Arturo Anaya Ochoa

Expediente 203/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
203/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Arturo Anaya Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio 8309/2019, que remite el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 203/2019-II, así como copia certificada de la resolución pronunciada por la Superioridad, en el amparo en revisión civil 206/2019, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada por este Juzgado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. Se declara firme el sobreseimiento en términos del considerando cuarto de la sentencia que se recurre. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. (sic) La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra los actos que reclamó del Juez Quinto Civil por Audiencias. Actuario Ministro Ejecutor, adscrito a la Central de Actuarios, todos del Distrito Judicial Bravos, consistentes en todos y cada uno de los actos del proceso llevados a cabo en el expediente *******, como son el auto de radicación, notificación, emplazamiento, sentencia y ejecución. Por tanto, con transcripción del presente proveído, acúsese recibo de estilo, agréguese el original del incidente de suspensión, cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, asimismo, en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión provisional. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito del quejoso *****************; téngasele interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón el actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil diecinueve.Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 203/2019-III, promovido por *******, contra actos del Juez Quinto Civil por audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se indican: -.- III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: a).- C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS, (.) EJECUTORAS: a).- C. Actuario y Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios, dependencia del SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA del Estado de Chihuahua con el mismo domicilio que el anterior. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- De la autoridad que señalo como responsable ordenadora, reclamo el auto de radicación, así como todos y cada uno de los actos del proceso llevados a cabo en los autos del expediente número *******, actos procesales que me afectan directamente, como son el auto de radicación, notificación y emplazamiento, sentencia, procedimiento de ejecución, en un bien de mi propiedad, sin haber sido oído ni vencido en juicio. b).- De la autoridad señalada como responsable ejecutora C. Actuario y Ministro Ejecutor adscrito a la H. Central de actuarios de este distrito judicial bravos, reclamo la diligencia de emplazamiento, así como las notificaciones inherentes al procedimiento que se ha mencionado, y relativo al expediente número *******, radicado ante la autoridad ordenadora, así como el ilegal desalojo que se llevó a cabo este día 26 de febrero del año en curso. -.- SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violados. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El diecinueve de marco de dos mil diecinueve, se radicó la demanda como amparo indirecto 203/2019-III y se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a la tercera interesada y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que después de diferirse, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua:  El auto de radicación de seis de octubre de dos mil dieciséis, del juicio oral ordinario civil *******, promovido por *******, en contra de *******.  El emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad en el juicio oral ordinario civil *******. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua: El emplazamiento en el juicio oral ordinario civil *******, promovido por *******, en contra de *******, las notificaciones realizadas en el procedimiento, así como el desalojo del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Al caso concreto, es aplicable el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 255, tomo XIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Quinto Civil por Audiencias y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, residentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 14 y 15, así como 19, respectivamente, del expediente en que se actúa). Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dispone: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Corrobora lo anterior, las documentales que anexó el Juez responsable, a su informe justificado consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente *******, formado con motivo del Juicio Oral Ordinario Civil promovido por *******, contra el aquí quejoso. Constancias que, al haberse emitido por el Secretario Judicial adscrito al Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a sus funciones y con motivo de las mismas; adquieren el carácter de documento público con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Causa de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en el auto de radicación de seis de octubre de dos mil dieciséis, del juicio oral ordinario civil *******. Previamente al estudio del fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia relativas al juicio constitucional, ya que se trata de una cuestión de orden público y estudio preferente, bien sea que las invoquen las partes o de oficio las aprecie el órgano jurisdiccional, conforme a lo preceptuado por los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, encuentra plena correspondencia en la tesis de jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo parte VIII, página doscientos sesenta y dos, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, cuyo sumario, a la letra, dice: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así como en la diversa jurisprudencia II.1.J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, apreciable en la página noventa y cinco, del tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 222780, cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En cuanto al acto reclamado atribuido al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, dentro del juicio oral ordinario civil ******* de su índice, consistente en el auto de radicación de seis de octubre de dos mil dieciséis, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Los numerales y fracciones invocados, disponen lo siguiente: [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación. [.] El primero de los dispositivos transcritos hace referencia a la improcedencia del juicio de amparo cuando se esté en presencia de algún dispositivo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, que impiden al Juez de Distrito entrar al estudio de fondo de la demanda por razones que el legislador estimó convenientes para una mejor impartición de justicia, o bien, para preservar el carácter del juicio de amparo como un medio de control extraordinario de la legalidad de las actuaciones de las autoridades. En el segundo de los preceptos invocados, se establece que dentro del correspondiente escrito de demanda deberán incluirse conceptos de violación encaminados a establecer los motivos por los que se considera la actuación de la autoridad contraria a los derechos de la peticionaria del amparo, esto es, la lesión o agravio que ello ocasionó a su esfera jurídica. Así, los conceptos de violación constituyen un elemento esencial en el juicio de amparo, pues son el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones de los derechos fundamentales en perjuicio de quien promueve la acción constitucional. En el caso, en el escrito de demanda, el quejoso señaló como autoridad responsable al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, atribuyéndole como acto reclamado el auto de radicación dictado en el juicio oral ordinario civil ******* el seis de octubre de dos mil dieciséis. Sin embargo, el peticionario del amparo, no expresó argumento alguno que tenga por objeto controvertir la actuación de dicha autoridad. Esto es así, ya que en su escrito de demanda únicamente expresa que el seis de octubre de dos mil dieciséis, se radicó demanda en la vía ordinaria en su contra, en el Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, misma que recayó en el expediente *******. Esto es, el quejoso no expresó dentro de sus conceptos de violación la manera en que la autoridad responsable actuó en contravención a los derechos constitucionales que le asisten al emitir el auto de radicación. Además, en el caso particular no procede la suplencia de la queja, toda vez que no se ubica en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. Atento a ello, dado que no se formularon conceptos de violación con el fin demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado al Juez responsable, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. QUINTO. Causa de improcedencia que invoca el tercero interesado. En el escrito recibido por la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la parte tercero interesada aduce que el quejoso debió agotar previamente los recursos ordinarios contemplados en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por virtud de los cuales la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, pudo haber sido modificada o revocada, por lo que deberían desestimarse las consideraciones vertidas en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen, cuando fue debidamente emplazado por conducto de su esposa, por lo que se encontraba en tiempo para agotar previamente el recurso correspondiente. Tal argumento debe desestimarse, toda vez que involucra un argumento que tiene íntima relación con el fondo del negocio, ya que determinar si el quejoso fue emplazado legalmente al juicio de origen y, por ende, si tenía que agotar los recursos ordinarios que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, es una cuestión que debe ser analizada al estudiar el fondo del presente asunto y no en este momento. Apoya lo anterior, la tesis P. XXVII/98, de la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia Común, visible en la página 23 del siguiente contenido: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia del juicio deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una causal donde se involucre una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, si no se surte otra causal, y hacer el estudio de los conceptos de violación relativos a las cuestiones constitucionales propuestas. Finalmente, este Juzgador Federal no advierte de oficio actualizada alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. En apoyo a lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, cabe invocar la jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias" del título primero "Reglas generales" del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Antecedentes del juicio. En este punto es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, los cuales, en lo que aquí interesa, son los siguientes: I. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil dieciséis, "*******, por conducto de sus apoderadas legales, en su carácter de cesionaria del crédito por parte de *******, en su carácter de fiduciaria en el fideicomiso *******, demandó en la vía oral ordinaria civil en ejercicio de la acción real hipotecaria a *******, diversas prestaciones (foja 22 a 29): II. Mediante auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, admitió a trámite la demanda, registrándola bajo el número 859/2016 y ordenó el emplazamiento del demandado en el domicilio ubicado en "(.) el ******* de esta ciudad (.)", apercibido que de no contestar la demanda entablada en su contra dentro del término de nueve días, se tendría por confeso presuntamente de los hechos de la demanda que dejara de contestar, por lo que turnó los autos a la Central de Actuarios del Distrito Judicial Bravos a efecto de que por conducto de uno de sus Ministros Ejecutores procediera a hacer la notificación personal a la partes del contenido íntegro del proveído (fojas 146 a 148). III. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecisiete (foja 150), precisó que el domicilio correcto para emplazar a la parte demandada era el ubicado en "(.) ******* (.)", en esta ciudad, por lo que por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el juez responsable tuvo a la parte actora aclarando el domicilio de la demandada y ordenó turnar los autos a la Central de Actuarios para que emplace al demandado en los términos del auto de radicación (folio 151). IV. El emplazamiento del demandado -aquí quejoso- se desarrolló en los siguientes términos (fojas 152, 153 y 159): Constancia actuarial de veintisiete de junio de dos mil diecinueve. [.] En Ciudad Juárez, Distrito Bravos Estado de Chihuahua siendo las quince horas con cincuenta minutos del día 27 del mes de junio del año dos mil diecisiete, el suscrito Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Lic. Héctor Raúl Ornelas Valle adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, me constituyo en el domicilio señalado en autos en busca de ******* sito en ******* de esta ciudad y no encontrándolo presente, me atiende el (la) C. ******* quien manifiesta ser esposa del demandado y que su esposo anda trabajando acto continuo cerciorado de que el domicilio es el correcto en virtud de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble y de que el domicilio del demandado es en el que se actúa, Y SÍ VIVE en él procedo a dejarle cita de espera para el día 28 del mes de junio del año en curso, a las trece horas con treinta minutos, la cual es recibida por dicha persona, quien manifiesta que la recibe y sí firma en la copia anexa. DOY FE. Una rúbrica -.- Cita de espera -.- C. ******* Domicilio ******* Presente Sírvase Ud., esperar en este su domicilio al suscrito Oficial Notificador Lic. ******* a las trece horas con treinta minutos del día 28/junio/2017 para la práctica de una diligencia del ramo civil, con el apercibimiento de que si no espera se procederá conforme lo dispone la Ley. Cd.., Juárez, Chih., a 27 de junio del 2017 Una rúbrica ******* ******* Una rúbrica Tez morena clara ******* mts., de estatura ******* a ******* años de edad cabello *******. Un sello -.- Diligencia de emplazamiento de veintiocho de junio de dos mil diecisiete. -.- En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las trece horas con treinta minutos del día 28 del mes de junio del año dos mil diecisiete, el (la) suscrito (a) Licenciado (a) ******* Oficial Notificador (a) y Ministro (a) Ejecutor (a) adscrito (a) a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, constituido (a) en el domicilio ubicado en *******y cerciorado (a) que es el domicilio correcto por tener a la vista una placa con la nomenclatura y número en el ext., del inmueble mismo que cuenta con las siguientes características externas la casa está pintada la fachada de coloro rojo con barandales de color blanco. En busca de *******y no encontrando presente a la persona buscada a pesar de la cita que se le dejó para ese día y hora, así como tampoco persona alguna que atienda en su nombre la diligencia y cerciorado (a) de que el domicilio si corresponde al de la persona buscada procedo a notificar por medio de Instructivo el cual será fijado en la puerta de conformidad con el artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles, notificándole íntegramente el (los) auto (s) de fecha 6 de octubre del 2016 dictados por el Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el expediente número ******* y en los términos de dicho (s) auto (s) le hago saber que se encuentra demandado (a) en la VÍA ORAL ORDINARIA y en ejercicio de la acción Hipotecaria, por parte de ******* a través del (os) cual (es) se le está reclamado el cumplimiento y pago de la cantidad de todas y cada una de las prestaciones que menciona el promovente en su escrito de demanda. A continuación emplazo a juicio a ******* corriéndole traslado de la demanda y sus anexos, la totalidad de las copias de ley, consistentes en 120 fojas útiles debidamente selladas y cotejadas por el Secretario Judicial en funciones de Secretario de Acuerdos del Juzgado, además de la copia simple de la (s) resolución (es) que se le notifican, para que en el término de NUEVE DÍAS contados a partir de que se lleve a cabo el presente emplazamiento conteste la demanda entablada en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se tendrán por contestados en sentido afirmativo los hechos de la demanda que se dejaren de contestar, así mismo, se le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar del juicio, apercibido (a) que en caso de no hacerlo las mismas se harán en la forma prevista por la ley. Además se le hace saber, que en caso de que se opusieren excepciones procesales, las mismas se resolverán en la fase correspondiente dentro de la Audiencia Preliminar ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 del Código Adjetivo Civil. Se hace saber a las partes que el presente juicio se rige por las disposiciones establecidas en el Decreto 1018/2015 I P.O., que modificó el Decreto 493/2014 II.P.O, en el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Acto continuo, procedo a fijar en la puerta del domicilio donde se actúa las copias de la demanda y anexos, instructivo, copia del (los) auto (s) a notificar, lo anterior en virtud de no haber atendido a la cita de espera. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia para todos los efectos a que haya lugar. DOY FE. Una Rúbrica [.] V. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, toda vez que no compareció dentro del término concedido a *******, se declaró su rebeldía y se tuvo por presuntivamente confeso de los hechos de la demanda que dejó de contestar (foja 161). VI. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se resolvió lo siguiente (fojas 173 a 179): [.] RESUELVE: PRIMERO.- Ha procedido la ACCIÓN HIPOTECARIA. SEGUNDO.- La parte actora probó su acción, la parte demandada no se excepcionó, en consecuencia. TERCERO.- Se declara el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria, y se condena a -*******-, a pagar a la parte actora, las prestaciones que se mencionan en el resultado primero de la sentencia, las cuales no se transcriben en obvio de repeticiones, además se condena al pago de gastos y costas que se generen hasta la terminación del presente juicio los que se computarán en ejecución de sentencia, de conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles. CUARTO.- Si los próximos cinco días la parte demandada no hace pago de las prestaciones a las que se les condena, hágase trance y remate de los bienes dados en garantía y con su producto pago al actor de conformidad con el artículo 494 del Código de Procedimientos Civiles. NOTIFÍQUESE: [.] Emplazamiento y subsecuentes actos que constituyen los actos reclamados en este asunto. OCTAVO. Estudio del emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad en el juicio oral ordinario civil *******. Los conceptos de violación son infundados. De la lectura integral de la demanda de amparo, la cual constituye un todo, se advierte que el quejoso aduce que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al pretender privársele de sus propiedades o derechos sin que haya mediado juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que ese cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y de conformidad con las leyes establecidas con anterioridad, ya que jamás ha sido oído ni vencido en juicio. Asimismo, aduce violación al artículo 16 constitucional, porque se le molesta en su persona, papeles y posesiones, sin haber sido oído ni vencido. Bajo protesta de decir verdad narró que el veintisiete de junio de dos mil doce (sic) según afirmó el actuario llevó a cabo la diligencia, en la que le dejó cita en el domicilio ubicado en *******, en esta población, con una persona que dijo llamarse ******* (sic) *******, quien además dijo ser su esposa, que dicha cita se dejó para que esperara a dicho actuario el veintiocho de junio de ese mismo año, que llegado el día en que debería esperar, el Actuario se apersonó en el domicilio citado y que como no encontró a alguien, lo emplazó por medio de instructivo que fijó en la puerta del domicilio citado, todo lo cual resulta en parte ilegal y en otra parte falso, porque vive en El Paso, Texas, desde del treinta de junio de dos mil doce en la finca marcada con el número ******* y no conoce a alguien que se llame ******* y menos que sea su esposa, porque aclara que su esposa se llama *******. Como preámbulo y para mejor comprensión de la anterior premisa, conviene acotar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas. Lo anterior, se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 7/98 del Pleno del Máximo Tribunal, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196932, que literalmente dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En relación con las anotadas prerrogativas fundamentales de audiencia y debido proceso reconocidas en el ordinal de mérito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio sustentado en la jurisprudencia 47/95, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1995, con número de registro 200234, de rubro y texto: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Como se aprecia, el artículo 14 de la Constitución Federal fue interpretado por el más Alto Tribunal del País en el sentido de que el derecho de audiencia consiste en que nadie puede ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; Se le otorgue la oportunidad de formular alegatos; y, La autoridad deberá dictar una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese tenor, el emplazamiento del demandado al juicio natural, constituye una formalidad esencial del procedimiento, en virtud de que es indispensable para una adecuada defensa, ya que la falta de verificación del mismo o su práctica defectuosa, se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, como lo estableció en su momento la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia, que dice: EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. Por su parte, el artículo 120, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, señala lo siguiente: 120. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrare al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación de que el interesado vive en dicha casa, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello del juzgado autorizándose el citatorio por el notificador. Si la persona que debe ser notificada no esperase a que se le haga la notificación, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta del domicilio donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Cuando no sea forzoso entregar las copias del traslado, en el instructivo se hará una relación sucinta de la demanda y de la resolución que se notifica y, en todo caso, la designación del juicio y el nombre del promovente. [.] Dicho precepto legal se advierten las formalidades del emplazamiento, entre las cuales se encuentra la obligación del actuario de cerciorarse que en el domicilio en el que se constituye y que hubiera sido señalado en la demanda, vive el demandado, para cuyo efecto deberán quedar plasmadas en el acta las razones de los medios por los que obtuvo la certeza del domicilio correcto, entendido éste como lo prevé el artículo 29 del Código Civil del Estado de Chihuahua, como el lugar donde reside la persona con el propósito de establecerse, y a la falta de éste el lugar en donde se tiene el principal asiento de los negocios y a falta de uno y otro el lugar en que se encuentra. Así, hasta el momento en que el notificador cuente con la certeza de que se constituyó en el lugar correcto, tiene la posibilidad legal de efectuar la diligencia. Ahora, si a la primera busca no se encontrare al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación de que el interesado vive en dicha casa, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello del juzgado autorizándose el citatorio por el notificador. Si la persona que debe ser notificada no esperase a que se le haga la notificación, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta del domicilio donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Cuando no sea forzoso entregar las copias del traslado, en el instructivo se hará una relación sucinta de la demanda y de la resolución que se notifica y, en todo caso, la designación del juicio y el nombre del promovente. En la especie, de las constancias que en copia certificada remitió el Juez responsable del juicio de origen, se advierte que el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, a las quince horas con cincuenta minutos el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor Licenciado Héctor Raúl Ornelas Valle adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos se constituyó en busca de ******* ******* de esta ciudad, y no encontrándolo presente, ya que fue atendido por *******, quien le manifestó que era esposa del demandado y que su esposo andaba trabajando, por lo que acto continuo el fedatario asentó que se cercioró de que el domicilio en el que actuaba era el correcto, por la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble y que el domicilio del demandado es en el que se actuaba y que sí vivía ahí, por lo que procedió a dejarle cita de espera para el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, a las trece horas con treinta minutos, la cual asentó fue recibida por la persona que dijo ser esposa del ahora quejoso, quien recibió la cita de espera y la firmó. De la cita de espera se advierte que el fedatario asentó como nombre de la persona a quien cita, el de *******, y como día y hora de la espera, las trece horas con treinta minutos del miércoles veintiocho de junio de dos mil diecisiete, además, puso en el mismo el sello del juzgado, autorizando así el citatorio y la media filiación de la persona que lo recibió de nombre *******, quien lo firmó de recibido (foja 152). Ahora, toda vez que *******, no esperó a que se le hiciera la notificación, el día y hora señalado para tal efecto, el Oficial notificador procedió a realizarla por medio de instructivo que fijó en la puerta del domicilio en el que actuó, tal y como se advierte de la diligencia de emplazamiento de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pues así lo asentó (foja 154). En ese orden de ideas, este juzgador estima que el emplazamiento resulta ajustado a derecho, en virtud de que el oficial notificador cumplió con el cercioramiento en la primera notificación a la parte demandada en juicio, pues entendió la diligencia con quien dijo ser esposa del demandado, quien además le informó que su esposo andaba trabajando, cerciorándose de que era el domicilio correcto por la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble y que el domicilio del demandado es en el que actúa y que ahí vive *******, a quien dejó cita de espera y toda vez que no esperó el demandado, el fedatario procedió a emplazarlo por instructivo (foja 133), el cual fijó en la puerta del domicilio, de todo lo cual asentó razón; de ahí que, se satisfizo el objetivo del emplazamiento, esto es, ser enterado de la pretensión aducida en su contra, de la autoridad en la que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le ha correspondido. Lo anterior se establece, sin perjuicio del derecho del quejoso, de demostrar que en la fecha en que se realizó el emplazamiento vivía en El Paso, Texas y que no conoce a alguien con el nombre de *******, por lo que no es su esposa, ya que su esposa se llama *******. Lo cual no sucedió en el presente juicio, ya que de la testimonial que aportó no se obtiene dato alguno que corrobore tales asertos, porque si bien los testigos ******* y ******* declararon que conocen al quejoso, uno desde hace diez años y el otro desde hace treinta años, que saben que el quejoso actualmente reside en *******; sin embargo, el primero de los testigos dijo que reside en esa ciudad desde hace diez años y el segundo de los testigos refiere que el quejoso vive en ******* a partir del dos mil doce, esto es, desde hace siete años, lo cual es contradictorio, pues mientras un testigo dice que desde hace diez años, el otro refiere que desde el dos mil doce, esto es, desde hace siete años. Además, tales testigos no dijeron algo respecto al nombre de la esposa del quejoso, pues mientras uno refirió que el estado civil del quejoso es unión libre, el otro testigo refirió que el quejoso es viudo. Consecuentemente, no se le reconoce valor probatorio a la prueba testimonial, pues las declaraciones, evidentemente, resultan contradictorias y, por ende, no son idóneas para acreditar que en la fecha en que se realizó el emplazamiento (veintiocho de junio de dos mil diecisiete), el quejoso vivía en *******y que *******, no es su esposa, sino que al momento del emplazamiento su esposa era *******. En efecto, dicha probanza no es suficiente para demeritar valor al emplazamiento respectivo, sino que era importante que el quejoso demostrara con otros elementos que cuando se realizó el emplazamiento vivía en ******* y que su esposa es ******* y no *******. En consecuencia, no existe al menos duda razonable de que el actuario se constituyó en el domicilio identificado como calle Paseo 6, número 411, del fraccionamiento Paseo del Río, en esta ciudad, y fue la esposa del hoy quejoso con quien dejó la cita de espera, quien firmó de recibido, previo cercioramiento de que era el domicilio correcto y que ahí vivía el quejoso, por lo que ante a la falta de espera del quejoso para que se le realizara la notificación, la hizo por medio de instructivo en el juicio oral ordinario civil *******, promovido por *******. Información que prevalece, porque ante la fe pública de que gozan las actuaciones del funcionario judicial que practicó la diligencia, requería de pruebas que la desvirtuaran, porque como arriba se precisó, el quejoso sólo sostiene la inverosimilitud de dicha actuación, con la afirmación de que en esa fecha vivía en ******* y que no conoce a *******, sino que el nombre de su esposa es *******, circunstancias que, se insiste, son insuficientes para dudar de la veracidad de lo que aquél hizo constar en las diligencias actuariales. Las anteriores circunstancias generan certeza de que el quejoso sí se enteró de la existencia del procedimiento ordinario civil incoado en su contra y, por ende, en ningún momento se le dejó en estado de indefensión; por lo que se le respetó su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí, que el quejoso estuvo en aptitud de comparecer a la controversia, oponiendo las defensas o excepciones que estimara pertinentes, también ofrecer las pruebas que a su derecho correspondía, desde luego, agotar todos y cada uno de los medios de defensa que la ley le otorga, pero al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra, tal situación dio margen para que fuera seguido el juicio en su rebeldía; sin embargo, ello no debe estimarse como un acto ilegal, sino como una consecuencia legal necesaria en razón a la desatención en que incurrió al no haber comparecido a juicio con la oportunidad debida, pues fue correctamente notificado y emplazado al mismo, según ha quedado precisado en párrafos anteriores. En consecuencia, al no advertir motivos para suplir la queja, en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del emplazamiento practicado mediante diligencia de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el juicio oral ordinario civil de origen. Determinación que se hace extensiva a los diversos actos reclamados, consistentes en todas las actuaciones subsecuentes, incluida la sentencia, que tuvieron lugar dentro del juicio oral ordinario civil *******, del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a que el quejoso no los impugna de manera destacada, al hacer depender su inconstitucionalidad del emplazamiento, por lo que no procede hacer pronunciamiento específico respecto de cada uno de ellos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo contra el acto reclamado al Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de radicación de seis de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio oral ordinario civil ******* de su índice, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establecen los artículos 97, fracción I, inciso e) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de treinta de abril del año en curso, mediante el cual se desecharon las pruebas confesional a cargo del quejoso ******* y de *******, así como la testimonial a cargo de los actuarios y ministros ejecutores ******* y ******* y de los dos vecinos del quejoso, cuyos nombres refiere la tercera interesada ignora; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano