Arturo Borja Saavedra
Expediente 984/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arturo Borja Saavedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que por auto de cuatro de enero del año en curso, se desechó la demanda de amparo, el cual no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de 5 años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DICTADO EL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Téngase por recibido el escrito remitido vía electrónica por el quejoso mediante el cual, cumple con lo solicitado en auto de diecinueve de diciembre del año próximo pasado y precisa la fecha en que gestionó los trámites que impugna. ... respecto de los actos consistentes en la negativa de autorizar y rechazar los trámites 1) de cambio de número de serie del motor del vehículo respecto del que el quejoso aduce tener la cesión de una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas denominado "Taxi"; y, 2) la prórroga para renovar la unidad en la que presta dicho servicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo En el caso, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, impresa en la foja primera del escrito de demanda, se advierte que la fecha de su presentación aconteció el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho; data en la cual, aun subsistía la negativa de autorizar y rechazar los trámites en comento. Ahora, en el escrito de aclaración registrado con el folio 15148/2018 (fojas 24 y 25), el quejoso manifestó: [...] Sobre esa base, a las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en el citado ocurso, se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." De lo anterior, deviene inconcuso que con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto, cesaron los efectos de los actos en cuestión, puesto que al quejoso le fue concedida la autorización para el cambio de número de motor en su unidad vehicular y se otorgó la prórroga de su renovación, con lo que se destruyeron en forma total los agravios que el gobernado resentía con tales actos y, aun cuando hubiesen afectado su esfera jurídica, se le restableció en el pleno goce de su garantía violada, tal como si le hubiere sido concedida la protección constitucional solicitada, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo. Así, lo expuesto actualiza el supuesto de improcedencia contenido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo respecto de los actos en estudio. Por otra parte, en relación con los actos que hace consistir en la negativa de autorizar y rechazar los trámites para 3) el otorgamiento del título de la concesión, en que se le requirió la entrega de diversa documentación relacionada con la propia concesión; y, 4) la designación de beneficiario de la concesión, se considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Del criterio invocado se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Ahora, en el escrito de cuenta, el quejoso manifestó [...] Así, a las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de cuenta, se le otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 citada en párrafos que anteceden. Ahora bien, los actos en estudio se hacen consistir en la negativa al quejoso de autorizar y rechazar los trámites para el otorgamiento del título de la concesión, en que se le requirió la entrega de diversa documentación relacionada con la propia concesión; y, la designación de beneficiarios, respecto de la unidad vehicular en que presta el servicio público denominado "Taxi". Sin embargo, con la información reseñada en la transcripción que antecede, se tiene que las gestiones de dichos trámites las realizó, al menos, desde el uno de octubre de dos mil dieciocho; data en que fue negada su autorización. Luego entonces, se concluye que el quejoso consintió la negativa desde la citada fecha, puesto que el acto que pretende impugnar en esta vía refiere que aconteció el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, que dice, fue la última ocasión en que efectuó tales trámites; razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Esto, porque desde el momento en que conoció de la negativa para que se le autorizaran los trámites en estudio, esto es, el uno de octubre del año próximo pasado, se encontraba en aptitud de controvertirla a través de la presente instancia constitucional; empero, al no hacerlo, es evidente que los actos en estudio son derivados de otro consentido. Lo anterior es así, también, respecto del acto que hizo consistir en el requerimiento de la entrega de diversa documentación relacionada con la propia concesión, pues de los expuesto por el quejoso en la demanda y los escritos aclaratorios, se advierte que tal orden es consecuencia de la negativa para la autorización de los citados trámites en uno de octubre de dos mil dieciocho. Además, en el caso de que hubiera considerado impugnar la negativa para autorizar los trámites en estudio que se le comunicó el uno de octubre de dos mil dieciocho, se precisa que el término a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo, comenzó a correr el día siguiente al en que aquélla se le comunicó, esto es, el dos siguiente y feneció el veintitrés del propio mes y año, sin incluir por inhábiles el seis, siete, doce a catorce, veinte y veintiuno de los citados, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, en relación con la negativa de autorizar y rechazar los trámites para el otorgamiento del título de la concesión y la designación de beneficiario de la concesión, si la demanda de amparo se presentó el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Irapuato, es evidente que se encuentra fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 en cita, según el cómputo señalado en el párrafo que antecede. En esas condiciones, dado que los actos que el quejoso pretende impugnar derivan de otros respecto de los cuales no se inconformó dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede y eran los que debía impugnar primeramente al ser los que comenzaron a afectar su esfera de derechos, deben considerarse derivado de otros consentidos tácitamente, con lo que el juicio de amparo es improcedente. Por tanto, queda plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos en estudio. En tales condiciones, lo anterior procede hacerlo extensivo a los actos reclamados que se hacen consistir en la eventual retención, desposesión, decomiso, determinación de infracciones, imposición de multas y retiro de la cesión de la concesión que dice tener a su favor para la prestación del servicio público de "Taxi", puesto que no se combaten de manera autónoma sino en vía de consecuencia de la negativa de autorizar y rechazar los trámites para el otorgamiento del título de la concesión y la designación de beneficiario de la concesión. Finalmente, tocante a los actos consistentes en la autorización del cambio del número de motor del vehículo respecto del que aduce tener la cesión de una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas denominado "Taxi"; y, el otorgamiento de prórroga de renovación de dicha unidad vehicular, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario de defensa en sede administrativa para combatir los actos impugnados. Sobre esa base, resulta pertinente destacar que los artículos 249, 251, 255 y 268, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen lo siguiente: [aquí se transcriben los artículos citados] De la interpretación sistemática de las disposiciones referidas se advierte, en lo que interesa, que en los casos en que los actos y resoluciones administrativas emitidas por los presidentes municipales del Estado y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, afecten intereses de particulares, podrá solicitarse su nulidad mediante su impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; asimismo, en la respectiva demanda también puede pedirse las suspensión de sus efectos en tanto se pronuncie sentencia definitiva. Así, se concluye que el juicio correspondiente tiene por objeto anular cualquier clase actos emitidos por los presidentes municipales en el Estado y procede, en el caso concreto, respecto de que aquellos que afecten intereses de particulares. En la especie, la parte quejosa hace consistir como actos reclamados la autorización del cambio del número de motor del vehículo respecto del que aduce tener la cesión de una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas denominado "Taxi"; y, el otorgamiento de prórroga de renovación de dicha unidad vehicular. De lo anterior, es de concluir que contra el acto en estudio procede el juicio contencioso administrativo en términos de lo previsto por los artículos 249, 251, 255 y 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en relación con los diversos ordinales 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por ser la instancia a través de la cual tales determinaciones pueden ser anuladas. Se arriba a tal aserto porque no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1. Del estudio integral de la demanda no se advierte que el quejoso alegue violaciones directas a la constitución. 2. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé la tramitación del juicio contencioso administrativo mediante el cual se puede nulifica el acto impugnado, y no así un reglamento; y, 3. En la substanciación de ese sumario puede solicitarse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que la codificación que lo regula establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y los diversos numerales 268 a 278 del citado código, se obtiene que los requeridos para su procedencia, tanto en el juicio contencioso administrativo como en vía constitucional, resultan ser esencialmente iguales, por lo siguiente: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así como la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -juicio contencioso administrativo- no exigen mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados objeto de análisis. Luego, como los actos en estudio en el presente juicio son susceptibles de ser anulados mediante el referido medio de impugnación, sin que fuera agotado, se considera que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Finalmente, por lo que hace al escrito registrado con el progresivo 96/2019, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, sin que implique realizar mayor pronunciamiento, pues aun cuando resulta ser de idéntico contenido al diverso que se proveyó al comienzo de este acuerdo, se precisa que se presentó de manera extemporánea en relación con el término computado en la certificación que encabeza este acuerdo.
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