Artemio José Arellano Contreras

Expediente 213/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
213/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Artemio José Arellano Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que la que se sobreseyó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con seis minutos del siete de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 213/2020-VI, promovido por ARTEMIO JOSÉ ARELLANO CONTRERAS, por derecho propio. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Roberto Díaz Villarreal, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de tres de agosto de dos mil veinte; constancias de notificación de las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el Secretario certifica que la parte quejosa ofreció la documental consistente en copia certificada ante Notario Público del escrito de solicitud de jubilación o pensión de fecha tres de enero de dos mil veinte, firmado por ARTEMIO JOSÉ ARELLANO CONTRERAS, el cual fue presentado y recibido el ocho del citado mes y año, ante la Dirección General de Pensiones, con sede en Tepic, Nayarit, así como copia del escrito de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el que el Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dio respuesta a la petición que le fue formulada. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales de mérito. Sin que haya diligencia pendiente por desahogar, se cierra el período de pruebas. A continuación se procede a abrir el periodo de alegatos. El Secretario hace constar que solo la parte quejosa hizo uso de este derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo ténganse por hechas las manifestaciones de la parte quejosa, las cuales se tomaran en cuenta al momento de resolver el presente juicio de amparo. Se cierra el periodo de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 213/2020-VI promovido por ARTEMIO JOSÉ ARELLANO CONTRERAS, por derecho propio. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa, el ocho de enero de dos mil veinte, presentó ante la Dirección General del Fondo de Pensiones, con sede en Tepic, Nayarit, el escrito de solicitud de jubilación o pensión del día tres del citado mes y año, mediante el cual pidió que se le conceda el beneficio de pensión de retiro por edad, y se emita el dictamen de pensión de conformidad con el artículo 19, fracción I, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, sin que haya obtenido una respuesta por parte de las ??????????????? autoridades señaladas como responsables. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Diecisiete de marzo de dos mil veinte. Admisión sin incidente de suspensión: En auto de tres de agosto de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional radicó la demanda de amparo, pues de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos de ley estuvieron suspendidos, con motivo de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus denominado Covid-19. Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Tres de agosto de dos mil veinte. Vista con autos. Veintiséis de agosto, nueve y once de septiembre de dos mil veinte. Audiencia constitucional. Siete de octubre de dos mil veinte CONSIDERANDO. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, acuerdos Generales 3/201311 y 3/202022 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa y la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. a) Del Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, la omisión de radicar su petición, integrar expediente, iniciar el trámite, convocar a sesión al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones y requerir la certificación respecto al corriente de las aportaciones al fondo de pensiones. b) Del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, la omisión de sesionar con motivo de su petición, ordenar y acordar lo conducente para que se emita el dictamen de pensión de retiro por edad. c) Del Director de Administración y Desarrollo de personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la omisión de expedir la certificación respecto al corriente de las aportaciones al fondo de pensiones. Lo anterior, con motivo de la petición formulada mediante sello de recibido de ocho de enero de dos mil veinte, ante la Dirección General del Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado de Nayarit. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito. 2 Referente a la Transformación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, municipio de Tepic, en Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic, y Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa y sede. ??????????????? AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO CERTEZA FECHA A) DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado. NIEGA Mediante escrito recibido el veinticinco de agosto de dos mil veinte. B) COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado. NIEGA Mediante oficio recibido el diez de septiembre de dos mil veinte. C) DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado. NIEGA Mediante escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Actos atribuidos a las autoridades marcadas bajo los incisos a), b) y c). Son ciertos los actos reclamados al Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; así como a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas; sin que obste a lo anterior, que al momento de rendir sus informes justificados negaran su existencia. Lo anterior es así, pues basta considerar que a la demanda de amparo se acompañó copia certificada del escrito de solicitud de pensión de retiro por edad, presentada por la parte quejosa ante la autoridad correspondiente el ocho de enero de dos mil veinte; prueba de la que se desprende que sí se recibió la solicitud respectiva por ostentar el sello de recepción y en consecuencia, que a la fecha de la presentación de la demanda se encontraba pendiente el trámite para el otorgamiento de pensión de retiro por edad del solicitante del amparo. Medio de convicción que de conformidad a lo previsto en los numerales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o., se les otorga valor probatorio. Además, se les tiene por cierto los actos reclamados en atención a las consideraciones siguientes: Los artículos 5, 12, fracciones IV y X, 13, fracciones I y XVI, 17, 18, 19, fracción III, 20 y 21, del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, establecen lo siguiente: "Artículo 5. El fondo proporcionará a los trabajadores, pensionados y beneficiarios, los beneficios de esta ley, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos y utilizados los formatos que para tal efecto se formulen, complementándose con la presentación de la solicitud respectiva acompañada de los documentos que en cada caso se señalen." "Artículo 12. Corresponde al Comité, además de las facultades y obligaciones que le confiere la ley, las siguientes: (.) IV. Integrar una comisión revisora de apoyo formada por servidores públicos para el análisis de solicitudes, integración de expedientes, elaboración del proyecto de dictamen sobre pensiones y prestaciones y todas aquellas acciones que se requieran a efecto de eficientar el despacho de los asuntos de su competencia. . X. Autorizar a los trabajadores, pensionados, y beneficiarios, las pensiones y prestaciones a que se refiere la ley, previo cumplimiento de la normatividad y requisitos establecidos". "Artículo 13. Corresponde al Director, además de las facultades y obligaciones que le confiere la ley, las siguientes: I. Ejecutar los acuerdos que emita el Comité realizando para el efecto todas las acciones pertinentes a su cumplimiento. XVI. Revisar personalmente el contenido de los proyectos de dictámenes que sobre el otorgamiento de pensiones o prestaciones se formulen para acuerdo del Comité, a efecto de garantizar que el 22/11/21 11:46:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 Roberto Díaz Villarreal Juicio de Amparo Indirecto 213/2020-VI [7] Amparo indirecto 213/2020- VI salario cotizable en todos los casos, incluya todas las percepciones ordinarias que el trabajador haya recibido en su último sueldo, incluyendo el concepto de carrera magisterial, que se les otorga a los maestros estatales, siempre y cuando se acredite fehacientemente el derecho a ella en los términos de la normatividad especial y que formen parte de la base para cotizar al Fondo". "Artículo 17. La calidad de pensionado se adquiere a partir del momento en que se emite la resolución mediante la cual le asigna el beneficio pensionario. Dicha resolución se notificará al interesado y en la misma se especificará el tipo de pensión asignada, la cuota asignada, la fecha de inicio del pago, y en su caso, la fecha del término de la pensión, y el número de clave asignado al pensionista. Asimismo, el comité notificará al trabajador la resolución por la que se niegue el beneficio pensionario cuando no se reúnan los requisitos que para tal efecto se establecen, fundando y motivando la causa que origine tal negativa". "Artículo 18. Para iniciar el trámite para obtener una pensión, e integrar su expediente de pensiones y prestaciones, los trabajadores presentarán a la Dirección a efecto de integrar su expediente de pensiones y prestaciones, la solicitud respectiva en el formato oficial único que obtendrá de manera gratuita en el domicilio del Fondo, la que entregará acompañada de la documentación que corresponda según el tipo de pensión de que se trate". "Artículo 19. Los integrantes del Grupo Técnico de Apoyo a que se refiere el artículo 8o, Fracción X de la Ley, tendrán las siguientes atribuciones: III. Elaborar proyectos de dictámenes o resoluciones que les sean turnados y presentarlos por conducto del Director, a consideración del Comité". "Artículo 20. El Director coordinará los trabajos de la Comisión Revisora de apoyo en la formulación de los proyectos de dictámenes sobre otorgamiento de pensiones o prestaciones, con base en los siguientes factores: 1. Años de servicios completos o fracción mayor de 6 seis meses. 2. Último salario que disfruta el trabajador en el momento de su retiro, incluyendo todos los conceptos por los cuales cotiza al Fondo. 3. Aportación al Fondo, en los términos que determine la ley. 4. El monto de la pensión se establecerá por cuota diaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Estado". "Artículo 21. El Director presentará al Comité, para efectos de validación y aprobación, en su caso, los expedientes incluido el dictamen correspondiente, que tendrán vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado". Por su parte, los artículos 5, fracción I, 7, 8, fracción IV, y 10, fracciones I, IX y XI, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, establece: "Artículo 5o. El Comité de Vigilancia estará presidido por el Gobernador del Estado o la persona que designe y se integrará con un representante por cada una de las siguientes dependencias y organizaciones: I.- Secretaría de Finanzas; II.- Secretaría de la Contraloría General; III.- Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Empresas Descentralizadas de Carácter Estatal; y IV.- Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (.)". "Artículo 7o. El Comité funcionará colegiadamente, celebrará por lo menos una sesión cada seis meses y cuantas sean necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros que asistan a las sesiones, siendo necesario al efecto la presencia de la mayoría de sus integrantes, a excepción de la fracción III del artículo 8o. de esta Ley, la que requerirá para su aprobación de la unanimidad." "Artículo 8o. Son atribuciones del Comité de Vigilancia: (.) IV. Conceder, negar, modificar, suspender y revocar las jubilaciones o pensiones en los términos de esta Ley (.)." "Artículo 10. El Director del Fondo tendrá las atribuciones siguientes: I.- Representar al Fondo en los asuntos administrativos y judiciales de su competencia; (.) IX.- Convocar a sesiones ordinarias y las que fueren necesarias para el desahogo de los asuntos del Comité; (.) XI.- Todas las demás que le fijen los reglamentos o las que les señale el Comité." De los anteriores preceptos se observa, que las autoridades responsables tienen directa injerencia en la tramitación y dictaminación final de la solicitud de pensión efectuada por la quejosa, de conformidad al procedimiento que enseguida se cita: 1. Presentada la solicitud a través del formato único autorizado por el Fondo de Pensiones, la misma se turna a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal para integrar el expediente relativo y hacer constar si el solicitante se encuentra o no al corriente de sus aportaciones al fondo. 2. El Comité de Vigilancia, conforme al artículo 12, fracción IV, del reglamento arriba señalado, integra una comisión revisora de apoyo formada por servidores públicos para el análisis de la solicitud, integración del expediente y elaboración del proyecto de dictamen relativo. Esta comisión emite minuta de trabajo con los resultados de la revisión. 3. El Director General del Fondo de Pensiones tiene el deber de coordinar los trabajos de esa Comisión Revisora de Apoyo, en la formulación del proyecto de dictamen sobre otorgamiento de la pensión, con base en los factores previstos en el numeral 20 del ordenamiento reglamentario. 4. Una vez que la Comisión Revisora de Apoyo elaboró el proyecto de dictamen, lo presenta a la Dirección del Fondo de Pensiones para que este, a su vez, convoque a sesión al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para su análisis. 5. Autorizada la pensión se notifica al trabajador beneficiado para los efectos legales conducentes. Por ende, con independencia de las etapas previas a la validación y en su caso, aprobación del dictamen correspondiente, es claro que las autoridades responsables, sí tienen intervención en el proceso de la respuesta respecto al otorgamiento o no de la pensión de cuya omisión se duele la parte quejosa en su demanda de amparo. Lo anterior es así, porque de conformidad con el artículo 18 del Reglamento Interior del Fondo de Pensiones, la solicitud para obtener una pensión debe presentarse solo ante la Dirección General del Fondo de Pensiones en un formato oficial único, el cual se obtiene de manera gratuita y no ante el Comité de Vigilancia, pero la presentación formulada ante la citada Dirección General es suficiente para que se inicie el procedimiento respectivo; y en su oportunidad el Comité de Vigilancia se vea obligado, primero, a integrar la Comisión Revisora de Apoyo para el análisis de la solicitud de pensión formulada, y luego a resolver sobre la procedencia o improcedencia de esta, al existir una vinculación de la Dirección General hacia el Comité de Vigilancia. Por lo tanto, la petición planteada por la parte quejosa ante el Director General y el Comité ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, tiene la peculiaridad de que con ella se inició un procedimiento administrativo compuesto de varias etapas, en las cuales participan diversos órganos del referido fondo de pensiones, y por ende, quedan el resto de las autoridades necesariamente vinculadas con la respuesta que deba darse a la misma. Además, conviene decir que el Fondo de Pensiones de esta entidad federativa, es un organismo público dependiente del Gobierno del Estado de Nayarit, el cual es administrado por un Comité de Vigilancia y una Dirección General, siendo presidido el comité por el Gobernador del Estado o la persona que este designe, y se integra con un representante de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de la Contraloría General, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Empresas Descentralizadas de Carácter Estatal, y de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, en ese orden de ideas es que se tiene también por cierto los actos reclamados a la Secretaría de Administración de Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, pues al formar parte del citado comité, el primero por presidirlo y la segunda como ente administrador de los recursos necesarios para el pago de la pensión, así será necesaria su participación en la emisión del dictamen pensionario correspondiente cuya omisión de su pronunciamiento se duele la parte quejosa. En ese contexto de ideas, se itera, se tiene por cierto el acto omisivo que la parte quejosa les reclama, no obstante la petición que conllevó al presente juicio de amparo, haya sido presentada únicamente ante el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y no ante el resto de las autoridades responsables, pues éstas al tener injerencia sobre el trámite que se dará a la solicitud de pensión realizada por el quejoso es que dicha participación involucra un actuar positivo en relación a la respuesta que al efecto se otorgue. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 299, Volumen 103-108, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. TRÁMITES SUCESIVOS. El artículo 8o. constitucional establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, cuando la petición consiste en una solicitud para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o para una autorización similar, y cuando la tramitación de esa solicitud requiera legalmente que el particular satisfaga determinados requisitos, la garantía constitucional solo es respetada por la autoridad cuando hace en un breve término los requerimientos necesarios al solicitante, para integrar el término relativo, y además, en un breve término también va proveyendo lo necesario a las promociones de la interesada y, por último, en un término que también sea razonablemente breve, dicta la resolución definitiva a la solicitud mencionada. Pues cuando la autoridad es lenta en la tramitación de la solicitud y en cada uno de los trámites correspondientes, y da la impresión de ser renuente en cuanto a llegar a la resolución final del asunto, no puede decirse que se esté respetando por ella el orden constitucional, por lo que hace al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal". CUARTO. ESTUDIO RELATIVO A LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo.3 En ese tenor, no obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que quien esto resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". A fin de determinar los casos en que se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos prevista en el numeral citado, se debe de tomar en cuenta no sólo tal precepto, sino también el contenido del diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". Sobre esta causa de improcedencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que aparece publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se advierte, que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del peticionario del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni dejó huella en la esfera jurídica del solicitante del amparo. Del análisis de los preceptos 61, fracción XXI y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio. Las anteriores consideraciones llevan a concluir, que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo; 3. O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. En el asunto que nos ocupa, como se dijo, la parte quejosa reclamó al Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; así como a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, la omisión de dar respuesta congruente a la petición presentada el ocho de enero de dos mil veinte, a través de la cual solicitó se emita dictamen de pensión, de conformidad con el artículo 19, fracción I, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. En ese tenor, del análisis de las constancias de autos, se advierte que mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, el directo quejoso informó a este órgano jurisdiccional que las autoridades responsables le habían dado respuesta congruente a la solicitud de pensión, adjuntando para tal efecto copia del escrito de veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el que el Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, le informó lo siguiente: "(.) Esta Dirección General del Fondo de Pensiones a mi cargo, se permite notificar a usted, que en atención a su solicitud de pensión por retiro por edad presentada con fecha 08 de enero del 2020, y de haber aportado soportes documentales, acreditado su derecho al beneficio de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio el Comité de Vigilancia emitió Dictamen con fecha 01 de junio de 2020, a favor de un grupo de trabajadores entre los que usted está incluido concediéndoles dicho beneficio. En su caso la pensión por retiro por edad le fue concedida con la categoría de PROFESOR TITULADO ZONA III INC. A CARRERA MAGISTERIAL NIVEL "A" con una antigüedad de 26 AÑOS, 08 MESES Y 29 DÍAS, y una cuota pensionaria mensual bruta de $26,274.02 equivalente al 90.00% de sus aportaciones económicas en el momento de su retiro, la cual entrará en vigor a partir del 01 de junio de 2020. Se le notifica lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley de Pensiones, para que en caso de inconformidad con su dictamen, lo manifieste dentro del plazo de 30 días naturales, a partir de la fecha de recepción del presente documento. (.)" De ahí que, las autoridades responsables dieron contestación a la solicitud que les formulada por el quejoso, de la cual, éste se hizo sabedor de su contenido y manifestó su anuencia con la respuesta. Por tanto, se actualiza la cesación del acto reclamado en el presente juicio, pues desaparecieron los efectos de la falta de contestación a su petición y respectiva notificación, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación. De lo anterior se sigue, que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por ende, la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la ley de la materia, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en examen, conforme a la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE Sobresee en el presente juicio, promovido por ARTEMIO JOSÉ ARELLANO CONTRERAS, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el diverso cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, dos de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los escritos suscritos por el autorizado de la parte quejosa, por medio de los cuales por una parte formula alegatos; por tanto, dígase que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones serán relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida de la parte quejosa la prueba documental que anexa al escrito que se provee; sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a la solicitud al acceso para consultar el expediente electrónico, dígasele que mediante proveído de diecinueve de agosto se autorizó el acceso; asimismo, infórmesele que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, el promovente solicita que el expediente electrónico se encuentre debidamente actualizado desde la presentación de la demanda hasta la fecha actual, esto en virtud de que en diversos expedientes electrónicos no se aprecia dicha actualización y que se hará la observación en el respectivo Juicio de Amparo. En ese sentido, y con fundamento en lo establecido en el numeral 3o. de la Ley de Amparo, se ordena la integración de las constancias anexadas a la promoción de que se habla, al sistema mencionado, a efecto de que consten las mismas actuaciones tanto en el expediente impreso como en el electrónico, lo anterior una vez que las labores del juzgado lo permitan, tomando en consideración que debido a la contingencia ocasionada por el virus COVID-19, se limitó a este juzgado el horario de asistencia, así como la cantidad de servidores públicos que pueden realizar labores de manera presencial. Instrúyase al actuario judicial adscrito para que de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice la notificación del presente auto por la vía electrónica. Notifíquese y personalmente al Analista Jurídico (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.iniciales

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