Arturo Alfredo Peña Ponce

Expediente 643/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
643/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Arturo Alfredo Peña Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, transcurrió del veinte al veintiséis de mayo del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Arturo Alfredo Peña Ponce, ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibió en su demanda inicial, apercibida que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro Archivístico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, transcurrió del veinte al veintiséis de mayo del año en curso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Arturo Alfredo Peña Ponce, ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibió en su demanda inicial, apercibida que de no hacerlo, se enviará junto con el expediente al Centro Archivístico.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México; por medio del cual, manifiesta que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Al efecto, exhibe la resolución ********************, de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo. Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ******************, ya que, como se explicara más adelante se actualizan una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La parte quejosa señaló en su escrito de demanda como acto reclamado lo que a continuación se indica: La omisión de dar contestación a los escritos de petición de veintinueve de marzo y uno de abril, ambos del dos mil veintiuno. Atento a lo dispuesto en los numerales 61 y 113, de la ley de la materia, el suscrito procede al estudio de las causales de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procedería al desechamiento de plano de la demanda. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda y anexos que se acompañan, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8º constitucional, y 113 de la ley de la materia este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el libelo de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Los artículos legales en comento, en la parte que resulta aplicable textualmente disponen: "LEY DE AMPARO. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley (...) Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (.) Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario (...)" El derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo titular son los gobernados, se refiere a la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, por virtud de la cual el Estado y las autoridades, a través de los funcionarios o empleados, están obligados a dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud formulada y darse a conocer en breve término al interesado. El derecho de pedir es la potestad de acudir a las autoridades del Estado, con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito respecto de la solicitud o petición que el gobernado presente. No obstante lo anterior, nuestro Máximo Tribunal del País, también resolvió jurisprudencialmente que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Esto es, la nueva reflexión del Máximo Tribunal del País aclaró que el artículo 8° constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; pero por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen por los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que concluyó que resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8°, constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Esto debido a que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1°, constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Así, la reflexión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.". Con base en lo expuesto, resulta válido sostener que en el caso la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque es absolutamente claro y se tiene certeza de que la omisión que se reclama se relaciona con el derecho de petición en términos del artículo 8º constitucional, y con motivo de los escritos presentados en relación con un expediente administrativo (RR/103/05), lo que revela que no se trata de una abstención autónoma. De manera que la presente determinación no se presume ni se basa en indicios, e incluso se llegaría a la misma conclusión independientemente de los demás elementos que se pudieran aportar al expediente (informes, pruebas y alegatos). Conclusión Al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, y 217 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8º constitucional, y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios a Hugo Corona Pérez, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo, en atención a la certificación de cuenta y toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Devolución de documentos Con fundamento en los artículos 142 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dígase al promovente que por el momento no es procedente acordar favorable su petición hasta en tanto quede concluido el presente asunto, momento en el que podrá solicitar la citada devolución; sin embargo, queda expedito su derecho a efecto de solicitar copia certificada de la constancia a la que se hace referencia en el ocurso que se provee. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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