Arturo Alba Montero
Expediente 716/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2023
Partes del expediente
- Arturo Alba Montero
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado por el autorizado del quejoso, con fundamento en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución del documento que indica, previa copia certificada que a su costa se deje en su lugar y constancia de recibo que se recabe. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargada del despacho por ministerio de ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme al oficio CCJ/ST/3253/2023 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, virtud que el titular se encuentra gozando de su periodo vacacional, asistida del licenciado Gilberto Javier Camacho Muñoz, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. S´ARFC/S´GJCM/Josefina*
- Principal
Juicio de amparo 716/2023-H El catorce de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, dentro del plazo legal, en contra de la determinación de veintiocho de junio de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que la misma ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diecinueve de julio de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En cumplimiento al artículo 20, párrafo segundo, del acuerdo en comento, se requiere al quejoso, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ********************, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en Mexicali, Baja California, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8 y 14 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 716/2023. Se desecha demanda de amparo Es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, virtud que previo a acudir al juicio biinstancial, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo local, virtud del cual, podían ser modificados, revocados o nulificados los actos de reclamo destacados. El precepto invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. .." Del normativo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en contra de esos actos exista algún recurso o medio de defensa ordinario por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, admitiendo sólo como excepción: a) Cuando la legislación que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución; y, d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, el quejoso reprocha la negativa por parte de las autoridades registradoras de cancelar parcialmente la inscripción de la partida ********************, sección civil, de diecinueve de julio de dos mil, ya que se encuentra afectada por una inscripción preventiva ordenada en el juicio ordinario civil de prescripción 183/2018, del Juzgado de Primera Instancia Civil de Playas Rosarito, Baja California. Sin embargo, contra dicho reclamo procede el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos 1, párrafo segundo, y 22, fracción I, y antepenúltimo párrafo, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que disponen lo siguiente: "Artículo 1.- . El Tribunal tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales." "Artículo 22.- Las Salas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; . Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo." De los preceptos invocados se pone en relieve que el acto reprochado se ubica en el supuesto normativo de referencia, al tratarse de un acto de carácter administrativo emanado de un organismo estatal que causa agravio al particular, en el caso, el agraviado se duele de la negativa de cancelar parcialmente la partida registral ********************, sección civil, de diecinueve de julio de dos mil. Actuar que, conforme a los preceptos transcritos, es impugnable ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, mediante el juicio de nulidad, pues es a través de éste por el que el inconforme pudiera obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Cabe señalar que no se actualizan los casos de excepción que establece la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. En primer término, porque aun y cuando el quejoso alega que se violan sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 14 de la Carta Magna, tal circunstancia no lo excluye de agotar el medio de defensa legal que tiene a su alcance, debido a que las cuestiones de legalidad que también hace valer deben ser previamente dirimidas mediante el recurso ordinario correspondiente. En esas condiciones, se considera que no se actualiza el caso de excepción de referencia, toda vez que a través del juicio de nulidad, sería factible para el promovente del amparo obtener la modificación, anulación o revocación del acto administrativo que estima violatorio de sus derechos fundamentales, pues al hacerlo puede alegar los vicios de legalidad que refiere colma al aludido acto reclamado, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el juicio correspondiente, ya que por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia del otrora Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, página 201, volúmenes 127-132, Sexta Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro se lee: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Además, el medio de impugnación de mérito no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley en sentido formal y material, como lo es, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, la cual no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ya que del examen comparativo de los artículos del 56 al 63 de la ley invocada en primer término, con los numerales 128, 130, 132 y 133 de la segunda legislación en cita, se advierte que en el juicio de nulidad las condiciones para la concesión de la suspensión de los actos reclamados, son iguales o menores que las previstas en la Ley de Amparo para tal efecto. En tal contexto, resulta palmario que el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, se encontraba obligado a acatar el principio de definitividad que rige el mismo, esto es, debió agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que hubieren tenido como efecto revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente, el juicio de nulidad previsto por el artículo 22, fracción I, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis I.9o.A.12 A (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 2752, libro XIII, octubre de 2012, tomo 4, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA CONSTITUYE UN ACTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO, POR LO QUE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA SU NEGATIVA COMPETE A UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos de derechos, a fin de que surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción. En ese sentido, la cancelación del registro de un contrato privado de compraventa constituye un acto meramente administrativo, pues no implica pronunciamiento en relación con el derecho real que pudiera amparar el contrato, ya que no conlleva determinación sobre su subsistencia legal y exigibilidad entre las partes contratantes ni respecto del derecho de propiedad del inmueble en cuyo folio real se haya registrado; es decir, la mera cancelación del asiento registral no extingue, destruye ni modifica el derecho que pudiera haber surgido, el cual subsistirá y surtirá sus efectos legales entre las partes. Por tal motivo, corresponde a un tribunal de lo contencioso administrativo y no a un Juez civil, conocer del juicio promovido contra la negativa de cancelación de la inscripción de un contrato como el mencionado." Virtud de tales consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizado en los términos solicitados a quien menciona el promovente, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. Por otra parte, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que se proporciona. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de veintiocho de junio de dos mil veintitrés emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
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