Arturo Antonio Ruiz Palacios y Otros.

Expediente 1252/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1252/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Arturo Antonio Ruiz Palacios
  • Arturo Antonio Ruiz Palacios y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diez de febrero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, misma que fue modificada en los efectos de la concesión de amparo, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada en este juicio, y otorga la protección constitucional para que: 1. La autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. Emitiera otra, en la que reiterara las consideraciones ajenas a la protección constitucional, en las que se encuentran las reglas para la cuantificación e incremento de la pensión jubilatoria del justiciable, en términos de lo previsto por el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de mil novecientos noventa y dos, y el Acuerdo contenido en el acta de sesión de tres de marzo de dos mil tres. Así como las consideraciones relativas a que no existen diferencias entre las percepciones de un Magistrado en activo y la pensión que goza el inconforme, por cuanto hace a los conceptos de sueldo, percepción social múltiple "P.S.M." y compensación fija garantizada, que en su conjunto ascienden a la cantidad de $38,264.00 (treinta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resulta improcedente el pago de diferencias por dichos rubros; y, que respecto de dichas prestaciones, no existieron incrementos por el periodo de uno de enero de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 3. Prescindiera de sostener dogmáticamente, que es improcedente el pago de las prestaciones "RDL", "RDL adicional", y Riesgo Laboral, y conforme a los lineamientos de esa ejecutoria, realizara un nuevo estudio en el que determine fundada y motivadamente la naturaleza eventual o permanente de esas prestaciones. Asimismo, se abstuviera de sustentar que la naturaleza de eventual radica sólo en la denominación de las prestaciones de mérito y de sostener que para determinar la naturaleza eventual de la prestación Riesgo Laboral es útil tomar en consideración lo previsto por los artículos 41 de la Ley del Seguro Social y 473 de la Ley Federal del Trabajo, a menos que justifique la aplicación al caso de dichos dispositivos. 4. En caso de concluir que dichas prestaciones son permanentes, justifique si su pago se ajusta o no al resto de las condiciones para la integración de la pensión por jubilación del quejoso, previstas las disposiciones que rigen el otorgamiento e incremento de la pensión jubilatoria del justiciable. Esto es, si dichas prestaciones las tenía al momento de su jubilación y, en su caso, si encuadran o no en los incrementos a que tiene derecho el quejoso "al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten las percepciones de los magistrados en activo". 5. Con base en las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito, en el considerando cuarto, in fine, de la sentencia recurrida, analice congruentemente si le corresponde o no al quejoso las diferencias existentes entre el monto de su pensión y las percepciones de los Magistrados en activo, en cuanto a la prestación denominada Compensación eventual de Magistrado. Con motivo de ello, el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante oficio TSJ/SGA/1694/2017, remitió copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria de cinco de octubre de dos mil diecisiete, de la que se advierte, en específico del octavo punto, dejó insubsistente el cuarto punto de la sesión extraordinaria de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, además, reiteró las consideraciones ajenas a la protección constitucional, en las que se encuentran las reglas para la cuantificación e incremento de la pensión jubilatoria del justiciable, en términos de lo previsto por el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de mil novecientos noventa y dos, y el Acuerdo contenido en el acta de sesión de tres de marzo de dos mil tres. Así como las consideraciones relativas a que no existen diferencias entre las percepciones de un Magistrado en activo y la pensión que goza el inconforme, por cuanto hace a los conceptos de sueldo, percepción social múltiple "P.S.M." y compensación fija garantizada, que en su conjunto ascienden a la cantidad de $38,264.00 (treinta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resulta improcedente el pago de diferencias por dichos rubros; y, que respecto de dichas prestaciones, no existieron incrementos por el periodo de uno de enero de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Prescindió de sostener dogmáticamente, que es improcedente el pago de las prestaciones "RDL", "RDL adicional", y Riesgo Laboral, y conforme a los lineamientos de la ejecutoria, realizó un nuevo estudio en el que determinó fundada y motivadamente que éstas son eventuales, en principio, destacando que los conceptos "RDL adicional", y Riesgo Laboral no existían en el periodo reclamado por el quejoso, como se desprende de los tabuladores correspondientes a los años dos mil ocho a dos mil once. Mientras que con relación al concepto "RDL", señaló que si bien aparece reflejado en los tabuladores para mandos medios y superiores, correspondientes a los años dos mil ocho al dos mil trece, en la categoría de Magistrado Numerario, también lo es que no aparece reflejado en la categoría de Magistrado jubilado, y que dicha prestación se paga cuando se cumplan circunstancias específicas determinadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Robusteciendo además, la naturaleza eventual de tales prestaciones, con lo dispuesto por el Glosario del objeto del Gasto correspondiente a los años dos mil ocho al dos mil trece, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Así también destacó, con relación al riesgo laboral, su naturaleza eventual, en términos de los artículos 473, 474 y 475 de la Ley Federal del Trabajo, justificando su aplicación supletoria en términos de los numerales 1º y 7º de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca. Tocante a la compensación eventual de Magistrado señaló que se encuentra condicionado a la disponibilidad del presupuesto que proporciona el Gobierno del Estado para dar cobertura a dicha prestación, y que ésta apareció reflejada por primera vez en el tabulador correspondiente al año dos mil diez, observándose que dicha prestación se destinó tanto para Magistrados activos como para Magistrados jubilados, a pesar de tener el carácter de eventual; no obstante ello la percepción correspondiente para cada categoría fue destinada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de acuerdo con las atribuciones que la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículos 6 y 7 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y demás disposiciones aplicables en materia de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, le confieren. Aunado a ello, precisó que dicha prestación no existe con tal denominación en los catálogos y glosarios emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, sin embargo, se ha tratado de dar cobertura a la misma mediante adecuaciones al presupuesto, teniendo siempre en consideración que tal prestación tiene el carácter de eventual, y que encuadra en los catálogos y glosarios emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 2013, bajo los siguientes criterios: Catálogo y Glosario 2010.- "ESTÍMULO PARA CONFIANZA". De ahí que, en congruencia concluye que no le corresponden al quejoso las diferencias existentes entre el monto de su pensión y las percepciones de los Magistrados en activo, en cuanto a la prestación denominada Compensación eventual de Magistrado. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como se indicó en párrafos anteriores, en el octavo punto del Acta de Sesión Ordinaria de cinco de octubre de dos mil diecisiete, cumplió con los efectos de la protección constitucional. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar la copia del oficio signado por el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual dirige al quejoso.... , mismo que será tomado en consideración al momento de analizar el cumplimiento dado por las responsables a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

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