Arturo Adolfo Lara Garcia

Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
921/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Arturo Adolfo Lara Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ... se tiene por consentido el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo... se ordena enviar el presente expediente al archivo como asunto concluido...

  2. Principal

    Se tiene por cumplida la sentencia de amparo...

  3. Principal

    Con fundamento en la fracción I, inciso c), del articulo 27 de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal a la parte quejosa Arturo Adolfo Lara García, el auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, que dice: Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Marco Antonio Badachi López, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y otras autoridades, todas con sede en esta ciudad. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de control de este Juzgado bajo el número 921/2023 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incompetencia: Analizado el escrito de demanda y las constancias que se anexan, se advierte que este Juzgado carece de competencia territorial para conocer de la demanda. La competencia constituye un presupuesto de orden público y se encuentra regulado, en el amparo biinstancial, por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, en el precepto antes reproducido se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo De lo anterior se advierte que el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos lineamientos son claros, se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera, que atribuye competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, el promovente de amparo reclama a las autoridades responsables el descuento de servicio médico sobre el pago de la pensión por jubilación equivalente al 4%, así como la promulgación, aprobación, expedición y publicación del artículo 25 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, del cual deriva dicho descuento de servicio médico. Ahora bien, se estima que es el primer supuesto antes referido el que fija la competencia del Juez de Distrito para conocer el asunto que nos ocupa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso; criterio que este Juzgado estima aplicable al caso concreto por las propias razones que expuso el máximo tribunal en el aludido precedente. Lo anterior es así, merced a que el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora -cuyo texto es similar al numeral 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a nivel federal a partir del uno de abril de dos mil siete)-, liga el pago de la pensión al domicilio del pensionado por ser el lugar en el que cobra y disfruta su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal) en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Por lo tanto, es claro que los actos reclamados por la quejosa tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad, es decir, en su domicilio. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Sonora, establece lo siguiente: Artículo 124. El domicilio de una persona jurídica individual es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Artículo 125. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarara dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. Artículo 126. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Artículo 127. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar en donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; y V. V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. De los artículos 124 y 125 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito, por disposición de la ley, cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; a falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia de estos dos, el lugar donde se halle la persona Los artículos 126 y 127 definen, el primero, lo que debe entenderse por domicilio legal y, el segundo, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que no tengan esa calidad, caso en el cual, por razón lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 124, es decir, su domicilio convencional. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente, salvo prueba en contrario; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa como legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, la aplicación del artículo 25 de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, puede afirmarse entonces que esas consecuencias materiales repercuten en el pago de la pensión, que se vincula al domicilio del pensionado, por ser éste el lugar en el que se cobra y disfruta su pensión, y en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su domicilio. Por tanto, considerando que la voluntad del legislador, como quedó visto, al atribuir competencia a los Jueces de amparo atiende en primer lugar a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Órgano Jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, debe estimarse competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubica el domicilio del promovente. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), Pleno del Quinto Circuito, visible a página 1506, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: (.)Ahora bien, el promovente Marco Antonio Badachi López, anexó a su demanda de amparo, original y copia del talón de pago correspondiente a la pensión de junio del año en curso, así como la identificación del Instituto Nacional Electoral de los cuales se advierte que su domicilio se ubica en la localidad de Cajeme, Sonora; por tanto, la competencia se surtirá a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar. En esas condiciones, dado que este Juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, estima que es legalmente incompetente para conocer, así como para resolver el presente juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se ordena remitir los autos del expediente del juicio de amparo en el que se actúa, al Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno. Ello es así, pues el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puntos PRIMERO, fracción V, SEGUNDO, fracción V, ordinal 3, CUARTO, fracción V, tercer párrafo, dicen: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (.) V. QUINTO CIRCUITO: Estado de Sonora, con excepción del municipio de San Luis Río Colorado." "SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (.) V. CIRCUITO: (.) 3. Trece Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora: siete con sede en Hermosillo, tres con residencia en Nogales, dos con sede en Ciudad Obregón y uno con residencia en Agua Prieta." "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (.) V. QUINTO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Aconchi, Arivechi, Bacadehuachi, Bacanora, Banámichi, Baviácora, Carbó, Divisaderos, Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huásabas, Huépac, La Colorada, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Onavas, Opodepe, Pitiquito, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Ures, Villa Pesqueira y Yécora. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario y San Ignacio Río Muerto. El Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Agua Prieta, Arizpe, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cumpas, Fronteras, Huachinera, Naco, Nacozari de García y Villa Hidalgo." De lo anterior se concluye que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio, ya que se estima que se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, en turno, por tanto se le solicita que se sirva proceder de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Amparo, es decir, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas si acepta o no el conocimiento del asunto. Por tanto, se ordena formar el cuaderno de antecedentes en el que se incluya copia de la demanda de amparo; enviar el cuaderno principal al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno; y, solicitar al mismo el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Se da vista a las partes con cumplimiento de ejecutoria...

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · 9,271 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano