Arturo Alberto Skinfill Rivera
Expediente 941/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arturo Alberto Skinfill Rivera
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN Y ARCHIVO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN APROBADO EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, SE DETERMINA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II, ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO; HÁGASE ANOTACIÓN DE ARCHIVO Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 14 DE JULIO DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, catorce de julio de dos mil diecisiete. Cuenta. En catorce de julio de dos mil diecisiete, la licenciada Ingrid Rodríguez Mainou, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, da cuenta a la Juez, con el oficio y anexos que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, con número de registro 18384, a fin de que se sirva determinar lo conducente. Conste. León, Guanajuato, catorce de julio de dos mil diecisiete. Se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio y anexos que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Arturo Alberto Skinfill Rivera, diez copias de ésta, constancia de emplazamiento de la tercera interesada, informe justificado, expediente M-2802/2016 y un sobre con documentos, al haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata; por tanto, con fundamento en los artículo 1º, 35, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acepta la competencia declinada por la superioridad. Acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese el presente asunto bajo el número de expediente 941/2017-II. Se desecha de plano demanda de amparo. Vista la demanda presentada por Arturo Alberto Skinfill Rivera, contra actos del Juez Décimo Menor Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, en la que reclama la resolución del recurso de revocación de diecinueve de abril del año actual, que confirmó la determinación de requerir al Doctor José Pedro Ortega Silva para ratificar el certificado médico presentado por el quejoso, para justificar su inasistencia al desahogo de una prueba confesional que tendría verificativo a las once horas el dieciséis de marzo del año actual, dentro del periodo probatorio del juicio de tercería excluyente de dominio, con relación al expediente M-2267/15; acto contra el cual es improcedente el presente juicio de amparo por los motivos que a continuación se explican: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "El amparo indirecto procede: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En la especie, el acto reclamado surge dentro del periodo probatorio. Ahora bien, el artículo 107 fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Son por tanto, actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. En el caso particular, se considera que el acto reclamado consistente en la resolución del recurso de revocación de diecinueve de abril del año actual, que confirmó la determinación de requerir al Doctor José Pedro Ortega Silva para ratificar el certificado médico presentado por el quejoso, para justificar su inasistencia al desahogo de una prueba confesional que tendría verificativo a las once horas el dieciséis de marzo del año actual, dentro del periodo probatorio del juicio de tercería excluyente de dominio, con relación al expediente M-2267/15; no es un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable a sus intereses dentro de dicho procedimiento. Pues en principio debe aclararse que la tercería excluyente de dominio si bien nace a virtud de la oposición de un tercero en una controversia judicial, lo cierto es que constituye un juicio autónomo, que se tramita paralelamente al juicio de origen, pero con independencia sustantiva, debido a que se ejercita una acción distinta, pues tiene por objeto que se declare que el tercero opositor es titular de los bienes o derechos que defiende y que han sido afectados en el juicio en el que se promueve, que se levante el embargo recaído sobre los mismos, y que se condene a los que lo tengan a devolvérselos al tercerista con todos sus frutos y accesorios cuando se le ha privado de la posesión. Así las cosas, la tercería excluyente de dominio sigue las mismas reglas de procedencia del juicio de amparo que aplican para el resto de los juicios de trámite ordinario; por tanto, sólo será procedente contra actos verificados dentro de dicho procedimiento de tercería cuando éstos afecten derechos sustantivos. En efecto, en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)", se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Criterio que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que a su vez, concuerda con la diversa tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así las cosas, la determinación que no tiene por justificada la inasistencia a una diligencia de desahogo de prueba confesional, solo produce afectación en derechos intraprocesales, que pueden no tener repercusión en la sentencia de fondo que resuelva el juicio de tercería, pues en caso de que obtenga resolución favorable a sus intereses tal afectación no dejaría huella en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario, podrá combatirla con esa calidad (violación procesal) al momento de impugnar la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de tercería, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, que textualmente dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas, o se desahoguen en forma contraria a la ley; .XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 6/94, sostenida por el Pleno del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 39/90, visible en la página 13, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, registro 205484, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se ordena notificar a la parte quejosa en el domicilio personal señalado en el ocurso de demanda, ubicado en Calle Venustiano Carranza, número 308, colonia Los Fresnos en esta ciudad, a quien se le deberá requerir para que, en el acto de la diligencia, o dentro del término legal de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; sin ulterior acuerdo y previa razón asentada por el actuario judicial. III. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido de la licenciada Ingrid Rodríguez Mainou, Secretaria adscrita a la Sección de Amparo de este propio órgano jurisdiccional, quien autoriza y da fe."
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