Arturo Alberto Vera Torres
Expediente 58/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/03/2016
Partes del expediente
- Arturo Alberto Vera Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído del dieciséis de febrero pasado (foja 33), notificado legalmente el día siguiente, por el que, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días otorgado al quejoso *****, para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveídos de veinte de enero y ocho de febrero del año en curso (fojas 17 a 18 y 27 a 29), sin que así lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado y con fundamento en los numerales 108, fracción I y 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respetivas en el libro de gobierno. Finalmente, en atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso Arturo Alberto Vera Torres, pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciséis; lo anterior es así, en virtud de que dicho escrito fue presentado fuera del término concedido para ello.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa S*****, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó el amparo solicitado. De conformidad con lo que establecen los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de referencia. Con las constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y con copia simple del escrito de interposición del recurso, córrase traslado a las partes. Cuando se encuentre debidamente integrado el expediente, esto es, que estén agregadas las constancias de notificación de la resolución impugnada, así como del presente auto, sin necesidad de ulterior acuerdo remítase el original del escrito de expresión de agravios, así como el original del juicio en que se actúa y sus anexos respectivos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del citado recurso; asimismo, deberá anexarse copia del escrito referido para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos para los efectos legales conducente el escrito de cuenta, por medio del cual presuntamente Arturo Alberto Vera Torres, en cumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de veinte de enero de dos mil dieciséis, realiza diversas manifestaciones en cuanto a su personalidad se refiere. Sin embargo, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda y dado que la rúbrica que calza el escrito de cuenta, difiere con la que obra en el diverso inicial de demanda; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, requiérase al oferente de mérito para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de su legal notificación, comparezca debidamente identificado a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional a fin de ratificarla o manifestar lo que a su interés legal convenga, en virtud de que este juzgado presume que la rúbrica que calza el ocurso de cuenta, no corresponde a la asentada por la persona que aparece en la demanda de amparo. Lo anterior es así, dado que las firmas constituyen la manifestación de voluntad para accionar al órgano jurisdiccional y es inusual que discrepen en forma tan evidente, por ende, de proveer lo conducente sin antes aclarar esa situación, es decir, sin tener la certeza que las personas que la promueven efectivamente manifestaron su voluntad, iría en franco perjuicio del sistema de impartición de justicia, al permitir que cualquier persona, sin el consentimiento del gobernado supuestamente afectado, a su arbitrio, acudiera a instar los mecanismos legales del estado. Cobra validez la tesis consultable en la página 2655 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo XXVII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "RECONOCIMIENTO DE FIRMA. ES UN ACTO PERSONALÍSIMO QUE CORRESPONDE A LA PARTE AGRAVIADA. El artículo 4o. de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) establece que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley y sólo podrá seguirse por éste, por su representante legal o por su defensor. Los artículos 12 y 14 del mismo ordenamiento disponen que el agraviado podrá constituir apoderado que lo represente en el juicio de amparo y que para ello no se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva y siga el juicio de amparo. Por otra parte, el artículo 2554 del Código Civil Federal establece que en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. De lo anterior se concluye que la persona a quien perjudique el acto reclamado puede designar a un tercero para que funja como su representante legal en el procedimiento de amparo y, al otorgarle poder general para pleitos y cobranzas sin limitación alguna, lo faculta para actuar a nombre de éste en los procedimientos en donde se vea involucrado. Ahora, para poder establecer si un mandatario general para pleitos y cobranzas podría reconocer la firma asentada por su mandante en una demanda de amparo, en cumplimiento a la prevención efectuada por un Juez de Distrito, es necesario distinguir entre dos figuras distintas: ratificación y reconocimiento; la primera constituye un acto jurídico a través del cual se confirma un acto nulo, con el objetivo de otorgarle validez, ello de conformidad con el artículo 1802 del citado código, que dice: "Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. ...". Dicha figura es distinta del reconocimiento, éste es un acto expreso o implícito en virtud del cual el autor jurídico del documento le otorga autenticidad, sea espontánea o por citación judicial; busca que exista certeza sobre el origen del documento y sobre su autor. Por tanto, existe una diferencia sustancial entre ratificación y reconocimiento, porque la primera busca la validación de actos nulos; en cambio, la segunda tiene como fin otorgar autenticidad a un documento, al cerciorarse de que éste procede del autor indicado en él. Así, el reconocimiento de una firma sólo puede ser efectuado por quien la imprimió, por lo cual, aun cuando el quejoso hubiere constituido apoderado para que lo represente en el juicio de amparo, éste no podría comparecer ante el Juez de Distrito para reconocer una firma que no asentó, pues es un acto personalísimo. En tal virtud, la representación de la parte agraviada sólo sirve para manifestar su voluntad respecto al contenido de los actos jurídicos, mas no llega al extremo de deslindar al mandante de realizar las diligencias que, por su naturaleza, debe desahogar en forma personal." Con el apercibimiento, de que en caso de ser omisa y no desahogar el requerimiento descrito en párrafos anteriores, se tendrá por no presentado el escrito de mérito.
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