Artemio Herrera Rojas
Expediente 333/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Artemio Herrera Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, relativo al oficio 873/2021, dirigido al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tacámbaro, Michoacán, en el que aparece la leyenda: "rehusado no hay quien reciba"; ahora bien, se advierte que su denominación correcta es Agente de la Policía Investigadora Encargado del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán; en consecuencia, reenvíese el oficio ante descrito a la autoridad en cita, para su debida notificación. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del cuaderno incidental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva; el original y duplicado del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio 605 remitido vía correo electrónico por el Agente del Ministerio Público del Área de Investigación, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veintiuno de octubre del año en curso, informa que se encuentra imposibilitado para remitir copias certificadas de la carpeta de investigación 1004202013726, toda vez que con fecha treinta de abril del año en curso, fue remitida por incompetencia al Agente del Ministerio Publico de Ario de Rosales, Michoacán, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que el aludido oficio vía electrónico ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245 del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente" Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico del acuse de recibo de la constancia de notificación del oficio 9738/2020 de ocho de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se solicitó al Agente del Ministerio Público Investigador de carpetas de Investigación, con residencia en Tacámbaro, las constancias de la carpeta de investigación 1004202013726, que aduce el quejoso ...se instruye en su contra; sin que a la fecha haya remitido tales constancias o bien haya informado la imposibilidad material o jurídica para ello. En tales condiciones, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso ..., evitar la reposición del procedimiento e integrar debidamente el presente juicio Constitucional, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión al Agente del Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede debidamente notificada del presente acuerdo, remitan copia certificada de la carpeta de investigación 1004202013726, de su índices, en la que aduce el aquí quejoso se instruye en su contra por hechos posiblemente constitutivos de delito o en la que se pretende asegurar la parcela 5332 Z-I P1/1 que forma parte del Ejido "Chuen" perteneciente al Municipio de Arios Rosales, que aduce es de su propiedad, o bien, señale el impedimento que tengan para ello; en la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia Constitucional y se fijan las CATORCE HORAS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su desahogo. Notifíquese.
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