 521/2022, del índice administrativo del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, emitida contra el demandado Alberto Wdave Sánchez. Lo anterior, a fin de restituir al promotor del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclamaron de la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución, licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, así como de la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambas del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza, ya que no se combaten por vicios propios, tal como se expresa en la jurisprudencia 88, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: [.]" En ese tenor, el tres de agosto de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios 1744/2023 y 599/2023, de uno y dos de los mismos, que enviaron el Juez Octavo Civil por Audiencias y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, todos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, a través de los cuales informaron las gestiones realizadas en cumplimiento al fallo protector. Para tal fin, el aludido juzgador civil remitió copia certificada del acuerdo de uno de agosto del año en curso, dictado en el juicio oral ordinario 521/2022, de su índice, del que derivan los actos reclamados en esta contienda, en el que ordenó restituir al quejoso Arturo Calleros Morales la posesión del inmueble ubicado en calle Piracantos, número 9603, colonia Panamericano Jardín, en esta ciudad, para lo cual ordenó turnar los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos a fin de que uno de los ministros ejecutores, diera cumplimiento a dicho mandato, autorizando el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Con las constancias relacionadas se dio vista a la parte quejosa a fin de que, de estimarlo conveniente, expusiera lo que a sus intereses conviniera, para lo cual, el diez de agosto del año que transcurre, se recibió un escrito signado por Arturo Calleros Morales, con el que informó que el siete del mismo mes y año, se le restituyó la posesión del inmueble afecto al presente asunto. Información que se corroboró con el contenido del comunicado 1766/2023, de nueve de agosto del presente año, recibido en la data mencionada en el párrafo que precede, signado por el juzgado civil por medio del cual remitió copia certificada de la constancia actuarial de siete de agosto último, llevada a cabo por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, relativa a la diligencia en la que se puso al promotor del amparo en posesión legal y material del bien raíz antes mencionado. Posteriormente, el treinta de agosto del año que transcurre, se tuvo por recibido el oficio DRPPN-RPPB/4879/2023, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, por medio de cual informó que dejó insubsistente la inscripción 118, libro 7148, de la sección primera de dicha oficina registral y en su lugar, estableció como vigente el registro primigenio número 20, folio 20, libro 3426, de la citada sección registral, lo que acreditó con las documentales que al efecto acompañó al comunicado de mérito. Ahora bien, con las gestiones llevadas a cabo por las autoridades responsables se dio vista a la parte quejosa, a fin de que, de estimarlo conveniente, expusiera lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho manifestación al respecto, como se adelantó al inicio del presente acuerdo. En ese sentido, de la información reseñada llevada a cabo por las autoridades responsables en torno al cumplimiento al fallo protector y constancias anexas, específicamente con los oficios 1744/2023 y 1766/2023, de uno y nueve de agosto del año en curso, signados por el Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, recibidos en este juzgado el dos y diez del mismo mes y año, respectivamente, pone de manifiesto que puntualmente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se advierte que dicho resolutor por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral ordinario 521/2022, de su índice, ordenó restituir al quejoso Arturo Calleros Morales la posesión del inmueble ubicado en calle Piracantos, número 9603, colonia Panamericano Jardín, en esta localidad fronteriza, lo que aconteció el siete de los mencionados, según diligencia llevada a cabo por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. En tanto que, con el diverso comunicado DRPPN-RPPB/4879/2023, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, recibido en este juzgado el veintinueve de los mismos, se evidencia que, adverso a lo que pretende el tercero interesado Carlos Humberto Moreno Torres en el ocurso de cuenta, la autoridad registral acató en sus términos el fallo protector, ya que acreditó haber dejado insubsistente la inscripción 118, libro 7148, de la sección primera de dicha oficina registral y en su lugar, estableció como vigente el registro primigenio número 20, folio 20, libro 3426, de la citada sección, al tenor de lo señalado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por las autoridades responsables, se declara cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Número de expediente: 914/2022 Acuerdo: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA MARIANA PULIDO POR ESTAR ORDENADO EN AUTOS Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por las autoridades responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, quien no hizo manifestaciones al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, agréguese el escrito signado por el licenciado Juan Carlos Medina Galván, autorizado del tercero interesado Carlos Humberto Moreno Torres, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del que atiende el requerimiento de siete de los actuales, y al efecto precisa que la pretensión de su autorizado es que sea analizado el exceso o defecto en que, a su parecer, ha incurrido la autoridad responsable Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así las cosas, en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso Arturo Calleros Morales acudiendo a solicitar la protección constitucional, una vez satisfecha la prevención de veintiuno de ese mismo mes y año; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia solicitada. Resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, data en la que se requirió al Juez Octavo Civil por Audiencias, Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora, licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución, así como a la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos para el Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, para que dentro del plazo legal dieran cumplimiento al fallo protector en los términos precisados. Es importante establecer que en la sentencia dictada en autos, se precisaron los actos reclamados en el presente juicio de amparo, a saber: "1. Del Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, reclama: La falta de emplazamiento al juicio oral ordinario 521/2022, de su índice, promovido por Mariana Pulido Márquez en contra de Alberto Wdave Sánchez; y, Todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo el convenio celebrado y elevado a la categoría de cosa juzgada, así como el procedimiento de ejecución respectivo, virtud del cual se le desposeyó del inmueble cuya propiedad defiende, ubicado en calle Piracantos, número 9603, colonia Panamericano Jardín, en esta localidad fronteriza, acto que también reclama. A los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, y licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, Oficial Notificadora y Ministra Ejecutora adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, les atribuye: La falta de emplazamiento al juicio de origen; y, La desposesión y/o desocupación del inmueble cuya propiedad defiende y detentaba hasta el veintiséis de agosto del año próximo pasado. De la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, como autoridad ejecutora, reclama: La cancelación de la inscripción número 20, folio 20, libro 3426, sección primera, de esa oficina registral, relativa al bien inmueble cuya propiedad reclama y, en su lugar, la inscripción 118, libro 7148, de la citada sección registral." Asimismo, en la ejecutoria de amparo, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[.] a) No prive al quejoso de la posesión del inmueble materia de la controversia, ubicado en calle Piracantos, número 9603, de la colonia Panamericano Jardín, en esta localidad fronteriza, sin que previamente haya sido oído y vencido en un juicio, respecto del derecho de propiedad alegado sobre el inmueble litigioso. b) Se restituya al quejoso en la posesión del inmueble acreditada en este juicio constitucional, llevada a cabo con motivo de la ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada en el juicio oral ordinario 521/2022, del índice administrativo del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, emitida contra el demandado Alberto Wdave Sánchez. Lo anterior, a fin de restituir al promotor del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclamaron de la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución, licenciada Irma Elia Hernández Pichardo, así como de la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambas del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad fronteriza, ya que no se combaten por vicios propios, tal como se expresa en la jurisprudencia 88, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: [.]" En ese tenor, el tres de agosto de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios 1744/2023 y 599/2023, de uno y dos de los mismos, que enviaron el Juez Octavo Civil por Audiencias y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, todos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, a través de los cuales informaron las gestiones realizadas en cumplimiento al fallo protector. Para tal fin, el aludido juzgador civil remitió copia certificada del acuerdo de uno de agosto del año en curso, dictado en el juicio oral ordinario 521/2022, de su índice, del que derivan los actos reclamados en esta contienda, en el que ordenó restituir al quejoso Arturo Calleros Morales la posesión del inmueble ubicado en calle Piracantos, número 9603, colonia Panamericano Jardín, en esta ciudad, para lo cual ordenó turnar los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos a fin de que uno de los ministros ejecutores, diera cumplimiento a dicho mandato, autorizando el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Con las constancias relacionadas se dio vista a la parte quejosa a fin de que, de estimarlo conveniente, expusiera lo que a sus intereses conviniera, para lo cual, el diez de agosto del año que transcurre, se recibió un escrito signado por Arturo Calleros Morales, con el que informó que el siete del mismo mes y año, se le restituyó la posesión del inmueble afecto al presente asunto. Información que se corroboró con el contenido del comunicado 1766/2023, de nueve de agosto del presente año, recibido en la data mencionada en el párrafo que precede, signado por el juzgado civil por medio del cual remitió copia certificada de la constancia actuarial de siete de agosto último, llevada a cabo por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, relativa a la diligencia en la que se puso al promotor del amparo en posesión legal y material del bien raíz antes mencionado. Posteriormente, el treinta de agosto del año que transcurre, se tuvo por recibido el oficio DRPPN-RPPB/4879/2023, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, por medio de cual informó que dejó insubsistente la inscripción 118, libro 7148, de la sección primera de dicha oficina registral y en su lugar, estableció como vigente el registro primigenio número 20, folio 20, libro 3426, de la citada sección registral, lo que acreditó con las documentales que al efecto acompañó al comunicado de mérito. Ahora bien, con las gestiones llevadas a cabo por las autoridades responsables se dio vista a la parte quejosa, a fin de que, de estimarlo conveniente, expusiera lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho manifestación al respecto, como se adelantó al inicio del presente acuerdo. En ese sentido, de la información reseñada llevada a cabo por las autoridades responsables en torno al cumplimiento al fallo protector y constancias anexas, específicamente con los oficios 1744/2023 y 1766/2023, de uno y nueve de agosto del año en curso, signados por el Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, recibidos en este juzgado el dos y diez del mismo mes y año, respectivamente, pone de manifiesto que puntualmente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se advierte que dicho resolutor por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral ordinario 521/2022, de su índice, ordenó restituir al quejoso Arturo Calleros Morales la posesión del inmueble ubicado en calle Piracantos, número 9603, colonia Panamericano Jardín, en esta localidad fronteriza, lo que aconteció el siete de los mencionados, según diligencia llevada a cabo por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. En tanto que, con el diverso comunicado DRPPN-RPPB/4879/2023, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad fronteriza, recibido en este juzgado el veintinueve de los mismos, se evidencia que, adverso a lo que pretende el tercero interesado Carlos Humberto Moreno Torres en el ocurso de cuenta, la autoridad registral acató en sus términos el fallo protector, ya que acreditó haber dejado insubsistente la inscripción 118, libro 7148, de la sección primera de dicha oficina registral y en su lugar, estableció como vigente el registro primigenio número 20, folio 20, libro 3426, de la citada sección, al tenor de lo señalado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por las autoridades responsables, se declara cumplida la ejecutoria de amparo.

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