Arturo Arnulfo López Herrera
Expediente 1083/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Arturo Arnulfo López Herrera
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. ...
- Principal
Vista, la demanda de amparo que promueve ********************contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa Número Uno del Sistema Mixto, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Región Norte Apizaco, Tlaxcala y otra autoridad, de quienes reclama la orden de investigación decretada en su contra dentro del acta circunstanciada ********************. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1083/2017-VII. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta el promovente, deriva del hecho de que la orden de investigación decretada en su contra dentro del acta circunstanciada ********************, así como su ejecución, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito, tal y como se observa a continuación. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ... De la porción normativa ante invocada se desprende que compete al Ministerio Público, en representación de la sociedad; llevar a cabo la investigación de los delitos y a ejercer la acción penal cuando proceda. De ahí que la posible investigación, no causa un daño o perjuicio a los gobernados contra el cual se haya iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones si, la investigación que se está integrando en contra del quejoso no le depara perjuicio alguno, ya que no afecta su esfera jurídica pues con la realización de un acto de esa naturaleza no se infiere que se les haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dichas autoridades. En tanto, la investigación que se estuviera integrando en contra del quejoso, no le constituye un acto que cause perjuicio alguno a su esfera jurídica, pues las actuaciones realizadas son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la carpeta de investigación, así como para determinar si ejercita o no acción penal ante el juez de control. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión o comparecencia del inculpado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de sus derechos; por lo que es inconcuso que la investigación que se pudiera estar integrando en contra del quejoso, no le afectan de manera alguna los derechos fundamentales. En tal virtud, el representante social respectivo puede o no citar o hacer comparecer a los quejosos, ya que no es un requisito necesario para su integración, conforme el artículo 21 Constitucional. ... En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada Ley, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de investigación decretada en contra de la parte quejosa dentro del acta circunstanciada ********************.
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