Artemio Morán Castañeda

Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
331/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
27/08/2019

Partes del expediente

  • Artemio Morán Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, se declara que el mismo ha quedado firme, en consecuencia, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, y que no existen diligencias pendientes de practicar y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable. Por otra parte, requiérase al quejoso para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificado, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente expediente.

  2. Principal

    Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, se declara que el mismo ha quedado firme, en consecuencia, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, y que no existen diligencias pendientes de practicar y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable. Por otra parte, requiérase al quejoso para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificado, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente expediente.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA: Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve, se otorgó a la parte quejosa Artemio Morán Castañeda, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, únicamente en lo que fue materia de este juicio y en su lugar dicte otra en la que de manera exhaustiva y pormenorizada, analice y valore todos los documentos que obran en el procedimiento a que se ha hecho referencia, en específico el obrante a foja 4, a fin de determinar en ejercicio pleno dela facultad que le confiere la ley que regula el procedimiento relacionado con el acto que se reclama, si el quejoso Artemio Morán Castañeda, reúne el requisito a que se refiere la fracción IV, del artículo 89 de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas." Ahora, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, la delegada de la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, anexó copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en el Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, donde se dejó sin efectos la resolución de once de marzo de este año, y dictó una nueva en la que, en lo que aquí interesa, indicó: "Por último, en cuanto a la fracción IV del artículo 89, que señala que cualquiera que pretenda adjudicarse un lote dentro de tan peculiar régimen de tierra, no debe poseer en propiedad total una superficie igualo mayor a la señalada en el artículo 3de la Ley de la materia, bajo cualquier régimen; debe señalarse, que como se advierte de manera lógica de las pruebas reseñadas líneas arriba, que ciudadano Artemio Morán Castañeda no presentó documento alguno que demuestre la cantidad de superficie que posee o que se encuentren registradas a su nombre, bajo como cualquier tipo de régimen de tierra, ya que el certificado de libertad de gravamen que ofreció para demostrar dicha fracción consistente en lote 37 fracción "G", con superficie de 07 -81-30 hectáreas de agostadero, respecto del inmueble ubicado en la Colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a la Ex hacienda del Mezquite del municipio de Fresnillo; Zacatecas, y que obra en la foja cuatro (4) del presente procedimiento, es el mismo que fue presentado dentro de la solicitud de desistimiento instaurado por el mismo ciudadano, documento que a la fecha de la solicitud de adjudicación de Artemio Morán Castañeda ya había perdido sus efectos probatorios, esto de acuerdo a que resultó procedente el desistimiento realizado por él mismo, como se advierte de la resolución de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016), desprendiéndose de ésta, que se ordenó la cancelación de la inscripción correspondiente, misma que solicita se tome en cuenta para demostrar dicha causa, por lo cual dentro del presente procedimiento de adjudicación el oferente debió anexar un nuevo certificado de libertad de gravamen en donde se demostrara la inexistencia de propiedades registradas a su nombre, aunado también a que de igual manera de dicho certificado no se desprende que sea la única propiedad con la que el recurrente cuenta; por lo que ante la ineficacia del documento que se analiza, el recurrente no logra acreditar que se colmó el requisito esencial establecido en la fracción IV del artículo 89 de la Ley de la materia." (foja 112). Con la resolución en comento, mediante proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto del citado informe de autoridad y anexos, el cual fue atendido mediante escrito presentado el quince del mismo mes y año, donde esencialmente adujo que la ejecutoria de amparo no se encontraba debidamente cumplida en razón a que a autoridad responsable, al emitir su nueva determinación, se apartó de los argumentos vertidos por este juzgado en la sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve, específicamente cuando se dijo que, de haber analizado y valorado el documento obrante a foja cuatro (4) del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, la autoridad responsable hubiera llegado a una conclusión distinta a la que arribó al momento de emitir su resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del aludido procedimiento. Son inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer. Lo anterior porque los argumentos de la parte quejoso son tendentes a demostrar la ilegalidad de la valoración del certificado de libertad de gravamen que ofreció; ahora, la ejecutoria de amparo constriñó a la responsable únicamente a que analizara y valorara la documental obrante a foja cuatro (4) del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, lo cual lo hizo en ejercicio pleno de la facultad que le confiere la ley que regula dicho procedimiento; esto es, la autoridad responsable al analizar el aludido documento, tiene libre potestad para valorarlo como lo considere acorde a la ley que regula el procedimiento. En ese sentido, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver sobre el cumplimiento dado las ejecutorias de amparo donde únicamente se conmina a determinado actuar a las autoridades responsables y se les concede plenitud de jurisdicción o libertad de valora ración y ponderación -en tratándose de actos administrativos- para que al hacerlo, resuelvan lo que estimen pertinente, los jueces de distrito no deben pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones sobre las que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que se pretende acatar el fallo protector. Por ello, si en el caso concreto únicamente se dijo que la responsable debía analizar y valorar la documental obrante a foja cuatro (4) del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, para tener por cumplida la sentencia protectora del amparo basta con que responsable lo haya hecho exponiendo los motivos que la llevaron a emitir su determinación y el fundamento legal de su proceder, por lo que este juzgador no está en aptitud de analizar la legalidad de ese nuevo acto. Por tanto, los argumentos tendentes a combatir la legalidad del mismo deben declararse inoperantes pues, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." (Énfasis añadido) Asimismo se invoca por las razones que la sustentan, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Supremo, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales." (Énfasis añadido) Consecuentemente, con las constancias antes relatadas, a las que por tratarse de documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2° de esta última, se concluye que la sentencia protectora ha sido cumplida, sin que se desprenda que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaría de este juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas oficinas para que una vez que se reanuden labores en las mismas, sean entregados y surtan los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve, se otorgó a la parte quejosa Artemio Morán Castañeda, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, únicamente en lo que fue materia de este juicio y en su lugar dicte otra en la que de manera exhaustiva y pormenorizada, analice y valore todos los documentos que obran en el procedimiento a que se ha hecho referencia, en específico el obrante a foja 4, a fin de determinar en ejercicio pleno dela facultad que le confiere la ley que regula el procedimiento relacionado con el acto que se reclama, si el quejoso Artemio Morán Castañeda, reúne el requisito a que se refiere la fracción IV, del artículo 89 de la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas." Ahora, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, la delegada de la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, anexó copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve en el Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, donde se dejó sin efectos la resolución de once de marzo de este año, y dictó una nueva en la que, en lo que aquí interesa, indicó: "Por último, en cuanto a la fracción IV del artículo 89, que señala que cualquiera que pretenda adjudicarse un lote dentro de tan peculiar régimen de tierra, no debe poseer en propiedad total una superficie igualo mayor a la señalada en el artículo 3de la Ley de la materia, bajo cualquier régimen; debe señalarse, que como se advierte de manera lógica de las pruebas reseñadas líneas arriba, que ciudadano Artemio Morán Castañeda no presentó documento alguno que demuestre la cantidad de superficie que posee o que se encuentren registradas a su nombre, bajo como cualquier tipo de régimen de tierra, ya que el certificado de libertad de gravamen que ofreció para demostrar dicha fracción consistente en lote 37 fracción "G", con superficie de 07 -81-30 hectáreas de agostadero, respecto del inmueble ubicado en la Colonia Pequeños Ganaderos Unidos, terrenos expropiados a la Ex hacienda del Mezquite del municipio de Fresnillo; Zacatecas, y que obra en la foja cuatro (4) del presente procedimiento, es el mismo que fue presentado dentro de la solicitud de desistimiento instaurado por el mismo ciudadano, documento que a la fecha de la solicitud de adjudicación de Artemio Morán Castañeda ya había perdido sus efectos probatorios, esto de acuerdo a que resultó procedente el desistimiento realizado por él mismo, como se advierte de la resolución de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016), desprendiéndose de ésta, que se ordenó la cancelación de la inscripción correspondiente, misma que solicita se tome en cuenta para demostrar dicha causa, por lo cual dentro del presente procedimiento de adjudicación el oferente debió anexar un nuevo certificado de libertad de gravamen en donde se demostrara la inexistencia de propiedades registradas a su nombre, aunado también a que de igual manera de dicho certificado no se desprende que sea la única propiedad con la que el recurrente cuenta; por lo que ante la ineficacia del documento que se analiza, el recurrente no logra acreditar que se colmó el requisito esencial establecido en la fracción IV del artículo 89 de la Ley de la materia." (foja 112). Con la resolución en comento, mediante proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto del citado informe de autoridad y anexos, el cual fue atendido mediante escrito presentado el quince del mismo mes y año, donde esencialmente adujo que la ejecutoria de amparo no se encontraba debidamente cumplida en razón a que a autoridad responsable, al emitir su nueva determinación, se apartó de los argumentos vertidos por este juzgado en la sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve, específicamente cuando se dijo que, de haber analizado y valorado el documento obrante a foja cuatro (4) del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, la autoridad responsable hubiera llegado a una conclusión distinta a la que arribó al momento de emitir su resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del aludido procedimiento. Son inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer. Lo anterior porque los argumentos de la parte quejoso son tendentes a demostrar la ilegalidad de la valoración del certificado de libertad de gravamen que ofreció; ahora, la ejecutoria de amparo constriñó a la responsable únicamente a que analizara y valorara la documental obrante a foja cuatro (4) del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, lo cual lo hizo en ejercicio pleno de la facultad que le confiere la ley que regula dicho procedimiento; esto es, la autoridad responsable al analizar el aludido documento, tiene libre potestad para valorarlo como lo considere acorde a la ley que regula el procedimiento. En ese sentido, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver sobre el cumplimiento dado las ejecutorias de amparo donde únicamente se conmina a determinado actuar a las autoridades responsables y se les concede plenitud de jurisdicción o libertad de valora ración y ponderación -en tratándose de actos administrativos- para que al hacerlo, resuelvan lo que estimen pertinente, los jueces de distrito no deben pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones sobre las que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que se pretende acatar el fallo protector. Por ello, si en el caso concreto únicamente se dijo que la responsable debía analizar y valorar la documental obrante a foja cuatro (4) del Procedimiento de Desistimiento y Adjudicación 971/2016, para tener por cumplida la sentencia protectora del amparo basta con que responsable lo haya hecho exponiendo los motivos que la llevaron a emitir su determinación y el fundamento legal de su proceder, por lo que este juzgador no está en aptitud de analizar la legalidad de ese nuevo acto. Por tanto, los argumentos tendentes a combatir la legalidad del mismo deben declararse inoperantes pues, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 89/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad." (Énfasis añadido) Asimismo se invoca por las razones que la sustentan, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Supremo, que dice: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales." (Énfasis añadido) Consecuentemente, con las constancias antes relatadas, a las que por tratarse de documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del numeral 2° de esta última, se concluye que la sentencia protectora ha sido cumplida, sin que se desprenda que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaría de este juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas oficinas para que una vez que se reanuden labores en las mismas, sean entregados y surtan los efectos legales correspondientes.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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