Arturo Ampudia Amaro
Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 33 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Ampudia Amaro
- Integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, la comparecencia de cuenta, por medio del cual, la parte quejosa ratifica la firma y el contenido del escrito presentado en este Juzgado Federal el once de octubre de dos mil veintidós, registrado bajo el folio 27773, por el que refiere desistirse a su más entero perjuicio del juicio de amparo citado al rubro, lo anterior por así convenir a sus intereses; dando así cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de trece del mismo mes y año. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Arturo Ampudia Amaro solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: SEGUNDO. El quince de junio de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 767/2022, requirió a las responsables sus informes justificados, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, Posteriormente, el doce de julio del presente año, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por cuanto a los siguientes actos reclamados: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La medida precautoria consistente en la suspensión laboral provisional decretada en sesión extraordinaria de nueve de junio de dos mil veintidós, así como el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. La retención y entrega del 30% de sus percepciones salariales. La reducción y retención de su salario. La suspensión de la percepción identificada como CONT A CARGO TRAB PAG CF1032, con clave P130. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables, negaron los actos reclamados consistentes en la reducción y retención de su salario a más del 30%, así como la suspensión del pago de diversas percepciones. Por cuanto a los actos anteriormente referidos, las autoridades señaladas como responsables en su informe justificado, negaron categóricamente la existente de los mismos. A pesar de lo anterior, la parte quejosa no aportó probanza alguna que fuera apta para desvirtuar dicha negativa, aun cuando le correspondía la carga de probar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que los actos reclamados resulten inexistentes. Asimismo señaló la autoridad responsable Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, indicó no es cierto el acto que se le reclama, consistente en que haya negado al quejoso el pago de sus percepciones al treinta por ciento, asimismo remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado, relativa a recibos de nómina correspondientes a la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. Luego, toda vez que la parte quejosa omitió ofrecer prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable o en su caso demostrar la existencia de tales actos, emerge la causal de sobreseimiento prevista en la invocada disposición legal, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de base para la anterior precisión, la tesis jurisprudencial Sexta Época. Registro: 1002350. Instancia: Pleno. Jurisprudencias. Fuente: Apéndice 1917- Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento. Materia: Común. Tesis: 284. Página: 305, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Por cuanto a la existencia de los actos reclamados consistentes en la suspensión laboral provisional decretada en sesión extraordinaria de nueve de junio de dos mil veintidós, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, y la retención de sus percepciones salariales. Las autoridades señaladas como responsables, aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la suspensión laboral provisional decretada en sesión extraordinaria de nueve de junio de dos mil veintidós, inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, y el pago del 30% de sus percepciones salariales, lo cual se corrobora con las constancias remitidas por las responsables en apoyo a sus informes con justificación, a los que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Y la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación referente al año 2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Procedencia del juicio. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben ser examinadas de oficio, en tanto señala: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Asimismo, la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Con la finalidad de establecer el alcance del precepto transcrito, debe tenerse presente que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. A efecto de cumplir dicho objetivo, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a que se hace referencia, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando de manera formal subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, aun en el caso de concluirse que el referido acto resulta inconstitucional. También podría darse el caso de que la sentencia concesoria no produzca algún efecto en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera de derechos del quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, del mes de diciembre de dos mil seis, con registro 173858, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, para una mejor comprensión del asunto, debe decirse que de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que el veintiocho de septiembre del presente año, la parte quejoso Arturo Ampudia Amaro, compareció ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para celebrar convenio para finiquitar la relación laboral con el Poder Judicial del Estado de Morelos y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el cual se tuvo por aprobado y sancionando de conformidad con las partes, ordenándose el archivo del expediente relativo. Posteriormente, el once de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa presentó escrito ante este órgano jurisdiccional, mediante el cual se desistía de la presente demanda de amparo. Detallado lo anterior, es claro que los actos que reclama la parte quejosa, consistentes en la suspensión laboral provisional decretada, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, y la retención de percepciones salariales, subsistieron formalmente en la esfera jurídica de la parte quejosa; sin embargo, se insiste de autos se advierte que el veintiocho de septiembre pasado, se llevó a cabo convenio que fue firmado de conformidad por las partes, por lo que los actos reclamados dejaron de tener efectos legales. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien los actos reclamados, subsistieron formalmente, también lo es que dejaron de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por lo que las repercusiones jurídicas aludidas ya cambiaron. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, visible en la página 435 del Tomo XII, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 214694, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Así como la diversa tesis aislada, visible en la página 215 del Tomo XII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 222944, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO EXISTIR EL OBJETO O MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si en virtud de haberse dictado ejecutoria de garantías, la autoridad responsable debe restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, acorde con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de la materia, nulificando el procedimiento subsecuente a aquella violación, el acto reclamado en ese nuevo amparo, posterior a esas actuaciones, no podrá surtir efecto legal o material, al quedar anulado el procedimiento que lo contiene, acorde con lo dispuesto por la Ley de Amparo en el sentido de que: "Art. 73.-El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.", y en esas condiciones, el nuevo juicio de garantías debe sobreseerse." Por lo expuesto y fundado, se r e s u e l v e: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Ampudia Amaro, contra los actos reclamados a las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por el Presidente y Tercer Árbitro y la Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. De igual forma, se tiene a la autoridad referida, dando cumplimento al requerimiento realizado en auto de cinco de octubre de la presente anualidad, dejándose sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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