Arturo Alejandro Rodríguez Murillo
Expediente 1425/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/10/2019
Partes del expediente
- Arturo Alejandro Rodríguez Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 11685/2019, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el toca de revisión principal número 287/2018, de su índice, que en sus puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto atribuido al Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Jalisco, consistente en el oficio RH/284/2018, de treinta de enero de dos mil dieciocho, por las razones expresadas en el considerando cuarto de la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********, en contra de los actos consistentes en el oficio RH/284/2018, de treinta de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Encargado del Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco, así como del auto de avocamiento de siete de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Director de lo Jurídico de dicha Comisaría, por el cual se instauró el procedimiento administrativo de responsabilidad 018/FS/18, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución." Acúsese recibo de estilo respectivo; glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, los efectos de la ejecutoria de referencia, son del tenor literal siguiente: "de que la autoridad señalada como responsable para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dejen insubsistente el oficio RH/284/2018, de treinta de enero de dos mil dieciocho, así como el auto de avocamiento de siete de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Director de lo Jurídico de la Comisaría mencionada, por el cual se instauró el procedimiento administrativo de responsabilidad 018/FS/18, en contra del impetrante, así como todas las actuaciones posteriores llevadas a cabo en dicho procedimiento". Por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a las autoridades responsables Encargado del Despacho de la Jefatura de Recursos Humanos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Jalisco, Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Jalisco y la Dirección Jurídica de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Jalisco, para que en el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de mérito observando los efectos señalados en líneas anteriores; se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 03/09/2019, QUE DICE: JTéngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 473/2018; en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se deja firme la parte conducente del resolutivo primero de la sentencia recurrida, así como intocado su resolutivo segundo. SEGUNDO. En la materia de la revisión se MODIFICA la sentencia impugnada. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de: 1. Enrique Vizcaíno de Aguinaga, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario del fideicomiso constituido ante la fiduciaria Bansí, sociedad anónima, institución de banca múltiple, por lo que hace a los artículos 46, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; y 32, fracción II, inciso b), punto 1, de la ley de ingresos de esa misma municipalidad, vigente en dos mil dieciocho; y, 2. Tivice, sociedad anónima de capital variable, respecto del citado artículo 46, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Marcelino Cervantes Morales, en contra de los artículos 46, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; y 32, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos de esa misma municipalidad, vigente en dos mil dieciocho; para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, así como en la propia sentencia recurrida.". Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio de cuenta, se desprende que los efectos precisados por el tribunal colegiado en mención, son los siguientes: "(.) motiva revocar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo respecto del señor Cervantes Morales y hacer extensiva a su favor la concesión del amparo otorgada a otros quejosos respecto de los citados artículos 46, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; y 32, fracción II, inciso b), punto 1, de la ley de ingresos de esa misma municipalidad, vigente en dos mil dieciocho. (.) Así las cosas, lo que procede es modificar la sentencia recurrida, en la materia de la revisión, y conceder el amparo solicitado por Marcelino Cervantes Morales, en contra de los artículos 46, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; y 32, fracción II, inciso b), punto 1, de la ley de ingresos de esa misma municipalidad, vigente en dos mil dieciocho; para los efectos precisados en la propia sentencia recurrida y conforme a la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO)". Ahora bien, por otra parte, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, concedió el amparo y protección a la quejosa María Gricelda Pérez Guitérrez, para los efectos siguientes: "(.) Efectos de la protección constitucional. Con apoyo en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, y dado que la concesión deriva de la inequidad de los preceptos legales combatidos, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica a los peticionarios de amparo la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevean una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo se les haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la parte promovente en un estado privilegiado; además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. En ese tenor, habrá de desincorporarse de la esfera jurídica la obligación de calcular el impuesto predial conforme a lo establecido en los artículos 46, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, y 32, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, únicamente a la quejosa María Gricelda Pérez Gutiérrez (7), quien de acuerdo con el recibo electrónico número 164678 expedido por la Tesorería del Municipio de Zapopan, Jalisco, el diez de enero de dos mil dieciocho, liquidó el costo del impuesto predial correspondiente al inmueble cuya clave predial es 12014H1-202-0010-0041 y cuenta número 1114325603, por los años de dos mil diecisiete y dos mil dieciocho (folio 187 del expediente de amparo). Asimismo, habrá de desincorporarse de la esfera jurídica la obligación de calcular el impuesto predial conforme a lo establecido en el artículo 32, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, a los quejosos y respecto de los inmuebles cuyas claves prediales y cuentas se advierten de los recibos electrónicos que les fueron expedidos el doce de enero de dos mil dieciocho por parte de la Tesorería del Municipio de Zapopan, Jalisco. De tal manera que la restitución a la quejosa María Gricelda Pérez Gutiérrez (7) en el pleno goce del derecho fundamental transgredido consistirá en hacerle extensiva en lo presente y en lo futuro la tasa del 0.23 (cero punto veintitrés), prevista en el artículo 46, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, así como en el diverso numeral 32, fracción II, inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Gobernador y Congreso del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo VI, Octubre de 1977, que se localiza en la página 414, que reza: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, para que en el término de tres días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, cumplimente la ejecutoria de mérito, en los términos señalados en la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, así como en la ejecutoria dictada por la Superioridad el veintidós de agosto próximo pasado, para lo cual, se le remite copia simple de las referidas resoluciones, para efecto de que se encuentre en condiciones de cumplimentar a cabalidad la ejecutoria de amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, no haya sido señalada como autoridad responsable en el presente asunto, toda vez que para lograr el estricto cumplimiento de las medidas de restauración aquí adoptadas, las autoridades responsables y todas aquellas que en razón de sus funciones tengan a su cargo la realización de algún trámite sobre la materia de este asunto, quedan constreñidas a ejecutar todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, dentro de los límites de su competencia. Así lo establece el artículo 77, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo actualmente vigente y la jurisprudencia mil trescientos treinta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cuatrocientos noventa y tres del Tomo II del Apéndice 1917 a septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, con registro electrónico 1003209, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". De igual manera, con fundamento en el citado numeral 192 de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico del Jefe de Servicio de Administración Tributaria, esto es, a la Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, para que en el mismo término concedido a la responsable, acredite haber conminado a ésta a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. POR TANTO, UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE 15 DÍAS PARA INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DEL PRESENTE PROVEÍDO, SE PROVEERÁ LO RELATIVO AL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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