Arturo Calleros Bayron
Expediente 618/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2022
Partes del expediente
- Arturo Calleros Bayron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria en funciones de Jueza, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia para resolver la petición de remisión parcial de la pena. Al respecto, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, de la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para efecto de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la ?????????? cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintitrés de agosto de dos mil veintidós-, el acto reclamado subsistía, también lo es que con posterioridad, es decir, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el Juez responsable emitió pronunciamiento dentro del cuaderno de ejecución 255/2020, de su índice, en el que se señalaron las doce horas del veintiuno de octubre del año en curso, para resolver sobre lo peticionado por la parte quejosa, en los términos precisados en el párrafo que antecede. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubrediciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Finalmente, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARSCoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, pues de la certificación que antecede se advierte que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a dicha autoridad rindiendo el mismo, y proveyó lo conducente. Ahora, en alcance al informe justificado de cuenta, se tiene a la citada autoridad anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En ese sentido, toda vez que las referidas constancias se consideran complementarias al informe justificado rendido por la citada responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: Finalmente, ya de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a sus asesores jurídicos.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por duplicado por la autoridad responsable; en 25/06/24 19:09:22 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.33.30.35.38.33.34 GERARDO CASTILLO RIEDEL consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, estese a la espera de las constancias a las que hace mención la autoridad responsable en su informe justificado, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda. Finalmente, ya de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARSCoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá de realizar la lectura íntegra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso interno y a sus asesores jurídicos.
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