Arturo Avila Baeza
Expediente 10/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Arturo Avila Baeza
- Director de la Comisión Federal de Electricidad
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q.A.- 4/2021 en el que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Sin necesidad de acusar recibo a la superioridad por así determinarlo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que comunica el auto de diez de febrero de dos mil veintiuno. En éste, la Presidenta de dicho Tribunal acusó recibo del oficio 991/2021, por medio del cual se le remitió el escrito de agravios interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de tres de febrero del año en curso; lo registró con el toca ********************de su índice; y lo admitió a trámite. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente en que se actúa. Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de que se trata, por lo que ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que este juzgado emitió el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno. Para el efecto, se remite el escrito original de agravios y las constancias relativas al presente juicio de amparo, vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que la Superioridad esté en posibilidad de emitir la resolución correspondiente. Se informa al Tribunal que el acuerdo impugnado es localizable en el portal de intranet. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, tres de febrero de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *****************, contra actos del Director de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 10/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Arturo Ávila Baeza, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa pretende que a través de este juicio de amparo se ejerza control de constitucionalidad respecto del acto siguiente: La orden de suspensión del servicio de energía eléctrica relativa a la cuenta 18DN20A111811000, número de medidor 564RTD, así como el retiro de la instalación y cableado correspondiente. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los que se prevé: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Lo anterior se considera así, puesto que los artículos reproducidos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales; y que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En ese sentido, por disposición expresa de la ley de la materia, se considera autoridad responsable a aquel órgano estatal, de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa. Bajo dichas premisas, es indudable que la Comisión Federal de Electricidad, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que no actúa en forma unilateral, imperativa y coercitiva. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad, carece de facultades de decisión y, por ende, su participación no significa que realice motu proprio actos de molestia con las características de potestad e imperio, que son los atributos que distinguen a los actos de autoridad. Ello es así, puesto que los actos que por la presente vía controvierte, que esencialmente los hace consistir en la suspensión del servicio de energía eléctrica, no pueden estimarse como aquéllos emitidos por imperio de una autoridad en uso de sus atribuciones que la propia legislación le confiere, por lo que no son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo, toda vez que dichas actuaciones no reúnen las características de un acto de autoridad, al no haberse emitido en un plano de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Asimismo, cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ya ha sido definida por el Alto Tribunal, al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos, pues, sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, de ahí que, es innecesario esperar los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puesto que, con independencia de su contenido, la naturaleza de los actos definida mediante jurisprudencia, no variaría. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 2ª./J.2/2019 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1008, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por la transcrita fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de autoridad que violen o restrinjan las garantías individuales, de lo que se colige, que sólo están legitimados para intentar la acción constitucional aquéllos gobernados que por la aplicación en su contra de una ley o acto de una autoridad estimen vulneradas sus garantías individuales, supuestos que en la especie no se actualizan, toda vez que los actos reclamados no reúnen las características de actos de autoridad, que como ya se dijo, es que sea unilateral, imperativo y coercitivo, características que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en la esfera jurídica de los gobernados susceptible de impugnarse vía juicio de amparo. Tales acotaciones, unilateralidad, imperatividad y coercitividad, son las que caracterizan un acto de autoridad, dentro de un plano de relaciones de supra a subordinación, de modo que si un ente emite un acto, y si éste no vincula de forma alguna al gobernado, pues no trae como consecuencia inmediata la afectación de su esfera jurídica, no se estará en presencia de un acto de autoridad, por ende, resultará improcedente el juicio de garantías si se le combate a través del amparo, el cual procede contra actos de autoridades únicamente. Así, la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad no actúa en un plano de supra a subordinación y, por tanto, los actos reclamados no vinculan imperativamente al sujeto, porque no le imponen una orden u obligación, ni constituyen tampoco una resolución que modifique su situación jurídica, y en tal virtud carecen de fuerza obligatoria para el sujeto y del imperio que caracteriza a los actos de autoridad. De lo anteriormente transcrito, se advierte y se insiste, que los actos reclamados por esta vía no se tratan de actos de supra a subordinación y supraordinación, sino solo actos de coordinación. Esto, pues las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como las que en el caso que se estudia, deriva de los contratos entre particulares; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la constitución reconoce una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Luego, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. En relación con lo anterior, debe decirse que los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación, lo cual en el caso que nos ocupa no acontece, pues los actos reclamados por la quejosa derivan de las obligaciones contenidas en un contrato firmado entre particulares. Por tanto, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. Sirve de sustento a lo anterior consideración, la jurisprudencia 2ª./J.156/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. De igual forma, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Asimismo, se cita, la tesis visible en la página 390, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I constitucional, y 1o., fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. La expresión "leyes o actos de autoridad" recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento voluntariedad, que lo distingue de un acontecimiento cualquiera, el de intencionalidad que estriba en la causación de una afectación, esto es que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por lo tanto, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que le asista interés jurídico en reclamarlo. Conclusión. Por consiguiente, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Arturo Ávila Baeza, contra actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Con la determinación adoptada, se estima que no se trastoca el derecho fundamental de la tutela efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para controvertir el acto que por esta vía pretende impugnar a través de la vía procedente. Consulta del expediente y notificación vía electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que el nombre de usuario GUSTAVOSSOTO, corresponde a Gustavo Sánchez Soto, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones en el presente asunto que deban ser personales por vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que las referidas autorizaciones las podrán hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. Juicio en Línea. Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Se acuerda diverso escrito. Finalmente, téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita a este juzgado se pronuncie respecto del escrito inicial de demanda. Dígasele al promovente que deberá estarse a lo determinado en el presente acuerdo. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.
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