Arturo Bonifacio Hipólito

Expediente 1104/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1104/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Arturo Bonifacio Hipólito

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de julio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, y toda vez que el proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, por el que se desechó de plano la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos, se advierte, transcurrió el término otorgado con la vista relacionada al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto; en consecuencia, se procede al estudio del mismo. La concesión del amparo otorgada al quejoso HUMBERTO CORONA GUTIÉRREZ (a) "EL PISTACHO o EL CHOLIN", fue para el efecto de que la responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dejará insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veintiocho de junio de dos mil trece, dictada en la causa penal 126/2012 de su índice, por el delito de trata de personas en agravio de la menor Gisela Peñuela Méndez, únicamente por lo que hace al aquí quejoso, y con plenitud de jurisdicción dictara nueva resolución, pero en la que determinara de manera fundada y motivada qué legislación resultaba aplicable al delito de que se trata, y analizara con base en ella si se encuentran o no acreditados los requisitos que establece el artículo 16 Constitucional para su emisión, esto también de manera fundada y motivada; concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuida al Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, cuya denominación actual es Fiscal General en el Estado de Oaxaca y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca. Por auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. En atención a dicho fallo constitucional, la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, el Director de Asuntos Jurídicos en ausencia del Fiscal General del Estado de Oaxaca y, la Juez Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante oficios de fechas once de febrero y uno de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente, informaron sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, remitiendo la citada Juez responsable, copia certificada de la resolución de fecha veintinueve de febrero del año en curso, de la que se advierte, la autoridad judicial dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en contra del quejoso HUMBERTO CORONA GUTIÉRREZ (a) "EL PISTACHO o EL CHOLIN", con fecha veintiocho de junio de dos mil trece, y toda vez que en su momento, al aceptar la competencia para conocer del asunto declinada por el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en el Estado de Tlaxcala, faltó el requisito consistente en que la Representación Social manifestara que se le tuviera ejercitando acción penal de su competencia en contra de HUMBERTO CORONA GUTIÉRREZ (a) "EL PISTACHO o EL CHOLÍN", entre otros, como probables responsables en la comisión de los delitos de lenocinio y trata de personas, que se dice cometido en agravio de la menor Gisela Peñuela Méndez, precisando los preceptos que fundaran la comprobación del cuerpo de los citados delitos y la probable responsabilidad penal de acuerdo al ámbito de aplicación de su competencia, conforme al numeral 91 del Código de Procedimientos Penales vigente en esta Entidad Federativa, señaló que sin el cumplimiento de tal requisito, le era imposible sustituir lo no manifestado por la Representación Social y pronunciarse o no sobre la procedencia de la orden de captura; y por ello ordenó requerir al Ministerio Público para que manifestara lo que a su representación social conviniera, quien por oficio 137 de dos de marzo último, solicito al juez natural que una vez que este Juzgado de Distrito tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo, se diera nuevamente vista al Ministerio Público para cumplir la vista ordenada y poder ejercitar la acción penal correspondiente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de referencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en tanto la autoridad judicial dejó insubsistente la orden de captura reclamada, sin que por el momento pueda analizar lo relativo a la emisión o no de una nueva orden de aprehensión contra el peticionario de garantías, dentro del proceso penal 126/2012, dada la falta de un requisito de procedibilidad al ejercerse la acción penal, por lo que será en su momento y cuando así lo solicite el Representante Social cumpliendo con los requisitos legales, que pueda pronunciarse al respecto; y por su parte, las autoridades ejecutoras, dejaron insubsistente el mandamiento de captura; con lo que se restituyó al quejoso en el pleno goce de sus derechos vulnerados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, devuélvase al juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en esta ciudad (quien actualmente conoce de la causa penal 58/2013, del extinto Juzgado Sexto Penal de este Distrito Judicial), las copias certificadas deducidas de la referida causa penal, que remitió la autoridad responsable, en apoyo al informe justificado rendido en autos, con las que se ordenó formar un tomo como cuaderno de prueba anexo al presente juicio de amparo. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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