Arturo Becerra Rosas
Expediente 1778/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1778/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/02/2022
Partes del expediente
- Rosa Becerra Rosas
- Arturo Becerra Rosas y Otros.
- Arturo Becerra Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. En atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, en diez de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. Determinación que fue notificada el veintinueve de diciembre del referido año, como se advierte de la constancia de notificación realizada por el actuario judicial de la adscripción. Causa estado. En ese sentido, atendiendo a lo asentado en párrafos presentes y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que del treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno al seis de enero de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de diciembre de dos mil veintiuno. I. Pretende cumplir prevención. Téngase por recibido el escrito de las partes quejosas Oscar Ricardo, Arturo, Rosa Alicia, Jaime e Irma Yolanda, todos de apellidos Becerra Rosas mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de seis de octubre del año en curso, exhiben nueve copias del escrito aclaratorio. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Cabe precisar que en proveído de referencia, se les requirió para que aclararan la demanda en los siguientes términos: ".a. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las actuaciones en el procedimiento de origen. En razón de que únicamente expone como antecedente la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados. ii. Señale qué carácter tienen en el juicio de origen a quienes nombra como terceros interesados, en virtud de que es omiso en manifestarlo. iii. Manifieste si compareció al juicio a interponer medio ordinario o extraordinario de defensa, por sí o por conducto de apoderado, inclusive diverso juicio de amparo. iv. De ser posible, transcriba o exhiba copia de la determinación materia de análisis en el presente sumario. Cuestiones que son necesarias se aclaren, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar" b. Acto impreciso. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala como tales: De lo que se advierte que podría reclamar la autorización de venta de parte de los bienes que conforman la masa hereditaria en un juicio sucesorio; sin embargo, del relativo a los antecedentes del acto reclamado, afirma que en el juicio natural se pretende realizar un cambio de albacea, lo que genera que el acto reclamado se obscuro e irregular. Aunado al hecho de que, en el señalamiento del acto reclamad, se encuentran mezclados pretensiones, conceptos de violación, adjetivos, etcétera. Para mayor claridad, es importante precisar que la pretensión, es la exigencia a la autoridad responsable, la aspiración concreta para que dicha responsable realice una conducta determinada y el concepto de violación, es el argumento tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad. Mientras que el acto reclamado en el amparo se refiere a una conducta (activa o pasiva), unilateral, a través de la cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, que se atribuye a una autoridad; por lo que el correcto señalamiento de él, para los efectos del amparo, consistirá en describirla. Así, el acto reclamado será la conducta de las autoridades responsables descrita por el quejoso que violenta sus derechos constitucionales, por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo 2 , a fin de precisar los actos que se reclaman, es necesario prescindir de todos los elementos ajenos a él, esto es, los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Ilustra lo anterior la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". A guisa de ejemplo: el acto reclamado podría ser la emisión del proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 1109/2013, del índice del Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, como concepto de violación podría ser la falta de fundamentación y motivación que aduce operó en dicho procedimiento y como pretensión que se conceda el amparo para que se deje insubsistente dicha determinación y se dicte una nueva conforme derecho corresponda. c. Domicilio de terceros. Indique el domicilio correcto y actual de los terceros interesados Bertha Alicia, Socorro, de apellidos Becerra Rosas, así como Cecilia Rosas, terceros interesados, ya que omitió señalarlo y el artículo 108 fracción II, de la ley en cita, dispone la carga procesal del quejoso de indicar los nombres y domicilios de los terceros interesados o, si los desconoce, hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad. Lo anterior sin perjuicio de la manifestación que formula en el sentido de que únicamente conoce el domicilio de la diversa tercera interesada Sara Becerra Rosas y, que el resto de terceros interesados están en comunicación con ella. Puesto que, se itera, incumple con el requisito de manifestar bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio de dichos terceros interesados. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados" d. Copias insuficientes. La parte promovente omitió exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a las partes en el presente asunto, ya que sólo acompañó cinco y son necesarias ocho para distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable señalada hasta el momento, cuatro para los terceros interesados, dos para el incidente de suspensión y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Consecuentemente, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del arábigo 114 de la ley de la materia, requiérasele para que exhiba tres copias más de la demanda de garantías. Este requerimiento se sustenta en la siguiente jurisprudencia: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional"." Al respecto, se les tiene cumpliendo con los puntos "a" al pronunciarse respecto de los antecedentes de los actos reclamados. Sin embargo, son omisos al hecho de aclarar el acto reclamado, pues continúan siendo imprecisos al señalar los actos reclamados, en razón de que continúan mezclando pretensiones y conceptos de violación. II. No presentada. Así pues, se tiene que las partes quejosas no cumplen a cabalidad la prevención realizada en auto de seis de octubre del año en curso; así mismo, se advierte que el escrito aclaratorio con registro 24247 con el que pretenden cumplir la prevención del precitado auto, fue presentada en ocho de diciembre del año en curso, esto es, en el ultimo día que tenía para que dieran cumplimiento a la prevención contenida en el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Erika María Sánchez Pérez, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice:" Zapopan, Jalisco, diez de diciembre de dos mil veintiuno. I. Pretende cumplir prevención. Téngase por recibido el escrito de las partes quejosas Oscar Ricardo, Arturo, Rosa Alicia, Jaime e Irma Yolanda, todos de apellidos Becerra Rosas mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de seis de octubre del año en curso, exhiben nueve copias del escrito aclaratorio. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Cabe precisar que en proveído de referencia, se les requirió para que aclararan la demanda en los siguientes términos: ".a. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las actuaciones en el procedimiento de origen. En razón de que únicamente expone como antecedente la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados. ii. Señale qué carácter tienen en el juicio de origen a quienes nombra como terceros interesados, en virtud de que es omiso en manifestarlo. iii. Manifieste si compareció al juicio a interponer medio ordinario o extraordinario de defensa, por sí o por conducto de apoderado, inclusive diverso juicio de amparo. iv. De ser posible, transcriba o exhiba copia de la determinación materia de análisis en el presente sumario. Cuestiones que son necesarias se aclaren, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar" b. Acto impreciso. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala como tales: De lo que se advierte que podría reclamar la autorización de venta de parte de los bienes que conforman la masa hereditaria en un juicio sucesorio; sin embargo, del relativo a los antecedentes del acto reclamado, afirma que en el juicio natural se pretende realizar un cambio de albacea, lo que genera que el acto reclamado se obscuro e irregular. Aunado al hecho de que, en el señalamiento del acto reclamad, se encuentran mezclados pretensiones, conceptos de violación, adjetivos, etcétera. Para mayor claridad, es importante precisar que la pretensión, es la exigencia a la autoridad responsable, la aspiración concreta para que dicha responsable realice una conducta determinada y el concepto de violación, es el argumento tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad. Mientras que el acto reclamado en el amparo se refiere a una conducta (activa o pasiva), unilateral, a través de la cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, que se atribuye a una autoridad; por lo que el correcto señalamiento de él, para los efectos del amparo, consistirá en describirla. Así, el acto reclamado será la conducta de las autoridades responsables descrita por el quejoso que violenta sus derechos constitucionales, por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo 2 , a fin de precisar los actos que se reclaman, es necesario prescindir de todos los elementos ajenos a él, esto es, los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Ilustra lo anterior la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". A guisa de ejemplo: el acto reclamado podría ser la emisión del proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 1109/2013, del índice del Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, como concepto de violación podría ser la falta de fundamentación y motivación que aduce operó en dicho procedimiento y como pretensión que se conceda el amparo para que se deje insubsistente dicha determinación y se dicte una nueva conforme derecho corresponda. c. Domicilio de terceros. Indique el domicilio correcto y actual de los terceros interesados Bertha Alicia, Socorro, de apellidos Becerra Rosas, así como Cecilia Rosas, terceros interesados, ya que omitió señalarlo y el artículo 108 fracción II, de la ley en cita, dispone la carga procesal del quejoso de indicar los nombres y domicilios de los terceros interesados o, si los desconoce, hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad. Lo anterior sin perjuicio de la manifestación que formula en el sentido de que únicamente conoce el domicilio de la diversa tercera interesada Sara Becerra Rosas y, que el resto de terceros interesados están en comunicación con ella. Puesto que, se itera, incumple con el requisito de manifestar bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio de dichos terceros interesados. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados" d. Copias insuficientes. La parte promovente omitió exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a las partes en el presente asunto, ya que sólo acompañó cinco y son necesarias ocho para distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable señalada hasta el momento, cuatro para los terceros interesados, dos para el incidente de suspensión y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Consecuentemente, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del arábigo 114 de la ley de la materia, requiérasele para que exhiba tres copias más de la demanda de garantías. Este requerimiento se sustenta en la siguiente jurisprudencia: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional"." Al respecto, se les tiene cumpliendo con los puntos "a" al pronunciarse respecto de los antecedentes de los actos reclamados. Sin embargo, son omisos al hecho de aclarar el acto reclamado, pues continúan siendo imprecisos al señalar los actos reclamados, en razón de que continúan mezclando pretensiones y conceptos de violación. II. No presentada. Así pues, se tiene que las partes quejosas no cumplen a cabalidad la prevención realizada en auto de seis de octubre del año en curso; así mismo, se advierte que el escrito aclaratorio con registro 24247 con el que pretenden cumplir la prevención del precitado auto, fue presentada en ocho de diciembre del año en curso, esto es, en el ultimo día que tenía para que dieran cumplimiento a la prevención contenida en el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Erika María Sánchez Pérez, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice:" Zapopan, Jalisco, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Pretende cumplir prevención. Téngase por recibido el escrito de los quejosos Oscar Ricardo, Arturo, Rosa Alicia, Jaime e Irma Yolanda, todos de apellidos Becerra Rosas mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de seis de octubre de del año en curso, exhiben tres copias del escrito inicial de demanda, manifiestan bajo protesta de decir verdad que el único domicilio de los tercero interesados el proporcionado en el escrito inicial de demanda y pretende formular aclaración de los actos reclamados. Decisión sobre la instancia constitucional. Cabe precisar que en proveído de referencia, se les requirió para que aclararan la demanda en los siguientes términos: ".a. Bajo protesta de decir verdad, complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron las actuaciones en el procedimiento de origen. En razón de que únicamente expone como antecedente la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados. ii. Señale qué carácter tienen en el juicio de origen a quienes nombra como terceros interesados, en virtud de que es omiso en manifestarlo. iii. Manifieste si compareció al juicio a interponer medio ordinario o extraordinario de defensa, por sí o por conducto de apoderado, inclusive diverso juicio de amparo. iv. De ser posible, transcriba o exhiba copia de la determinación materia de análisis en el presente sumario. Cuestiones que son necesarias se aclaren, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar" b. Acto impreciso. De la lectura integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados no se encuentran precisados con claridad; ello es así en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala como tales: De lo que se advierte que podría reclamar la autorización de venta de parte de los bienes que conforman la masa hereditaria en un juicio sucesorio; sin embargo, del relativo a los antecedentes del acto reclamado, afirma que en el juicio natural se pretende realizar un cambio de albacea, lo que genera que el acto reclamado se obscuro e irregular. Aunado al hecho de que, en el señalamiento del acto reclamad, se encuentran mezclados pretensiones, conceptos de violación, adjetivos, etcétera. Para mayor claridad, es importante precisar que la pretensión, es la exigencia a la autoridad responsable, la aspiración concreta para que dicha responsable realice una conducta determinada y el concepto de violación, es el argumento tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad. Mientras que el acto reclamado en el amparo se refiere a una conducta (activa o pasiva), unilateral, a través de la cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin que requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado, que se atribuye a una autoridad; por lo que el correcto señalamiento de él, para los efectos del amparo, consistirá en describirla. Así, el acto reclamado será la conducta de las autoridades responsables descrita por el quejoso que violenta sus derechos constitucionales, por lo que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, a fin de precisar los actos que se reclaman, es necesario prescindir de todos los elementos ajenos a él, esto es, los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Ilustra lo anterior la tesis de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia". A guisa de ejemplo: el acto reclamado podría ser la emisión del proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente 1109/2013, del índice del Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, como concepto de violación podría ser la falta de fundamentación y motivación que aduce operó en dicho procedimiento y como pretensión que se conceda el amparo para que se deje insubsistente dicha determinación y se dicte una nueva conforme derecho corresponda. c. Domicilio de terceros. Indique el domicilio correcto y actual de los terceros interesados Bertha Alicia, Socorro, de apellidos Becerra Rosas, así como Cecilia Rosas, terceros interesados, ya que omitió señalarlo y el artículo 108 fracción II, de la ley en cita, dispone la carga procesal del quejoso de indicar los nombres y domicilios de los terceros interesados o, si los desconoce, hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad. Lo anterior sin perjuicio de la manifestación que formula en el sentido de que únicamente conoce el domicilio de la diversa tercera interesada Sara Becerra Rosas y, que el resto de terceros interesados están en comunicación con ella. Puesto que, se itera, incumple con el requisito de manifestar bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio de dichos terceros interesados. Sirve para justificar lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados" d. Copias insuficientes. La parte promovente omitió exhibir copias suficientes de la demanda para correr traslado a las partes en el presente asunto, ya que sólo acompañó cinco y son necesarias ocho para distribuirlas de la siguiente manera: una para la autoridad responsable señalada hasta el momento, cuatro para los terceros interesados, dos para el incidente de suspensión y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Consecuentemente, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del arábigo 114 de la ley de la materia, requiérasele para que exhiba tres copias más de la demanda de garantías. Este requerimiento se sustenta en la siguiente jurisprudencia: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional"." Al respecto, se les tiene cumpliendo con los puntos "c" y "d" al exhibir las copias que le fueron solicitadas y manifestar bajo protesta de decir verdad que desconocen del domicilio de la totalidad de los terceros interesados. Sin embargo, son omisos en pronunciarse respecto de los antecedentes de los actos reclamados, aunado al hecho de que continúan siendo imprecisos al señalar los actos reclamados, en razón de que continúan mezclando pretensiones y conceptos de violación. Interrupción de plazo. Consecuentemente, dado que continúa la imprecisión descrita, se interrumpe el plazo de cinco días que inicialmente se concedió en el proveído de seis de octubre del año en curso, en virtud de que la notificación de dicho proveído se le realizó el veintiuno de noviembre del año en curso y el escrito con el que pretende cumplir se presentó el veinticinco del referido mes y año, esto es, el tercer día después de que surtió efectos la notificación del auto de prevención, por lo que aún cuentan con dos días íntegros a fin de que se cumpla debidamente con lo requerido, lapso que se reanudará una vez que se le notifique el presente. Se hace hincapié que de incumplir dentro del término que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el mencionado acuerdo de seis de octubre del año en curso. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMAND. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de catorce días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los catorce días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos catorce días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda" Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Erika María Sánchez Pérez, que autoriza y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Artemio Ramírez Trejo196/2018
- Arturo Alejandro Chávez Hernández1664/2019
- Arturo Alejandro Martínez Ceballos1143/2023
- Arturo Alejandro Vázquez Almanzor1314/2019
- Arturo Alejandro Vázquez Almanzor82/2019
- Arturo Becerra Ávalos701/2019
- Arturo Beltrán Sandoval2490/2023
- Arturo Casillas Duran1892/2019
- Arturo Cuauhtémoc Martínez Mena663/2022
- Arturo de la Torre Frías1294/2022
- Arturo Esparza Reyes1368/2018
- Arturo Esparza Reyes1512/2018