Arturo Alberto Tapia Medina

Expediente 1492/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1492/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Arturo Alberto Tapia Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y la autoridad que enseguida se precisan: Autoridad responsable Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Acto reclamado La resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, que confirmó la resolución interlocutoria dictada por el Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales adeudadas, en la cual condenó al quejoso al pago de ********************, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el periodo comprendido de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, al catorce de agosto de dos mil veintitrés. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente físico y electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1492/2023-IV. Admisión Por tanto, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 2, 6, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Incidente de suspensión En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por cuerda separada cuaderno único del incidente relativo. Intervención del agente del ministerio público federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Solicitud de informe justificado Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación: Que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al de la notificación del presente proveído. Al que deberá acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberán enviarlos debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. Asimismo, deberá remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Bajo el apercibimiento que de no rendirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados, sin debida justificación para ello, se le impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional Se señala para que tenga verificativo la audiencia constitucional, las diez horas con diez minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro. Requerimiento a las partes Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa y a la autoridad responsable para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de improcedencia. Asimismo, informen si en relación con el acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo; en caso, deberán indicar el número de expediente bajo el que se tramita dicho juicio y el órgano jurisdiccional que conoce o conoció del mismo. Apercibidos que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con los numerales 237, fracción I, y 238, primer párrafo, todos de la Le de Amparo. Tercero interesado Se reserva a proveer respecto a la parte tercero interesada en este asunto, hasta en tanto, obren las constancias de las que se advierta a quién le asiste tal carácter. Domicilio Toda vez que la parte promovente solicita que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practique la notificación de este auto, así como las subsecuentes de carácter personal, por dicho medio a través de los usuarios ******************** y ********************, en el entendido, que le recae la obligación de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Autorización consulta expediente electrónico Por otro lado, se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico a través de los usuarios ******************** y ********************, siempre y cuando efectivamente se encuentren registrados en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la Oficial Judicial "A" SISE efectuar el registro interno de los usuarios ******************** y ********************, que proporciona la quejosa para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tiene por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: atento a lo ordenado en el cuaderno principal se apertura el cuaderno incidental, para substanciar y resolver lo relativo a la suspensión de los actos que el quejoso atribuye a las autoridades que enseguida se precisan: Autoridad responsable Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Acto reclamado La resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, que confirmó la resolución interlocutoria dictada por el Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales, en la cual condenó al quejoso al pago de ********************, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el periodo comprendido de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, al catorce de agosto de dos mil veintitrés. Solicitud de informe previo. Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que quede notificada del presente acuerdo, remitiéndole para ello copia simple de la demanda y anexos que se estimen pertinentes. En el mencionado informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen al solicitante de amparo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, ello de conformidad al artículo 140 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Es menester señalar que, la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, y ante tal omisión se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las nueve horas con diecisiete minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Procedencia de la suspensión provisional. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es de conservación, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario, en principio, establecer el acto reclamado respecto del cual se solicita la medida cautelar que, en esencia, consiste en lo siguiente: La ejecución de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés dictada en el toca de apelación ********************del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, que confirmó la resolución interlocutoria dictada por el Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales, en la cual se condenó al quejoso al pago de ********************, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el periodo comprendido de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, al catorce de agosto de dos mil veintitrés. Fijado el acto reclamado, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se satisfacen. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En la especie, el acto reclamado es susceptible de suspenderse por su naturaleza, ya que tiene el carácter de positivo, pues se presenta con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, esto es, implica una acción, una orden, una privación o una molestia. En esas condiciones, por su naturaleza, el acto reclamado es susceptible de suspenderse, en sus efectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda de amparo fue condenado al pago de pensiones vencidas; por tanto, se trata de la persona que resentirá una afectación en su esfera de derechos. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (.)." Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, este requisito se estima cumplido, pues con el otorgamiento de la suspensión no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Es así, dado que al tratarse de un asunto que versa sobre una controversia de índole familiar, con el otorgamiento de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados no se afecta a la colectividad, pues no se le priva de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le causa un daño. Habida cuenta que con el otorgamiento de la medida cautelar tampoco se permite la realización de alguno de los actos que el legislador, en el artículo 129 de la ley de la materia, enunció como ejemplos de lo que podría causar perjuicio al interés social y contravenciones al orden público. En consecuencia, al concurrir los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 en relación con el diverso 138, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los siguientes efectos: Para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, la autoridad responsable se abstenga de ejecutar la resolución interlocutoria dictada por el Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales, en la cual se condenó al quejoso al pago de ********************, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el periodo comprendido de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, al catorce de agosto de dos mil veintitrés, siempre y cuando no se haya ejecutado. Lo anterior, toda vez que al tratarse del pago por pensiones alimenticias adeudadas, no existe la necesidad imperiosa de que las reciba el acreedor alimentista. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia 963 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE PENSIONES CAÍDAS." Tomando en cuenta el peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, de conformidad a lo previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional decretada subsistirán hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución incidental que decida sobre la suspensión definitiva. Garantía. La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia este proveído, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe, dentro de plazo de cinco días, garantía por la cantidad de $******************** La cual se calcula tomando en consideración lo informado por el quejoso en el sentido de que en el juicio de origen existe una condena en contra del enjuiciado por la cantidad de ********************. A dicha cantidad se le aplica la tasa de interés interbancario, calculada a veintiocho días, que al día de hoy es de 11.5032%. Lo cual nos da un total de ******************** Dicho resultado debe ser anualizado, dividiéndolo entre doce meses. Lo cual arroja la cantidad de $******************** Finalmente, el nuevo resultado se multiplica por seis meses, que es el tiempo por el cual se estima durara el presente juicio de amparo. Lo que da un total de $******************** Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y contenido: DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. De igual forma, las jurisprudencias 1a./J. 6/2017 (10a.) y 1a./J. 95/2011 (9a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En los casos en que el tercero perjudicado dejó de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor. Para calcularlos, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) constituye un indicador adecuado, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero, esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, los perjuicios. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.8o.C. J/1 (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", en relación con la fijación del monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, concluyó que para determinar el monto de los daños y perjuicios que pudieran originarse al tercero interesado con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, debe atenderse a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), al constituir un indicador monetario que, a diferencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor que sólo refleja el menoscabo o depreciación del dinero, lo actualiza a valor real, ya que permite conocer tanto la pérdida promedio que acarrea para un individuo no tener bajo su dominio una determinada cantidad monetaria (daño), como el rendimiento que pudo originar la que se dejó de percibir (perjuicio), según las condiciones reales del mercado. En ese sentido, al fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión, no debe cuantificarse dos veces la indicada tasa, es decir, aplicar su valor al determinar por separado tanto el monto de los daños como el de los perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida al tercero perjudicado, pues tal duplicidad sería contraria a los argumentos dados al emitir la citada jurisprudencia, conforme a los cuales en ese indicador monetario ya se encuentran reflejados tanto unos como otros. Ahora bien, para obtener el monto de la garantía, debe atenderse, en su caso, al valor de la condena decretada en el juicio de donde emane el acto reclamado. A dicha condena debe aplicarse la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, acorde con la jurisprudencia citada, por seis meses que es probablemente el periodo en que se resuelve el juicio de amparo indirecto en lo principal. De lo anterior se tiene que una vez determinada la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio mensual a veintiocho días que publica el Banco de México, ésta debe anualizarse, esto es, dicha tasa debe dividirse entre doce meses para obtener cuál es su monto mensual. El porcentaje que se obtenga debe multiplicarse por seis meses y ése será el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión. Sin perjuicio de que dentro del trámite de este incidente, de las pruebas que ofrezcan las partes o del informe que rinda la autoridad responsable, se desprendan mayores datos que permitan, en la suspensión definitiva, fijar diversa garantía acorde a dichos elementos. Se hace saber al solicitante de amparo que la garantía fijada podrá ser presentada en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el supuesto de que se exhiba la garantía mediante depósito en efectivo o en valores, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, libro cuarto (recursos financieros), título segundo (del Comité de Inversión de Recursos Financieros y del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia), capítulo segundo (Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia), Sección Cuarta (depósitos ante los órganos jurisdiccionales), se recibirán en el órgano jurisdiccional únicamente mediante billete de depósito certificado u otro instrumento análogo. Para el caso de presentar billete de depósito, deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a disposición de este juzgado, y contener la siguiente leyenda: "para garantizar la suspensión provisional otorgada en el incidente de suspensión relativa al juicio de amparo 1492/2023-IV". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del propio Acuerdo General. En caso de que se exhiba póliza de fianza, deberá ser expedido a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 48 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Además, la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 95 del citado ordenamiento. La garantía decretada deberá ser cumplida, so pena que de no hacerlo, los efectos de la suspensión dejarán de surtirse; en consecuencia, se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar el acto reclamado. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados provienen de autoridades diversas a las señaladas. Se hace saber a la autoridad responsable que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, cualquier violación a dicha medida dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos conducentes. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen y para que entreguen los oficios que deriven de este incidente. Autorización de firma de oficios. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que firmen los oficios derivados del presente incidente de suspensión. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable y vía electrónica a la parte quejosa.

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