Arturo Alonso Ibarra Jiménez

Expediente 697/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
697/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
26/09/2017

Partes del expediente

  • Arturo Alonso Ibarra Jiménez
  • Congreso del Estado de Baja Californiaa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete (foja 173). En dicho proveído, se requirió al quejoso a efecto de que dentro del término señalado compareciera ante las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, a recibir el cheque 114827, emitido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos (foja 173); por lo que al no haber realizado manifestación alguna se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que en doce de julio de dos mil diecisiete, este juzgado dictó resolución en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y en la que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Arturo Alonso Ibarra Jiménez (fojas 91 a 111), misma que causó ejecutoria el tres de agosto del presente año (fojas 131 a 133); para los siguientes efectos: ? Se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar el impuesto que se establece en los artículos 14 y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, relativo al impuesto para mantenimiento de las vías públicas, mientras existiera el vicio de inconstitucionalidad advertido; asimismo, para que se le devolviera la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos citados $511.28 pesos (quinientos once pesos 28/100 moneda nacional). ? En lo correspondiente al artículo 12, fracción II, inciso A), numeral 1, subinciso a), y el inciso A), numeral 3, subinciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, se concedió la protección constitucional, para que el quejoso cubriera la cuota mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos de la disposición legal de que se trata, a saber, las cantidades de $177.62 (ciento setenta y siete pesos 62/100) y $123.63 pesos (ciento veintitrés pesos 63/100 moneda nacional) fijadas para el trámite de las motocicletas por el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis. ? Lo anterior en virtud de que los efectos de la concesión no se traducen en liberar al quejoso de la totalidad del pago del derecho, porque en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público, por lo que, en respeto a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad la protección de la justicia federal, fue para que cubriera la cuota mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos de la disposición legal de que se trata. ? Por tanto, la Recaudación de Rentas de Mexicali, deberá devolver la cantidad excedente que cubrió el quejoso por los servicios prestados por concepto de expedición de calcomanía y revalidación de tarjeta de circulación y placas para automóviles y camiones, consignados en el recibo de ingresos con número de folio 11CE8838, expedido el ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 86), por la oficina de Recaudación de Rentas del Estado, monto que deberá devolver debidamente actualizado; desincorporando de esta forma de su esfera jurídica la porción normativa del precepto reclamado que resultó inconstitucional, la que no le será aplicada mientras se encuentre vigente. Mediante dicho acuerdo se requirió a las autoridades responsables Congreso, Gobernador, ambos del Estado de Baja California y Recaudación de Rentas de Mexicali, todos con domicilio en esta ciudad, por el debido cumplimiento de la misma. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia referida el Procurador Fiscal del Estado de Baja California, actuando en representación del Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y Director de Ingresos del Estado, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, comunicó a este órgano jurisdiccional que se expidió el cheque 114827, a nombre del quejoso Arturo Alonso Ibarra Jiménez, el cual se puso a disposición del mismo para su cobro, en las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, ubicadas en calzada Independencia, 994, Centro Cívico y Comercial, de esta ciudad, remitiendo al efecto copia certificada del cheque mencionado (fojas 171 a 173). Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. En el entendido que la materialidad del derecho adquirido en la sentencia queda a potestad del quejoso de comparecer ante la autoridad responsable, cuestión que hasta este momento no obra en autos constancia que lo haya realizado, de ahí que no existe acto que cumplir por las responsables; por lo mismo la presente determinación. Hágase del conocimiento de la parte agraviada el presente proveído para los efectos del primer párrafo del precepto 202 de la Ley de Amparo, debiendo archivarse el presente expediente como asunto concluido. Realícense las anotaciones en el libro respectivo, en la inteligencia de que el mismo es susceptible de depuración, a partir del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción IV, punto vigésimo primero, capítulo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Así mismo, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De igual manera, vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el presente juicio existe documento original exhibido por la parte quejosa; por tanto, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución del mismo, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dicho documento seguirá la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 16577, 16578 y 16579

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta enviado por el Procurador Fiscal del Estado de Baja California, actuando en representación del Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y Director de Ingresos del Estado, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se expidió el cheque 114827, a nombre del quejoso Arturo Alonso Ibarra Jiménez, el cual se pone a disposición del mismo para su cobro, en las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, ubicadas en calzada Independencia, 994, Centro Cívico y comercial de esta ciudad, solicitando que por conducto de este órgano jurisdiccional se haga del conocimiento del impetrante del juicio de amparo para que en su oportunidad acuda a cobrar el referido documento, remitiendo al efecto copia certificada del cheque mencionado. Por tal motivo, se requiere al quejoso, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, comparezca acompañado de identificación oficial ante las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, ubicadas en calzada Independencia, 994, Centro Cívico y comercial de esta ciudad, a recibir el cheque 114827, emitido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por la autoridad.

  3. Principal

    .....procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso Arturo Alonso Ibarra Jiménez, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de once de septiembre de dos mil diecisiete........Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta enviado por el Procurador Fiscal del Estado de Baja California, actuando en representación del Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y Director de Ingresos del Estado, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se expidió el cheque 114827, a nombre del quejoso Arturo Alonso Ibarra Jiménez, el cual se pone a disposición del mismo para su cobro, en las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, ubicadas en calzada Independencia, 994, Centro Cívico y comercial de esta ciudad, solicitando que por conducto de este órgano jurisdiccional se haga del conocimiento del impetrante del juicio de amparo para que en su oportunidad acuda a cobrar el referido documento, remitiendo al efecto copia certificada del cheque mencionado. Por tal motivo, se requiere al quejoso, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, comparezca acompañado de identificación oficial ante las oficinas de la Dirección de Egresos del Estado, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, ubicadas en calzada Independencia, 994, Centro Cívico y comercial de esta ciudad, a recibir el cheque 114827, emitido a su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por la autoridad.

  4. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, otorgado mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (foja 156), a la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, y a su superior jerárquico Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan dado cabal cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Estado de Baja California en Mexicali, con sede en esta ciudad, así como a su superior jerárquico, siendo la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con residencia en esta ciudad; a la primera para que: - Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar el impuesto que se establece en los artículos 14 y 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, relativo al impuesto para mantenimiento de las vías públicas, mientras exista el vicio de inconstitucionalidad advertido; asimismo, para que se le devuelva la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los preceptos citados $511.28 pesos (quinientos once pesos 28/100 moneda nacional). - En lo correspondiente al artículo 12, fracción II, inciso A), numeral 1, subinciso a), y el inciso A), numeral 3, subinciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, se concede la protección constitucional, para que el quejoso cubra la cuota mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos de la disposición legal de que se trata, a saber, las cantidades de $177.62 (ciento setenta y siete pesos 62/100) y $123.63 pesos (ciento veintitrés pesos 63/100 moneda nacional) fijadas para el trámite de las motocicletas por el ejercicio fiscal del dos mil dieciséis. - Lo anterior en virtud de que los efectos de la concesión no se traducen en liberar al quejoso de la totalidad del pago del derecho, porque en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público, por lo que, en respeto a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad la protección de la justicia federal, será para que cubra la cuota mínima fijada a los individuos que reciben el mismo servicio en términos de la disposición legal de que se trata. - Por tanto, la Recaudación de Rentas de Mexicali, deberá devolver la cantidad excedente que cubrió el quejoso por los servicios prestados por concepto de expedición de calcomanía y revalidación de tarjeta de circulación y placas para automóviles y camiones, consignados en el recibo de ingresos con número de folio 11CE8838, expedido el ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 86), por la oficina de Recaudación de Rentas del Estado, monto que deberá devolver debidamente actualizado; desincorporando de esta forma de su esfera jurídica la porción normativa del precepto reclamado que resultó inconstitucional, la que no le será aplicada mientras se encuentre vigente." En cuanto a la segunda autoridad, de conformidad con el artículo 194 de la Ley de Amparo, en su calidad de superior jerárquico, quien se encuentra obligado a conminar a aquélla a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, instruya a la autoridad responsable. Para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, den cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo dictada en autos; con el apercibimiento que en caso de no dar el cumplimiento debido, se procederá en los términos de los artículos 193 y 194, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; es decir les será impuesta una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Los dispositivos 192, 193 y 194 de la Ley en comento, medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." "Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo." En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 15378 y 15379

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