Arturo Almanza Jiménez
Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arturo Almanza Jiménez
- Juez de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad
Actuaciones
- Principal
SE ORDENA DAR VISTA A LAS PARTES CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN RELACIÓN A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 128/2023, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, en unión del secretario Juan García Trejo, que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Asimismo, se da cuenta con la promoción con registro 3992, signada por el presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, al que anexa informe justificado. En relación con lo anterior, el juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias, leídas las mismas y rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta al Juez con las pruebas documentales que obran agregadas en autos, así como las que ofreció la citada autoridad. Enseguida, en el periodo de alegatos, se asienta que ninguna de las partes los formuló, con lo que se tiene precluido su derecho a expresarlos; y con ello se cierra este periodo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho proceda. catorce de enero de dos mil veinte V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 128/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el veintisiete de enero de dos mil veintitrés ********************por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en el artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 128/2023; se admitió a trámite mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de amparo a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, no obstante que la quejosa en el capítulo de acto de reclamado señala como tal la omisión de dictar laudo, lo cierto es que de la lectura del escrito de demanda se advierte que el mismo se hace consistir en: La dilación procesal que hace consistir en la omisión de emitir el acuerdo de admisión de pruebas dentro del juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe con justificación, señaló que es parcialmente cierto el acto reclamado, sin embargo, de su informe se advierte que a la fecha en que se actúa no ha emitido auto por el cual se pronuncie en relación a las pruebas ofrecidas por las parte en el juicio laboral ********************. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de algunas actuaciones realizadas en el juicio laboral citado; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narrarán los antecedentes del acto reclamado: 1. ********************instauró una demanda laboral ante el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, en contra del ********************, radicándose el juicio con el número ********************. 2. En ese juicio, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el once de mayo de dos mil veintidós, en la cual se ofrecieron pruebas por las partes y la autoridad responsable se reservó el derecho de acordar las mismas sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto. De ahí que, la dilación se hace consistir en la omisión de dictar auto de admisión de pruebas en el expediente ********************, constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. La quejosa argumenta, que el Tribunal responsable ha omitido dictar auto de admisión de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral, dentro del juicio laboral ********************, lo que resulta violatorio del derecho fundamental de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional. El motivo de inconformidad anterior resulta substancialmente fundado, conforme a lo siguiente: El artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En ese contexto, en los juicios laborales, el retraso u omisión en la realización de los actos previos indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio, es decir, ocurre un desfase en el procedimiento que ocasiona que la dilación subsista con independencia de que ya se hayan realizado aquéllos. En efecto, la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De lo expuesto, resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Aunado, a que en su caso, la concesión de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y de la etapa procesal en la que se determinó la existencia de la dilación. Tiene aplicación la tesis que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En consecuencia, la reparación de la dilación que se determine en los juicios laborales no puede exceder de la etapa procesal involucrada en el acto reclamado, es decir, la concesión no podría extenderse a fases subsecuentes del proceso. En ese contexto, los artículos 258 y 259 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 258.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I.- La o el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después la o el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las de la o el demandado; II.- Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte; y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que la o el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III.- Las partes deberán ofrecer sus pruebas observando las disposiciones contenidas en el capítulo VI de este título; y IV.- Concluido el ofrecimiento, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche, expresando los motivos y fundamentos de ello, salvo que por su volumen exceda de quince medios probatorios, el Tribunal podrá reservarse respecto a su admisión, misma que deberá ser dictada dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de desahogo de la audiencia. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE ENERO DE 2021) Artículo 259.- El Magistrado Ponente, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de las audiencias de desahogo de pruebas, mismas que deberán llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes a su admisión, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios necesarios para recabar los informes y copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio, con los apercibimientos señalados en esta Ley. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2009) El Tribunal procurará concentrar el desahogo de pruebas en el número menor de diligencias posibles y a ese efecto, dictará las medidas necesarias. En beneficio de la concentración podrá ordenar el desahogo de las pruebas que estén debidamente preparadas aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas procurando que en todo caso que se reciban primero las de la o el actor y después las de la o el demandado. El periodo de desahogo no deberá exceder de treinta días, en caso de que por alguna causa ajena al Tribunal se suspenda su desahogo dentro del término a que se refiere el párrafo anterior. . Del citado precepto 258 en su fracción IV dispone que concluido el ofrecimiento, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche y en caso de que por su volumen exceda de quince medios probatorios, el Tribunal podrá reservarse respecto a su admisión, misma que deberá ser dictada dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de desahogo de la audiencia. Por otro lado, es evidente la responsable ha sido omisa en dictar proveído por el cual se pronuncie en relación a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************. Por tanto, asiste la razón a la impetrante de amparo, respecto a que no se le ha administrado justicia en los plazos y términos que fija la Ley del Servicio Civil; de ahí que es inconcuso deducir que el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, ha inobservado lo dispuesto por el artículo 258, fracción IV, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Así las cosas, es de señalarse que la consecuencia lógica de no dictar auto por el cual se admitan las pruebas ofrecidas por las partes implica una violación al artículo 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta, además considerando que el tiempo de retraso de la aquí responsable, desde el el once de mayo de dos mil veintidós, fecha en que se ofrecieron las pruebas a la presentación de la demanda de este juicio han transcurrido más de nueve meses, sin que haya sido desahogada la testimonial en comento. De ahí que su actuar omisivo, como se vio, irroga una vulneración al artículo 17 constitucional. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En conclusión de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determina con precisión los efectos de la concesión de amparo, para que de manera inmediata proceda a pronunciarse acerca de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************contra el acto reclamado al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, con residencia en esta ciudad, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero y para los efectos indicados en el diverso sexto del presente fallo. Notifíquese Así lo resolvió y firma, Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido Juan García Trejo, secretario con quien actúa.- Doy fe. Zacatecas, Zacatecas a siete de marzo de dos mil veintitrés, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de marzo de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 26 BIS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: QUE LA HORA DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA NO COINCIDE CON LA HORA DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE AUDIENCIA, DEBIDO A LA DINÁMICA DE TRABAJO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. CONSTE. ZACATECAS, ZAC., A 07 DE MARZO DE 2023. EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. JUAN GARCÍA TREJO.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Almanza Jiménez, contra actos del Tribunal Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 128/2023 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. Al respecto se facultan a los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, a celebrar audiencias por el método de videoconferencias. Por lo tanto, si las partes consideran indispensable su asistencia en la audiencia constitucional, podrán solicitarlo a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones tecnológicas necesarias para establecer el enlace correspondiente, en la inteligencia que dicha asistencia no es obligatoria, pues el numeral 124 de la Ley de Amparo, la establece como una posibilidad, no como una carga procesal. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se apertura el incidente del acto reclamado, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó expresamente en su demanda de amparo. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Por otro lado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán presentar las promociones que a su parte corresponden, haciendo uso de los medios reconocidos por la Ley de Amparo, esto es, en forma escrita, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, en relación con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues si bien es cierto que el referido artículo 3° de la ley de la materia, reconoce los escritos en forma electrónica, los que producirán los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como la opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales; también lo es que los mismos deben presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica (FIREL) de conformidad con el conforme a lo dispuesto por el citado artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previo registro en éste. De ahí que, no será asequible tener por recibidas las promociones presentadas por su parte, vía correo electrónico. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a las demás partes, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento, de ser así remitan las constancias que la acrediten. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Con los elementos que existen al momento, no se advierte persona a quien pudiera recaer el carácter de tercero interesado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a Manuel de la Vega Fernández, y Ana María Breceda Domínguez; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. En consecuencia, habilítese la consulta de las actuaciones que integran el presente juicio a través del expediente electrónico; por tanto, gírense instrucciones al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que la representante adscrita a este órgano jurisdiccional, con usuario autorizado HectorR visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa y se le notifique electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su ocurso, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados; con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A HACER USO DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SE FACULTA AL ACTUARIO TESTAR DENOMINACIÓN INCORRECTAS DE AUTORIDADES. En caso de que, al momento de la notificación a las autoridades responsables, el actuario sea informado que la denominación es incorrecta y que por esa razón se rehúsen a recibir el oficio, se faculta al notificador para que, en el acto, teste la denominación incorrecta y de puño y letra consigne el nombre de la autoridad que le sea proporcionado, a fin de que el oficio sea recibido; realizará lo mismo con el acuse de recibo el cual hará las veces de certificación. En la inteligencia de que las autoridades quedan obligadas a su recepción. REMISIÓN DE OFICIOS. Finalmente, se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese....
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