Arturo Balderas Cabral

Expediente 1120/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1120/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
19/02/2018

Partes del expediente

  • Arturo Balderas Cabral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo promovido por *********, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, una vez que trascurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó el amparo en el juicio, y se negaron las medidas cautelares provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. En otro orden de ideas, acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase al quejoso para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser depurado del sumario y destruido en su momento. Finalmente, por resultar innecesaria su retención, devuélvase al Juez Primero Civil de Partido en esta ciudad, los dos tomos de copias certificadas derivadas del expediente ***, que anexó a su informe justificado.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la tercera interesada ******; con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias simples de las constancias a que alude, previa razón de recibo que se deje en autos, autorizando para recibirlas en su nombre a las personas que menciona en el ocurso de cuenta.

  3. Principal

    CERTIFICACIÓN. En Celaya, Guanajuato, treinta de enero de dos mil dieciocho, el licenciado Gualberto Gutiérrez Romero, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, certifica que el presente juicio de amparo consta hasta el momento de seiscientas cuarenta y dos fojas (cincuenta y siete fojas -a la presente audiencia- más quinientas ochenta y cinco de los tomos I y II de pruebas, formados con las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado. El Secretario AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, día y hora señalados en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1120/2017, promovido por Arturo Balderas Cabral, el licenciado CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa con el licenciado Gualberto Gutiérrez Romero, Secretario que autoriza y da fe, la declara abierta de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin comparecencia de las partes, ni persona alguna que las represente legalmente. Acto seguido el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, siendo éstas, escrito inicial de demanda formulada; auto de radicación de uno de diciembre de dos mil diecisiete; informes justificados rendidos por la Juez Primero Civil de Partido y Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambos en Celaya, Guanajuato y con la constancia de emplazamiento de la tercera interesada Zaira Gómez Ruiz; de igual forma, se da cuenta al juez con la razón actuarial que precede. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias; a las autoridades responsables rindiendo sus respectivos informes justificados en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo y por emplazada a la tercera interesada Zaira Gómez Ruíz; finalmente, con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario la razón actuarial que antecede únicamente para que obre como corresponda. Acto seguido, se abre la etapa de pruebas, en la que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la parte quejosa y las remitidas por la juez responsable, como apoyo a su informe con justificación. Con lo anterior se cierra la etapa de pruebas y se abre la de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, en tanto que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no realizó pedimento. El Juez acuerda: Téngase a las partes por omisas en expresar alegatos. Por tanto, se declaran vistos los autos para emitir la resolución que en derecho proceda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1120/2017; y, R E S U L T A N D O I.- Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado de Distrito al siguiente día, Arturo Balderas Cabral demandó por propio derecho el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Primero Civil de Partido y del Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común -denominación correcta de la indicada por el quejoso como actuario designado por dicha central-, ambas autoridades de este Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, al estimarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 3 a 12). II. Trámite de la demanda. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 20 a 21 vuelta), este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; la registró con el número 1120/2017; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Destaca que por auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, fue reconocida como tercera interesada Zaira Gómez Ruiz -y otra-, quien fue emplazada a este sumario el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 28 a vuelta y 31 a vuelta). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al Acuerdo General 3/2013 aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, emitido por el Pleno del Consejo del Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados fueron dictados y ejecutados por autoridades jurisdiccionales residentes dentro del territorio donde este Juzgado Federal tiene competencia legal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda constitucional con anexos, así como de la totalidad de las constancias que conforman el sumario, emerge que la parte quejosa reclama: a).- La afectación al derecho real de propiedad del inmueble ubicado en calle Villa de Guadalupe, número doscientos nueve, Fraccionamiento Villas de la Hacienda en esta ciudad; afectación derivada de lo actuado en el expediente M36/2008 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido en esta localidad; y, b).- Los actos relativos a la desposesión del aludido inmueble, también provenientes del controvertido civil en cita. Sustenta lo anterior la jurisprudencia número 55/98, consultable en la página 227, del Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1998, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero Civil de Partido y al Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambas autoridades de este Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, ya que así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes con justificación (fojas 24 y 27). Lo que se corrobora con la documental exhibida por la propio juez responsable como apoyo de su informe, consistente en copias certificadas de constancias procesales del juicio ordinario mercantil M36/2008 -de su estadística-, con lo que se ordenó formar dos tomos de pruebas (foja 27 a 29). Documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en el artículo 2º, párrafo segundo, del ordenamiento legal invocado en segundo término. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo VI, Jurisprudencia de la SCJN, Materia Común, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del problema jurídico y la solución que ahora se emite, es necesario señalar que del análisis de las constancias que como justificación a su informe remitió el juez responsable, cuyo valor quedó precisado en líneas precedentes, se desprenden los siguientes antecedentes relevantes del caso: i.- Ante el Juzgado Primero Civil de Partido en esta localidad de Celaya, fue sustanciado el juicio ordinario mercantil M-36/2008. Dicho contradictorio, iniciado por GE MONEY CRÉDITO HIPOTECARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO (ANTES GENERAL HIPOTECARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO), contra José Alberto Vallejo Franco, fue resuelto en primera instancia mediante sentencia de once de febrero de dos mil diez, donde resultó condenada la parte reo al pago de pesos y otras prestaciones (fojas 98 a 103 tomo I cuaderno de pruebas). ii.- Por auto de veintinueve de abril de dos mil diez, el juez de origen declaró que causaba firmeza legal la sentencia indicada en el punto que precede; asimismo, tuvo a la parte actora por informando su nueva denominación o razón social (foja 148 tomo I cuaderno de pruebas). iii.- Mediante proveído de cuatro de enero de dos mil doce, el juez de origen tuvo a la parte actora por informando que su nueva denominación lo es SANTANDER HIPOTECARIO, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA (foja 203 y vuelta tomo I cuaderno de pruebas). Actualmente el asunto natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. QUINTO. Causal de improcedencia actualizada. No se analizarán los conceptos de violación, en razón de que en el particular se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a la cual es improcedente el juicio constitucional contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa, lo que debe estudiarse preferentemente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el numeral 62 de la ley reglamentaria en cita. En apoyo se invoca la Jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el título: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La causa de improcedencia prevista por el numeral trascrito, se hace consistir en el derecho que asiste a los particulares para reclamar, en la vía de amparo, cualquier acto de autoridad perpetrado en su contra, que repudien violatorio de sus derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o intereses. En ese contexto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto de autoridad reclamado, de manera que, la procedencia del medio extraordinario de control constitucional, refiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, sean posesorios, de propiedad o de cualquier otra clase, y sin duda, cuando un acto de autoridad causa perjuicio al quejoso, lesionándole directamente en su persona o patrimonio, es precisamente cuando puede ocurrir al juicio de amparo a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio. Ilustran lo anterior las jurisprudencias J/26 y 16/94, publicadas, la primera en la página 117 del tomo VIII de Diciembre de 1991 del Semanario Judicial de la Federación; la segunda en la página 17 del tomo 82 de Octubre de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que son del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.- De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por tanto, corresponde a la parte quejosa acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para promover el juicio constitucional, esto es, que los actos que reclama afectan derechos de los que es titular. En este orden de ideas, el interés jurídico de la parte peticionaria del amparo, en el presente caso, se constriñe al derecho sustantivo de propiedad en relación con el bien inmueble afectado en el juicio ordinario mercantil de origen, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido en esta ciudad, al cual por cierto el quejoso es tercero extraño auténtico en razón de que no es ni actor ni demandado en la contienda natural. Con el objeto de acreditar la propiedad que dice tener sobre el bien raíz que defiende, el promovente del amparo ofreció las documentales exhibidas con su libelo constitucional (fojas 17 a 19), consistentes en: 1.- Copias certificadas de dos pagarés; 2.- Un instructivo de notificación derivado del juicio natural, dirigido al ahí demandado; 3.- Un aviso recibo relativo al servicio de energía eléctrica número 065 160 568 733; 4.- Recibo de pago de servicio de agua potable del medidor 14122623; 5.- Un estado de cuenta de "Cablepaq" con número de cliente 6000235402. Ahora, tales medios de convicción resultan ineficaces para acreditar el interés jurídico; cierto, los documentos relacionados en los puntos que preceden son insuficientes para demostrar lo pretendido por el agraviado, toda vez que no conforman prueba idónea para justificar actos de dominio o posesorios de bienes inmuebles. Además, con las constancias relativas a los pagarés solo justifica eventualmente que contrajo una obligación mercantil el ahí deudor José Alberto Vallejo Franco (ejecutado en el juicio de origen) con el hoy quejoso, mas no que éste sea propietario del inmueble que ahora defiende; con la constancia de notificación por instructivo se acredita que se realizó dicha actuación procesal al ejecutado en el juicio subyacente, pero no que el hoy agraviado posea o sea propietario del bien raíz donde el actuario practicó esa notificación. Asimismo, por lo que hace a los recibos supradescritos, únicamente justifican que se tienen celebrados contratos de prestación de servicios de energía eléctrica, agua y cablevisión, pero no son aptos para demostrar ni presuntivamente que el contratante de tales servicios es propietario o poseedor a título de dueño del inmueble o domicilio que ahí se indica, porque cualquier persona puede contratar tales servicios y dar como domicilio el que considere sin que se constate que tal domicilio es de su propiedad o legítima posesión. Además de tal discernimiento legal, la parte peticionaria del amparo tampoco acreditó la posesión material del inmueble que por esta vía defiende con las pruebas documentales aportadas, máxime que el elemento de convicción idóneo para demostrarla es la testimonial, misma que no fue ofrecida. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por la Segundas Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y datos de identificación son: "POSESIÓN. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL. La prueba idónea para acreditar el hecho de la posesión en materia agraria es la testimonial, según lo ha sostenido esta Segunda Sala." (Informes, Informe 1979, Parte II, 7ª Época, Materia(s): Administrativa, página: 27). Por ello, si el peticionario de amparo omitió justificar fehacientemente la causa u origen de la posesión que arguyó ejercer sobre el inmueble materia del acto reclamado, ante tal situación resulta inobjetable que no demostró el interés jurídico necesario para que mediante el ejercicio de la acción constitucional, fuere tutelado el derecho que invocó. Sirve de apoyo el criterio sostenido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mismo que señala en su rubro y texto: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger a simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." (S.J.F. 8ª Época, tomo II, 2ª, Julio a Diciembre de 1988, Pág. 404). En ese orden de ideas, al no haberse acreditado fehacientemente el derecho de propiedad o posesión que el impetrante alegó en su favor, resulta manifiesto y de modo indudable que en el caso se actualiza la referida hipótesis de improcedencia en el presente juicio de constitucional, por lo que es procedente sobreseer en este asunto, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Es importante señalar que al haberse actualizado en forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, por cuestión de técnica jurídica se genera un impedimento legal para entrar al análisis del fondo de la cuestión planteada; asimismo, deviene innecesario el tratamiento sobre diversos motivos de improcedencia, porque el que operen o no, no cambiaría el sentido de esta resolución. Es de citarse en respaldo, por su contenido, la tesis visible en la página 1264, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por algunas de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Asimismo, la jurisprudencia 2ª/J.54/98, consultable en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." De igual modo, debe subrayarse que las tesis tanto aisladas como de jurisprudencias transcritas, son aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no obstante que algunas hayan sido integradas conforme a la legislación de amparo anterior, en virtud de que las mismas no se oponen a las disposiciones de la ley reglamentaria actual. También, se hace notar que en el particular no se ha incurrido en violación procedimental alguna, empero de estimarse lo contrario, es de hacerse notar que la causal de improcedencia en trato es tan notoria que no deja duda sobre su actualización, en razón de lo cual debe subsistir el sobreseimiento decretado. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial 2a./J. 151/2015 (10a.), legible en la página mil doscientos noventa y tres de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro veinticuatro, Noviembre de dos mil quince, Tomo II, Materia Común, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." De igual modo, destaca que durante la sustanciación de este proceso de amparo se ordenó emplazar a juicio con calidad de tercera interesada a Santander Hipotecario, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada -y otra- (foja 28 cuaderno principal), institución financiera a quien no se logró emplazar por los motivos expuestos en las correspondientes razones actuariales (fojas 32, 42 y 56). No se desconoce que el examen de regularidad del proceso de amparo indirecto le corresponde a los tribunales colegiados de circuito; sin embargo, visto el sentido de la presente resolución, se estima que no causa agravio alguno a la supracitada institución financiera, pues la omisión precisada no altera el resultado del fallo ni la deja en estado de indefensión, por el contrario le beneficia, si se tiene en cuenta que el juicio de amparo biinstancial en principio, es un procedimiento sumario, un medio extraordinario de control constitucional de ciertos actos de autoridad, que debe ser precisamente expedito con el objeto de no obstaculizar los procesos y procedimientos de los que emanan los actos reclamados, para cumplir con su finalidad de ser una garantía constitucional de los derechos humanos, incluidos los que tutelan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83 del Volumen 36, Tercera Parte, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.". De igual forma es aplicable, en lo conducente y por identidad de razón jurídica, la tesis jurisprudencial 2a./J. 6/2017 (10a.), con Registro 2013630, legible en la página 556 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 80, 155, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Balderas Cabral contra los actos debatidos de la Juez Primero Civil de Partido y Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambas autoridades de este Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, por los motivos indicados en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el ocurso presentado por el quejoso, con el que da cumplimiento a lo requerido en auto de diecinueve de enero actual, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra impedido para proporcionar el domicilio de la persona moral tercera interesada *****, Entidad Regulada, debido a que lo desconoce. En razón de lo anterior, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en cualquiera de los domicilios mencionados (1) ******, y 2) ***** ambas en la zona centro; así como en 3) ****; 4)****, ; y, 5) *** Celaya, o de ser necesario, en todos ellos; con la finalidad de emplazar a dicha tercera interesada en términos de lo dispuesto en el proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, si en alguna de las sucursales aludidas el actuario es informado de diverso domicilio donde pueda ser localizado quien se ostente como apoderado o representante legal de la multirreferida tercera interesada; desde este momento se le faculta para que realice el emplazamiento encomendado en ese lugar, siempre que la persona que lo atienda acredite tal representación.

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