Artemio Paulino Domínguez

Expediente 346/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
346/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • Artemio Paulino Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de junio de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación personal de cuenta, se advierte que el quejoso Artemio Paulino Dominguez reconoce como suya la firma realizada en el impreso recibido en este juzgado el veintidós de mayo del año en curso (fojas 25 a 28) y ratifica su contenido. En ese sentido, con los elementos aportados en dicho escrito, este juzgado considera conducente desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, pues destaca que los motivos que llevaron al quejoso a impugnar la orden de aprehensión, y su ejecución, fueron esencialmente que "una persona que labora en el área de jurídico del centro de la penitenciaría de Santa Martha Acatitla (DIAMANTE CERESIVA) Ciudad de México; le informa que debería de revisar si en base a esos citatorios que le habían llegado, solicitara el amparo y la protección de la justicia, ellos para que por medio de su señoría investigara si existe una orden de aprehensión en contra del suscrito, ya que dicha orden en caso de existir y de la cual la autoridad encargada de ejecutar no lo haya hecho, y la misma quieran cumplimentar para que no se me conceda el beneficio a la prelibertad que quiero solicitar". Siendo que en torno al señalamiento de autoridades responsables indicó que "al no saber como fue que se resolvió esa carpeta, ante el ministerio Publico, este pudo haber solicitado en contra del quejoso la orden de aprehesion ante algún juzgado federal o estatal, motivo por el cual se considero a las autoridades ordenadoras y a las autoridades ejecutoras; ya que de solo pensar de que exista la orden de aprehensión en mi contra me ha provocado una gran angustia". Así, se considera actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". El artículo 5°, fracción I, de la legislación de la materia, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del peticionario de amparo, al no existir agravio alguno, pues como se destacó, bajo protesta de decir verdad, refirió que un servidor público del centro de reclusión en que se encuentra, le recomendó que promoviera juicio de amparo a efecto de investigar si con base en determinados citatorios que indica tenían como finalidad practicar diversas diligencias -que no se efectuaron-, existe la orden de aprehensión reclamada, en tanto de ser así, se pretendería ejecutar la misma a fin de "que no se me conceda el beneficio a la prelibertad que quiero solicitar"; sin embargo, no existen hechos o razones que permitan inferir que esa afectación a su libertad personal sea real y actual, es decir, no existen elementos que permitan establecer, por lo menos indiciariamente, que se hubiese pretendido ejecutar el referido mandamiento de captura. En el entendido que tal acto, al menos acorde con el planteamiento de la demanda, no puede considerarse futuro e inminente para la procedencia del juicio. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen al quejoso deben ser actuales, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia, condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda en vinculación con el impreso de desahogo no se infiere la inminencia de la orden de aprehensión, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista y, por ende, no le causa perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el impreso de cuenta signado electrónicamente por Ramon Cerda Quiroz, autorizado del quejoso en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por medio del cual refiere desahogar la prevención formulada en acuerdo de trece de mayo pasado (fojas 12 a 14), sin que haya lugar a proveer de conformidad. Lo anterior, pues la autorización procesal prevista en el referido numeral no constituye una representación, sino solo una autorización con facultades amplias o limitadas para intervenir en el juicio de amparo, las cuales se circunscriben al trámite y resolución del controvertido, pero en modo alguno implican que las personas que correspondan estén facultadas, entre diversos supuestos, para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse, bajo protesta de decir verdad, antecedentes omitidos al presentar la demanda, en tanto dicha facultad recae directamente en el justiciable, conforme al principio de instancia de parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, cuyo rubro establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Sin que en el particular, resulte procedente la diversa petición en el sentido de que "en caso de ser necesario la firma del quejoso, ya que el mismo no cuenta con firma electrónica Firel, se le recaba en el lugar donde se encuentra privado de la libertad", en tanto que conforme a la diversa jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que tiene aplicación por identidad jurídica-, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, enero de 2019, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE", la presentación de un impreso como el de cuenta, firmado electrónicamente por el autorizado del quejoso, no puede considerarse una irregularidad que dé lugar a requerir al justiciable para que ratifique su contenido. En consecuencia, dígase a la parte quejosa que sigue vigente el plazo concedido en el auto mencionado, para que desahogue la prevención destacada.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación personal de cuenta, se advierte que el quejoso, en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de trece de mayo pasado (fojas 12 a 14), en torno a la forma en que deben realizarse las notificaciones con carácter de personal, manifiesta que las mismas se practiquen en forma electrónica a uno de sus autorizados. En ese sentido, dado que en la demanda se proporcionó el nombre de usuario correspondiente, procédase en los términos apuntados.

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