Artemio Torres Alonso

Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
91/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Artemio Torres Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 91/2021 1-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vistos los autos y la certificación secretarial de cuenta, como se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado el cuatro de febrero del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por A*****, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (auto de desechamiento), este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese a la parte quejosa por lista electrónica. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 91/2021 1-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de febrero de dos mil veintiuno. Notificación por lista de acuerdos a parte quejosa. Vista la razón actuarial de nueve de febrero del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificar a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de febrero de este año, en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo. Ante ello, se actualiza el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, por lo que se ordena realizar la notificación del acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno a la parte quejosa, por lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional, así como los subsecuentes que sean de carácter personal, hasta en tanto se señale nuevo domicilio. Notifíquese y cúmplase respecto de lo ordenado. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Número de expediente: 91/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1 ° Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Artemio Torres Arrazola, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca, presentada en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional en esta data; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 91/2021. 2° Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3° Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Como se ve, la causa de improcedencia referida no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé que para que una persona pueda acudir al juicio de amparo en su carácter de quejosa, se requiere que, efectivamente, el acto u omisión que reclama afecte sus derechos fundamentales: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. (...)". En el caso, el quejoso reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca: La falta de contestación al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó, que dicha Secretaría le informe el número de concesión de taxi que tiene registrado ante aquélla. Sin embargo, con fundamento en los numerales referidos, este juicio de amparo se torna improcedente en razón que, por ahora, el quejoso carece de interés jurídico para su promoción, pues no existe violación a sus derechos fundamentales que le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica; por lo siguiente: El artículo 8° de la Constitución Federal dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, tal precepto normativo no establece un plazo en el que las autoridades (federales, locales o municipales) deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que los funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de dar una respuesta en breve término, entendiéndose por éste, el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso, las cargas de trabajo de la autoridad y, además, atendiendo los términos que para ello fijen las leyes. Bajo ese tenor, es menester acudir a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que, en su artículo 13, señala: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación". Como se advierte, la Constitución local establece un plazo genérico de diez días para que las autoridades del Estado de Oaxaca contesten las peticiones de los gobernados, siempre y cuando la ley de la materia no fije otro. En la especie, en este juicio de amparo se señala como autoridad responsable a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, cuyo actuar se rige por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en términos de su artículo 1°, al ser una dependencia centralizada del Ejecutivo Estatal (artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca). Bajo ese contexto, de los artículos 23 y 26 de esa Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca se desprende que la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales. Así, si en este asunto se reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca la falta de contestación a una solicitud de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, es evidente que entre esa fecha y la de presentación de la demanda de amparo -cuatro de febrero de dos mil veintiuno-, solo han transcurrido nueve días naturales; es decir, no ha fenecido el término de noventa días naturales con el que cuenta la responsable para atender la solicitud formulada de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. En esas condiciones, la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del plazo legal para analizar la petición del promovente y emitir la contestación correspondiente: de ahí que, por ahora, la parte quejosa no puede alegar una violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. Por tratar sobre el particular, se invoca la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". 3.1 Decisión. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por Artemio Torres Alonso, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda la solicitud que presentó el veinticinco de enero de dos mil veintiuno en el plazo legal para ello, el quejoso podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. 3.2 Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4° Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda; y, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Susana Raquel Jiménez Ortiz, lo anterior, al no haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tal persona acredite su profesión de licenciada en derecho o abogado. Y, únicamente para imponerse de los autos a la diversa que refiere en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. 5° Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 25/2020), se insta a la parte quejosa para que, independientemente del sentido de esta resolución, si conviene a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), que se habilitó en el edificio sede. 6° Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7° Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8° Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 9° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. pral.509/2019 mesa 4 $ En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con catorce minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por ****, ***, *****, por propio derecho, y los dos últimos en representación de los menores ***P, contra de los actos que reclamaron a las autoridades responsables 1) Comisión Nacional del Agua y 2) Organismo de Cuenca Pacifico Sur dependiente de dicha Comisión, 3) Secretaría de Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca, 4) titular de la Comisión Estatal del Agua, 5) coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, 6) Ayuntamiento 7) presidente Municipal y 8) titular de la Regiduría o director de Obras Públicas, todos del Municipio de San Jacinto Amilpas, distrito judicial del Centro, Oaxaca, precisados en el considerando segundo; asimismo, respecto de los actos reclamados en ampliación de demanda por ****+, por propio derecho, y en representación de los menores *** al 9) director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, de la Comisión Nacional del Agua y 10) director General del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, de la Comisión Nacional del Agua; y los actos que reclamó la quejosa ***, a la última autoridad citada; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, respectivamente. SEGUNDO. La justicia Federal ampara y protege a ***, por propio derecho, contra el acto reclamado al director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, de la Comisión Nacional del Agua, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto, para los efectos precisados en el diverso punto séptimo de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados Notifíquese personalmente.

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