Arturo Bermúdez Zurita
Expediente 1237/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arturo Bermúdez Zurita
Actuaciones
- Principal
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, devuelve el juicio de amparo... adjunta copia certificada de la resolución dictada en la queja penal... de la que se advierte que... declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído que desechó su demanda de amparo... archívese este expediente como concluido...
- Principal
La parte quejosa interpone recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo (fojas 18 a 21); al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: TRÁMITE DEL RECURSO DE QUEJA Con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 párrafo primero, y 101 de la Ley de Amparo, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de desechamiento dictado en el presente asunto. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente, debido a que atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria, máxime que se remitirá el expediente original en que se actúa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Arturo Bermúdez Zurita promueve juicio de amparo contra actos del Director de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1237/2017 que le corresponde. Previo a proveer lo relativo a la procedencia de la demanda de amparo resulta necesario señalar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual consiste en: La omisión de las autoridades responsables de citarlo a comparecer en las carpetas de investigación iniciadas en su contra, a fin de realizar su defensa. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5° de la Ley de Amparo, así como la diversa establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en párrafos que anteceden, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley mencionada y con ello se produzca una afectación real, así como actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los artículos mencionados, se deduce que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, constitucional establece que el amparo indirecto procede limitativamente ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que jurisprudencialmente se ha considerado que producen "ejecución irreparable" los actos, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, o bien, cuando se afecta un grado predominante o superior a algún derecho adjetivo, mas no en los casos en que se afecte de forma simple derechos adjetivos o procesales. Por tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales. Por otra parte, existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los actos dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión; por lo que, la omisión del representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 175142 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 154/2005 Página: 49 "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de las autoridades responsables de citarlo a comparecer en las carpetas de investigación iniciadas en su contra, a fin de realizar su defensa. Por otro lado, del análisis integral del escrito de demanda y de los documentos anexos, no se advierte que la parte quejosa haya solicitado directamente a las autoridades responsables que señaló, el acceso a las carpetas de investigación y que dichas autoridades hubieran sido omisas o se lo hubieran negado. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que el acto aquí reclamado, por su naturaleza y característica procesal, no le causa perjuicio al quejoso hasta este momento, además de que ese acto no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, se determine el no ejercicio de la acción penal, o en su caso, si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión, por lo que el quejoso tendrá expedito su derecho para hacerlo valer en la manera que considere pertinente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Similar criterio fue sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver la queja de penal 40/2017 de su índice. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Agustín Sergio Castañón Delgadillo, Norberto Antonio Romero Vázquez y Rodolfo De la Guardia García debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo en cita, a Ana Beatriz Ruíz Rodríguez y Rafael Sánchez Cano, esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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