Artemisa Saldaña Sesma

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Artemisa Saldaña Sesma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitando en proveído de tres de agosto del año en curso, acusa recibo del oficio 24992/2022, al que se adjuntó el juicio de amparo 899/2022; asimismo, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia legal planteada por este Juzgado de Distrito, quedando registrado con el número de amparo 1560/2022-VIII-B. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de agosto de dos mil veintidós. QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta presentado en línea con evidencia criptográfica de la quejosa **********; mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló mediante proveído de veintidós de julio del año en curso; en la que manifestó bajo protesta de decir verdad que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria (a quien se le giró oficio para que hiciera efectiva la multa impuesta a la quejosa que tilda de ilegal) no es la autoridad responsable; esto es, no la designa como tal; por lo que se procede a proveer sobre la demanda de amparo lo que en derecho proceda. Por otra parte, respecto al domicilio y autorizados que señala, dígasele que mediante proveído de veintidós de julio del año en curso, se acordó de conformidad sobre el particular. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Artemisa Saldaña Sesma, por propio derecho, recibida en línea con evidencia criptográfica, contra el acto de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 899/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, es legalmente incompetente por razón del territorio para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. La competencia es el límite de la jurisdicción, es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades otorgadas por el Estado. En ese sentido, existen cuatro criterios fundamentales para determinar la competencia, a saber: la materia, cuantía, grado y territorio. El criterio por materia se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica. El criterio para delimitarla por cuantía, deriva del monto o cantidad en la que se puede estimar el valor de las prestaciones reclamadas en la demanda. La competencia por grado que se relaciona con la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, la cual depende de la división territorial que se efectúe para lograr una mejor distribución del trabajo y recursos económicos. Así, al ser la competencia un presupuesto de validez del proceso, el juzgador debe verificar si objetivamente es o no competente para conocer de éste, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. Para fijar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, en relación con los Juzgados de Distrito, la Ley de Amparo dispone diversos criterios que atienden a si el acto reclamado tiene ejecución o no, y al lugar en que se resentirá esa ejecución. Al respecto, es menester tener en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral reproducido se advierten las reglas competenciales siguientes: Si el acto tiene ejecución, será competente el Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juzgado de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Asentado lo anterior, es conveniente recordar que en el caso concreto, del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la emisión de la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 19/20-ERF-01-7, mediante la cual se impone una multa a la quejosa por el supuesto incumplimiento de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, y la discusión, aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", en el Diario Oficial de la Federación el día diez de diciembre de dos mil diez, propiamente el quinto párrafo de la fracción III, del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual se aplicó en dicha interlocutoria reclamada. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa manifestó que el veinte de junio de dos mil veintidós, la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, dictó sentencia a través de la cual declaró procedente y fundada la instancia de queja e impuso a la hoy quejosa en su entonces carácter de Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de salario. Por tanto, es dable establecer que los efectos y consecuencias del acto reclamado se ejecutarán en la Ciudad de Puebla, Puebla, en virtud de que es en dicha ciudad en donde tendrá ejecución la multa impuesta tildada de ilegal; ya que en la resolución reclamada, se ordenó se procediera a su cobro por parte de la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior es así, ya que de la documental que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, concretamente de la resolución reclamada, la cual bajo protesta de decir verdad manifestó que es copia fiel e inalterada del documento impreso que obra en su poder, se desprende, en lo conducente lo siguiente: "(.) "Esta juzgadora, procede a determinar e imponer a la Subadministradora de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, por lo que, mediante atento oficio que se gire a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, para que proceda al cobro de la multa en comento, para tal efecto infórmesele que la autoridad multada es en lo particular la C. Artemisa Saldaña Sesma, en su carácter de Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", con domicilio ubicado en: Boulevard Atlixcáyotl, número 1499 "A"-4, piso 1, colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, C. P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla, domicilio que corresponde a la dependencia donde trabaja la persona multada, cuyos datos se encuentran registrados en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes que tiene el Servicio de Administración Tributaria, así como en la dependencia donde labora (.)" . De lo anterior, se advierte que en la resolución reclamada se ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, para que procediera al cobro de la multa impuesta a la hoy quejosa; de ahí que es claro que tendrá ejecución en la ciudad de Puebla, Puebla. Sin que obste lo anterior, la circunstancia de que mediante proveído de veintidós de julio del año en curso, se le previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable ejecutora a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, manifestando dicha quejosa que dicha Administración no era la autoridad responsable; pues como ya se vio, la resolución reclamada tiene ejecución (al haberse impuesto una multa), y es de las que tendrá ejecución en la Ciudad de Puebla al haberse girado oficio para que se hiciera efectiva dicha multa por la Administración mencionada. De ahí que cobre actualidad la regla de competencia relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución, será competente el Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 91 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y dos, parte VIII, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así, dado que los actos reclamados tendrán ejecución en la Ciudad de Puebla, Puebla, al haberse ordenado girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, para que procediera al cobro de la multa impuesta a la hoy quejosa; es factible considerar que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, en tanto que no se tiene jurisdicción tampoco en dicho espacio territorial, sino que ésta corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno. Atento a ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase vía Estafeta el expediente en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que determine si acepta o no el conocimiento del presente asunto; además, atentamente se le solicita que acuse el recibo correspondiente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR OFICIOS. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a tres de agosto de dos mil veintidós. QUEJOSA CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta presentado en línea con evidencia criptográfica de la quejosa **********; mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló mediante proveído de veintidós de julio del año en curso; en la que manifestó bajo protesta de decir verdad que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria (a quien se le giró oficio para que hiciera efectiva la multa impuesta a la quejosa que tilda de ilegal) no es la autoridad responsable; esto es, no la designa como tal; por lo que se procede a proveer sobre la demanda de amparo lo que en derecho proceda. Por otra parte, respecto al domicilio y autorizados que señala, dígasele que mediante proveído de veintidós de julio del año en curso, se acordó de conformidad sobre el particular. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Artemisa Saldaña Sesma, por propio derecho, recibida en línea con evidencia criptográfica, contra el acto de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 899/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, es legalmente incompetente por razón del territorio para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. La competencia es el límite de la jurisdicción, es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades otorgadas por el Estado. En ese sentido, existen cuatro criterios fundamentales para determinar la competencia, a saber: la materia, cuantía, grado y territorio. El criterio por materia se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica. El criterio para delimitarla por cuantía, deriva del monto o cantidad en la que se puede estimar el valor de las prestaciones reclamadas en la demanda. La competencia por grado que se relaciona con la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, la cual depende de la división territorial que se efectúe para lograr una mejor distribución del trabajo y recursos económicos. Así, al ser la competencia un presupuesto de validez del proceso, el juzgador debe verificar si objetivamente es o no competente para conocer de éste, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. Para fijar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, en relación con los Juzgados de Distrito, la Ley de Amparo dispone diversos criterios que atienden a si el acto reclamado tiene ejecución o no, y al lugar en que se resentirá esa ejecución. Al respecto, es menester tener en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral reproducido se advierten las reglas competenciales siguientes: Si el acto tiene ejecución, será competente el Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juzgado de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Asentado lo anterior, es conveniente recordar que en el caso concreto, del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la emisión de la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 19/20-ERF-01-7, mediante la cual se impone una multa a la quejosa por el supuesto incumplimiento de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, y la discusión, aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", en el Diario Oficial de la Federación el día diez de diciembre de dos mil diez, propiamente el quinto párrafo de la fracción III, del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual se aplicó en dicha interlocutoria reclamada. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa manifestó que el veinte de junio de dos mil veintidós, la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, dictó sentencia a través de la cual declaró procedente y fundada la instancia de queja e impuso a la hoy quejosa en su entonces carácter de Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de salario. Por tanto, es dable establecer que los efectos y consecuencias del acto reclamado se ejecutarán en la Ciudad de Puebla, Puebla, en virtud de que es en dicha ciudad en donde tendrá ejecución la multa impuesta tildada de ilegal; ya que en la resolución reclamada, se ordenó se procediera a su cobro por parte de la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior es así, ya que de la documental que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, concretamente de la resolución reclamada, la cual bajo protesta de decir verdad manifestó que es copia fiel e inalterada del documento impreso que obra en su poder, se desprende, en lo conducente lo siguiente: "(.) "Esta juzgadora, procede a determinar e imponer a la Subadministradora de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, por lo que, mediante atento oficio que se gire a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, para que proceda al cobro de la multa en comento, para tal efecto infórmesele que la autoridad multada es en lo particular la C. Artemisa Saldaña Sesma, en su carácter de Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", con domicilio ubicado en: Boulevard Atlixcáyotl, número 1499 "A"-4, piso 1, colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, C. P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla, domicilio que corresponde a la dependencia donde trabaja la persona multada, cuyos datos se encuentran registrados en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes que tiene el Servicio de Administración Tributaria, así como en la dependencia donde labora (.)" . De lo anterior, se advierte que en la resolución reclamada se ordenó girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, para que procediera al cobro de la multa impuesta a la hoy quejosa; de ahí que es claro que tendrá ejecución en la ciudad de Puebla, Puebla. Sin que obste lo anterior, la circunstancia de que mediante proveído de veintidós de julio del año en curso, se le previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable ejecutora a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, manifestando dicha quejosa que dicha Administración no era la autoridad responsable; pues como ya se vio, la resolución reclamada tiene ejecución (al haberse impuesto una multa), y es de las que tendrá ejecución en la Ciudad de Puebla al haberse girado oficio para que se hiciera efectiva dicha multa por la Administración mencionada. De ahí que cobre actualidad la regla de competencia relativa a que si el acto reclamado tiene ejecución, será competente el Juzgado de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 91 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y dos, parte VIII, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así, dado que los actos reclamados tendrán ejecución en la Ciudad de Puebla, Puebla, al haberse ordenado girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria, para que procediera al cobro de la multa impuesta a la hoy quejosa; es factible considerar que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, en tanto que no se tiene jurisdicción tampoco en dicho espacio territorial, sino que ésta corresponde al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno. Atento a ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase vía Estafeta el expediente en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que determine si acepta o no el conocimiento del presente asunto; además, atentamente se le solicita que acuse el recibo correspondiente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR OFICIOS. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por ****** por propio derecho, recibida en línea con evidencia criptográfica, contra actos de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 899/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. CONSIDERACIONES PREVIAS. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la emisión de la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 19/20-ERF-01-7, mediante la cual se impone una multa a la quejosa por el supuesto incumplimiento de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, y la discusión, aprobación, promulgación, refrendo, expedición y publicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", en el Diario Oficial de la Federación el día diez de diciembre de dos mil diez, propiamente el quinto párrafo de la fracción III, del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual se aplicó en dicha interlocutoria reclamada. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa manifestó que el veinte de junio de dos mil veintidós, la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, dictó sentencia a través de la cual declaró procedente y fundada la instancia de queja e impuso a la hoy quejosa en su entonces carácter de Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de salario. Situación que se corrobora con la documental que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, concretamente la resolución reclamada, la cual bajo protesta de decir verdad manifestó que es copia fiel e inalterada del documento impreso que obra en su poder, de la que se desprende, en lo conducente lo siguiente: "(.) "Esta juzgadora, procede a determinar e imponer a la Subadministradora de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, por lo que, mediante atento oficio que se gire a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, para que proceda al cobro de la multa en comento, para tal efecto infórmesele que la autoridad multada es en lo particular la C. Artemisa Saldaña Sesma, en su carácter de Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1", con domicilio ubicado en: Boulevard Atlixcáyotl, número 1499 "A"-4, piso 1, colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, C. P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla, domicilio que corresponde a la dependencia donde trabaja la persona multada, cuyos datos se encuentran registrados en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes que tiene el Servicio de Administración Tributaria, así como en la dependencia donde labora (.)" PREVENCIÓN. En consecuencia, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracción III, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente Artemisa Saldaña Sesma, para que dentro del plazo de cinco días siguientes a la legal notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, si es su deseo señalar como autoridad responsable ejecutora a la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria. Debiendo acompañar las copias necesarias de su escrito respectivo, para la debida integración del presente expediente, y para correr traslado a las partes. (únicamente si se presentara de manera física). Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 30/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "Novena Época Núm. de Registro: 200588 Instancia: Segunda Sala Tipo de tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 30/96 Página: 250 "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento antes formulado en el término concedido, atendiendo a la lectura íntegra de la demanda de amparo, se proveerá lo que conforme a derecho proceda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido que podrá de dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. CONSULTA ELECTRÓNICA. Asimismo, con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la quejosa la consulta electrónica del presente expediente con los usuarios: LAFANA78, JULIOCESARLARA2, DULCEKA y LuisQuispe. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en este órgano jurisdiccional, para que realice el alta correspondiente en el sistema; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a ordenar realizar las notificaciones a la parte quejosa de manera electrónica, en virtud de que señaló domicilio para tal efecto. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Patricia Jiménez Gutiérrez, Ana Laura Llanos Flores, Yarmille Cortés Jiménez, César Mendoza Hernández, Gustavo Díaz Carreño, María Lorena Tepayotl Flores, Julio César Lara Sánchez, Juan Manuel Esteban Trejo y Dante Giovanni Briones Chamorro, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala, por no contar con dicho registro. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR OFICIOS. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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