Arturo Álvarez Lacroix
Expediente 147/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 09/02/2023
Partes del expediente
- Arturo Álvarez Lacroix
- Arturo Álvarez Lacroix y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiuno de junio del año en curso (foja 194 a 200), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 8725 (foja 140), la autoridad responsable Juez en Materia Penal de Catazajá-Palenque, con residencia en el municipio de Catazajá, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas."En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables -en lo que interesa- al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y Director de la Policía Especializada de la Procuraduría General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente:La orden de aprehensión de cuatro de enero de dos mil diecisiete, decretada dentro de la causa penal 134/2016, del índice del Juzgado en Materia Penal de Catazajá-Palenque, con residencia en el municipio de Catazajá, Chiapas, en contra del quejoso Arturo Álvarez Lacroix y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Abigeato Agravado cometido en agravio de ***.Mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 93 a 118), pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el diecinueve de mayo del año en curso (fojas 128 y 129), concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***.EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORALos efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma:Deje insubsistente la orden de aprehensión que se dictó el cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal 134/2016, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso, y;En su lugar, con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de afectación de la analizada, pero purgando los vicios formales que la afectan y que quedaron precisadas en el presente considerando; o bien, con un sentido diverso, en virtud de que la concesión del amparo únicamente anula el acto reclamado, pero no restringe el imperio de la autoridad judicial para emitir otra resolución conforme a derecho en uso de sus propias e inherentes atribuciones legales.Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al 2. Director General de la Policía Especializada en el Estado, con residencia en esta ciudad, y 3. Comandante Regional de la Policía Especializada, en la ciudad de Palenque, Chiapas, toda vez que fueron señalados como autoridades ejecutoras y si el acto reclamado de la ordenadora fue considerado violatorio de derechos fundamentales, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretenden ejecutarlaACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTOPor oficio registrado con el folio 8725 (foja 140), la autoridad responsable Juez en Materia Penal de Catazajá-Palenque, con residencia en el municipio de Catazajá, Chiapas, informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión que constituyó el acto reclamado, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 134/2016; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVOEn efecto, el Juez en Materia Penal de Catazajá-Palenque, con residencia en el municipio de Catazajá, Chiapas, mediante oficio registrado con el folio 8725 (foja 140), dejó sin efecto la orden de aprehensión de cuatro de enero de dos mil diecisiete y con libertad de jurisdicción, emitió resolución en la que ordenó la búsqueda y aprehensión del quejoso Arturo Álvarez Lacroix, por el hecho delictivo denominado "abigeato agravado", en la que purgó los vicios formales que afectaban el acto reclamado, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo.Esto es, la autoridad vinculada pronunció una nueva resolución dentro de la causa penal 134/2016, en la que fundó y motivó la orden de aprehensión en contra del quejoso, como probable responsable del delito de abigeato agravado, de manera que su pronunciamiento cumple con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación.Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que el quejoso conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que la afectada pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto la orden de aprehensión de cuatro de enero de dos mil diecisiete, librada en la causa penal 134/2016, y con libertad de jurisdicción emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda.A decir verdad, la autoridad responsable en el nuevo acto precisó los requisitos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, siendo que estableció como lugar de los hechos el rancho del ofendido denominado "El Soltero", en el municipio de Palenque, Chiapas y la forma en que sucedieron, pues la conducta del autor del delito fue tipificada en la normal penal; además narró las circunstancias que dieron origen al ilícito de abigeato agravado, con lo que cumplió con los requisitos de señalar las circunstancias en que acontecieron los hechos y la conducta delictiva, lo que además constató con los medios de prueba que detalló en el nuevo acto.Esto es, de una manera fundada y motivada, resolvió que era procedente el ejercicio de la acción penal, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma; esto es, llevó a cabo el análisis de los datos de prueba aportados por el Fiscal del Ministerio Público y motivó su actuación, para afirmar que eran suficientes para acreditar la comisión del hecho delictivo "abigeato agravado" y la probabilidad de que el quejoso participó en el mismo, lo que sostuvo con el sancionado artículo 291, párrafos primero y segundo, fracción IV, y agravado por el artículo 292, párrafo primero, inciso a), en relación al 10, 14 párrafos primero y segundo, fracción I, 15, párrafos primero y segundo y 19, párrafos primero y segundo, fracción II, del Código Penal del Estado.A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal.De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial.Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos.Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción.Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional".CONTESTACIÓN A MANIFESTACIONES Mediante escrito registrado con el folio 9193 (foja 186), la parte quejosa, expresó su inconformidad con la determinación de la autoridad responsable Juez en Materia Penal de Catazajá-Palenque, con residencia en el municipio de Catazajá, Chiapas, pues aduce que en la causa penal no se cuentan datos que permitan evidenciar las circunstancias de ejecución del delito, tales como el tiempo, modo y lugar, por lo que resulta improcedente haber librado la orden de aprehensión dentro de la causa penal 134/2016; además, aduce que a los terceros interesados no les asiste el derecho jurídico para señalarlo como responsable del delito de abigeato agravado.Contrario a lo manifestado por el peticionario, la autoridad responsable expresa en la determinación de veintiséis de mayo actual, el delito que se le fue imputado al quejoso, y de manera detallada integra los elementos que lo constituyen, así como los requisitos de lugar, tiempo y circunstancia de ejecución; es decir, señaló el sitio determinado donde ocurrió el hecho punible, así como el momento en que éste aconteció y expresó de manera clara y detallada el modo en que sucedió (foja 141 a la 182), por lo que resulta ser suficiente para sostener que la ejecutoria de amparo, se encuentra cumplida; pues basta con analizar en su totalidad el nuevo acto para que la suscrita observe, que la autoridad responsable cumplió de manera total y cabal el fallo protector.CUMPLIDA EJECUTORIAEn las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria.Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente."VISTA A LAS PARTESSe da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.EXPEDICION DE COPIASFinalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa copias simples que refiere en su escrito de cuenta, previa razón de recibo que se deje en autos, de la persona que autoriza para tal efecto; por lo tanto, deberá acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas en día hábil.Notifíquese personalmente.
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