Artemio Hernández Valentin

Expediente 5/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos
  • Artemio Hernández Valentin
  • Gonzalo Gutiérrez Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el auto de once de septiembre actual, dictado en la denuncia 28/2023 de su índice, y remite diversos anexos, ahora bien y toda vez que ya fueron remitidos los anexos correspondientes se acuerda lo siguiente: Este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante y por tanto, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal del orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2°PJ/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." El artículo 37 de la Ley de Amparo, que cita el juez declinante dispone lo siguiente: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente e/ juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Lo interpretación deI normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) primera regla se reencuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se forma en consideración para determinar. la competencia del. Juez de Distinto, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole requieren de ejecución; b) la segunda regla previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será. el Juez Federal ante quien se presente la demanda. C) la tercera hipótesis, cuando. el acto reclamado. En el Juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio la diferencia entre las reglas competenciales que si la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos Ios supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que esta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Entonces conforme a la primera regla, será competente el Juez de Distrito del lugar en el que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pero el análisis de la ejecución; se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con esté. En ese sentido, el acto reclamado consistente en la redacción, firma y notificación de la resolución del oficio COFEPRIS 233301EL352851, de uno de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se niega al denunciante el uso lúdico y recreativo del cannabis; lo cual constituye el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, 1/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene ejecución material, dado que per se, no tiene un efecto distinto de la inhibición de las autoridades de actuar y, por tanto, no requiere de ejecución material alguna, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal: De ahí que, tratándose de una determinación en la que se niegue la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente por su naturaleza, no requiere ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativa que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por ello, dado que el acto reclamado carece de ejecución, entonces, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda conocer del mismo. Lo anterior se considera así; pues, el análisis del acto reclamado se debe llevar a cabo en relación a sus consecuencias directas o inmediatas y no a las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, como lo pretende hacer valer la autoridad declinante. Máxime que en la demanda de amparo el quejoso no señalo ningún acto de ejecución destacado, ni autoridad ejecutora que lo materialice además por lo que hace al domicilio del peticionario, si bien es cierto que el oficio reclamado contiene un domicilio en el Municipio de Tepoztlán, Morelos, lo cierto es que el quejoso por propio derecho proporciono el usuario "jdegaray", a fin de que le fueran notificadas de manera electrónica las resoluciones que en su caso dicte el juez que conoce del asunto, inclusive aun las de carácter personal. Por consiguiente, si la autoridad declinante previno en el conocimiento de la demanda de amparo, es claro que conforme a la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, a ella le compete conocer de dicha demanda Además se invoca, en apoyo de lo anterior por resultar exactamente aplicable al caso la jurisprudencia 1a/. 17/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo, visible a Semanario Judicial de la Federación, pagina 500 Décima Época, con número de registro 2006529, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por tanto; no se comparte el criterio del Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para determinar que la competencia para conocer de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 28/2023, de su índice, debe, surtirse a favor de este Juzgado de Distrito con residencia en el Estado de Morelos. Bajo esa premisa, contrario a lo considerado por la autoridad oficiante es inconcuso que este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida por Gonzalo Gutiérrez Cortes. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el conflicto competencial 2/2019, entre el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Ante tal determinación, devuélvanse al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general inconstitucionalidad 28/2023 de su índice, por la vía acelerada 'ESTAFETA" a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda, solicitándole el acuse de recibo correspondiente vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual comunica el acuerdo de dieciocho de agosto actual, dictado en la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de su índice, promovida por Gonzalo Gutiérrez Cortes; en atención a su contenido, dígasele que hasta en tanto se cuente con los anexos y constancias que refiere el Juzgado oficiante en ocurso de once de julio del año en curso, se proveerá lo conducente, tal como se acordó mediante auto de trece de julio de dos mil veintitrés, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo que determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Maribel Guerrero Mozo, Presidenta de Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que su homóloga Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, acusó de recibo de los exhortos ********************con la finalidad de emplazar a la parte demandada al juicio 01/86/2021. Por lo anterior, y para evitar dilaciones procesales, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, y con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se le requiere a para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si ya diligenció ********************enviados por su homóloga Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, debiendo remitir las constancias que acrediten su dicho. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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