Arturo ángel Hernández

Expediente 1146/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1146/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
12/08/2016

Partes del expediente

  • Arturo ángel Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII "... Agréguese el escrito del quejoso Arturo Ángel Hernández, en atención a su contenido se provee: Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa devuélvasele los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda, previa copia certificada obrando en autos, de igual manera se le tiene por autorizado para recibir dichos documentos a la persona que refiere en su ocurso de cuenta...2

  2. Principal

    MESA CUMPLIMIETO "... Visto el estado de autos, como en auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, sin que se advierta el cumplimiento de la misma por la autoridad responsable. En consecuencia, como las autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, no ha cumplido en su totalidad con la ejecutoria de amparo; previo a hacer efectivo el apercibimiento de multa con que se le conminó por auto de veinticuatro de junio del año en curso, en cantidad de $7,304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) y librar el correspondiente oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", en esta ciudad, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérasele para que de inmediato remita copia certificada de constancias que acrediten que dio cumplimiento a los puntos enumerados del I al V y VI, de los efectos de la ejecutoria de amparo. Reiterándoles que los efectos de la concesión: I) Dejar insubsistente el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, el dieciséis de junio de dos mil quince, en la causa penal 52/2015; II) Reponer el procedimiento preprocesal o constitucional, a partir de la declaración preparatoria del quejoso, debiendo requerirlo nuevamente para que manifieste si conoce y entiende perfectamente el idioma español, y si desea ser asistido en su defensa por un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura. III) Para el caso que el quejoso renuncie a ser asistido por un intérprete, la autoridad judicial deberá cerciorarse que el inculpado, evidentemente, tiene un desenvolvimiento aceptable sobre el entendimiento en idioma español del procedimiento al que está sujeto y sus consecuencias, debiendo dejar constancia de ello, en la que tenga intervención un perito intérprete que conozca la lengua y cultura del imputado, que sirva para corroborar su voluntad y lo innecesario de su intervención, apercibido de las consecuencias legales aplicables por la probable generación de un estado de indefensión en contra de aquél. IV) En caso de que no exista renuncia al intérprete, la autoridad judicial responsable deberá nombrarle uno para que sea asistido con conocimiento de su lengua y cultura. En el entendido, que en cualquier caso, para el nombramiento del intérprete deberá seguir los siguientes lineamientos: 1) Deberá requerir a las instituciones oficiales, ya sean estatales o federales, que asignen a un intérprete certificado, el cual incluso podrá asistir al inculpado por medios electrónicos; 2) En caso de que se haya intentado por todos los medios encontrar a un perito profesional pero ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, puede nombrarse un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional; y 3) Si se justifica y demuestra que no pudo obtenerse algún intérprete respaldado por la comunidad o por algún tipo de certificado, se autoriza nombrar a un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura de la persona indígena, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene un referente de relación con dicha cultura e idioma. En este último caso, es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el intérprete, además, habla español. V) Otorgue nuevamente el plazo que resta para concluir la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa. VI) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del quejoso. VII) Denuncie ante el Ministerio Público competente, con las manifestaciones del inculpado, aquí quejoso, Celso Santiago, vertidas en su escrito de demanda de amparo, en las que sostiene haber sufrido violencia física previamente a rendir su declaración preparatoria, con el objeto de que la autoridad ministerial inicie la averiguación previa e investigue esos hechos, a lo que el juez responsable deberá dar puntual seguimiento. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 1/2014 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, requiérase al Magistrado Presidente del Pleno del citado Tribunal, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, en el mismo plazo de tres días, ordene a ésta, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas. Apercibidas que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192 citado, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a $7304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL); atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente al salario mínimo general vigente para todo el país asciende a $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS, CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, citado, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que, de estimarlo necesario, provean sobre la separación inmediata de sus respectivos cargos y su consignación al Juez de Distrito que corresponda; por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    MESA VIII "... Vista la demanda de amparo promovida por ARTURO ÁNGEL HERNÁNDEZ, contra actos del Director del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, y otra autoridad. Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional. En el caso, del análisis integral de la demanda y anexo que se acompaña, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto negativo o positivo, que se reclame de las autoridades señaladas como responsables; de lo que, interpretado en sentido contrario, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. De la lectura de la demanda, aparece que la parte quejosa se duele esencialmente de la omisión o negativa por parte del Director del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y Jefe del Departamento de Servicios Escolares del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, de contestar su escrito de treinta de junio de dos mil dieciséis, recibido el primero de julio del año en curso. Ahora, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De dicho precepto constitucional tenemos que los elementos del derecho de petición son los siguientes: a) La petición, la cual debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la respuesta; b) La respuesta, misma que la autoridad debe emitir en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. En efecto, el artículo 8° de la Constitución Federal establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito a la petición formulada y hacerlo conocer en breve término al peticionario, entendiéndose por breve término el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, esto es, debe comprender el plazo necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer al quejoso el acuerdo recaído, por lo que, si en el caso, el promovente del amparo presentó su escrito de petición ante las autoridades responsables el primero de julio del año en curso, es evidente que al día once de julio de esta anualidad, fecha en que fue presentada su demanda de amparo, no había transcurrido lapso prudente y necesario para que las autoridades emitan y notifiquen el acuerdo respectivo. Por lo que no ha transcurrido el plazo de diez días que tienen las responsables, conforme al artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para emitir el acuerdo reclamado y hacer llegar su respuesta al peticionario del amparo; por tanto, se concluye, que las autoridades responsables a esta data se encuentran dentro de los parámetros para emitir el acuerdo relativo. En consecuencia, es evidente que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633, Tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así como, la tesis I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 390, tomo XIII, correspondiente al mes de febrero de 1994, materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizados en los términos que refiere, a las personas que menciona. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. CONSTE.)

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