Arturo Alonso Diaz Mejia
Expediente 1283/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1283/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Alonso Diaz Mejia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, por medio del cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el nueve de agostode dos mil diecinueve, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
...SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE... NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Titular de la Delegación Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, designa como representante especial del quejoso a *** Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos. En tal sentido, requiérase al citado representante para que dentro del improrrogable término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificado de este auto, comparezca ante este Juzgado de Distrito debidamente identificado a efecto de que acepte y proteste el cargo conferido, lo anterior, de conformidad con el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en la inteligencia que de no hacerlo en el término concedido, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público ***
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, en la cual el quejoso *** refiere: "solicito se me designe un defensor de oficio" Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis jurisprudencial 43/2019 (10a.), aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, estableció lo siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. De dicho criterio, se deprende que para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva en los juicios de amparo indirecto en materia penal, el quejoso privado de su libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Asimismo, que en caso de que dicho quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio a través de la defensoría pública correspondiente (federal o local). En ese sentido, se advierte que el Alto Tribunal estableció que el nombramiento de defensor puede ser a través de la defensoría pública federal o local, sin establecer algún criterio para determinar cuándo procede la designación de uno u otro. Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja 208/2018, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, estableció que el requerimiento de la prestación de ese servicio a la institución federal o estatal, debe reservarse al juez federal en ejercicio de su prudente arbitrio, en su calidad de perito en derecho y de conformidad con la legislación aplicable, pues se parte de la idea de que el conocimiento jurídico del juez y su obligación de hacer respetar los derechos fundamentales del quejoso, suplen la voluntad de éste. Asimismo, estableció que si el artículo 1 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, establece que el objeto de esa legislación es prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, como lo es material y formalmente el juicio de amparo, es apegado a derecho ordenar la designación a través de dicha dependencia. Máxime que el servicio de asesoría pública lo es para el trámite del juicio de amparo, que formal y materialmente es del orden federal, con independencia de la naturaleza y el fuero de la legislación que haya motivado el acto reclamado, cuestión de fondo que solo corresponde al juzgador resolver. En esa tesitura, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 Constitucional, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, 4° fracciones I y II y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, requiérase al Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico o defensor público a ***, a efecto de que, por su conducto, le sea explicado de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. Por lo que, tal nombramiento tendrá que hacerlo del conocimiento de este órgano constitucional, asimismo, deberá de informar el domicilio en donde pueda ser notificado de manera personal. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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