Artemio Saldaña Mendoza

Expediente 530/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
530/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Artemio Saldaña Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 43/2020, la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos. "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Artemio Saldaña Mendoza. SEGUNDO. Se confirma el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, en los autos del juicio de amparo indirecto número 530/2020." Acúsese recibo. Sin que sea necesario glosar las copias certificadas remitidas por el tribunal en razón de que se trata de una reproducción de diversos autos que se encuentran agregados a este expediente. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    Quejoso interpone recurso de queja. Agréguese el escrito signado por el peticionario mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja. De conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón a que en el caso concreto se reclama el auto que desechó la demanda, por lo que no existen diversas partes a las cuales se deba notificar la interposición del recurso de cuenta, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja, sosteniéndose la legalidad de la determinación impugnada y remítase como sustento copia certificada del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, para la tramitación del recurso de queja respectivo, así como el original del escrito de agravios y copia para el agente del Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    LEÓN, GUANAJUATO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 530/2020. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que consisten en: El oficio **** de diecisiete de agosto de dos mil veinte, emitido por el comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual da por terminados los efectos del nombramiento al quejoso como auxiliar administrativo PRS de RH "A", puesto de confianza, asignado al Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", a partir del uno de septiembre de dos mil veinte; y su ejecución. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, estos tres últimos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular, se considera actualizado el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, último párrafo y 5º, fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no son equiparables a los emitidos por autoridad para efectos del juicio de amparo. El artículo 61, fracción XXIII, citado establece que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, no son limitativas, sino enunciativas, puesto que no se limitan a las veintidós hipótesis referidas en dicho dispositivo, sino también a las que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal, de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y de la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, del citado ordenamiento legal, dispone que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver toda controversia por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia establece que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, señala que los particulares tendrán dicha calidad cuando realicen actos equivalentes de autoridad. En ese orden de ideas, todo acto de autoridad tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Hay un acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta. La voluntad del particular queda sometida a dicho acto. Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. De lo anterior, se desprende que un acto de autoridad es toda actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados o particulares que con fundamento en la ley emitan actos unilaterales a través de los cuáles crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del gobernado con motivo de sus funciones oficiales, ya sea modificando obligaciones existentes o limitando derechos. Una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En ese contexto, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, y en algunos casos, por entes del Estado cuando fungen como patrones, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. En esas condiciones, para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En el caso, se estima que los actos reclamados son de naturaleza laboral, por lo que esta vía constitucional no es la idónea para dirimir la controversia planteada. Ello en virtud de que los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones, el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral, como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado; por ende, su inconformidad no puede ser considerada como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ahora, en el caso concreto, se considera que no se trata de la excepción al instancia laboral que refiere la porción constitucional citada, pues si bien, reclama el oficio de baja por incumplimiento de los requisitos de permanencia en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, en virtud de no aprobar las evaluaciones de control de confianza. Lo cierto es que, como se advierte de la constancia de nombramiento, asignación de remuneraciones y funciones a desempeñar, el peticionario fungió como Auxiliar Administrativo PRS de RH "A", con la categoría de confianza, con funciones de elaboración de informes sobre las diversas operaciones y actividades relacionadas con las áreas de recursos humanos, prestaciones, pagaduría, control de personal, capacitación, reclutamiento y selección; elaborar para su revisión, lo reportes mensuales de incidencias que se envían al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, procesar información generada respecto a las prestaciones que se otorgan al personal, concentrar la información requerida para los movimientos de alta, bajas y promoción de aspirantes y trabajadores; contribuir en el control de la plantilla que permita conocer los costos y situaciones de plazas autorizadas ocupadas y vacantes, no así de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública. Ello, evidencia que la relación que une al peticionario con las autoridades responsables no es de las previstas en la fracción XII, apartado B, del 123 Constitucional, ya que ahí se establece un régimen de excepciones de derechos que sólo es aplicable, entre otros, a los agentes del Ministerio Público, que realicen funciones tendentes a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, es decir, no realiza funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, por tanto no se encuentra sujeta al sistema de carrera policial, por lo que su relación es de naturaleza laboral con tales instituciones, y por ende, se rige en términos de la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto de este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que por regla general, la relación de los servidores públicos con el Estado se encuentra regulada por los regímenes generales de naturaleza laboral regulados en el apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, conforme con la fracción XIII, de la citada porción normativa, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes, esto es, se encuentran en un régimen de excepción, el cual se fundamenta en la naturaleza de las funciones desempeñadas tendente a garantizar la seguridad pública; por lo que concluyó, que los servidores públicos que no ejerzan funciones de este tipo mantienen una relación de naturaleza laboral con el Estado, con independencia de que laboren para una institución de seguridad pública. En consecuencia, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, se impone desechar de plano la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES.

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