Artemio Hernández Hernández

Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
55/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Artemio Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    *& MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. I. Se agrega oficio de alzada. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio sin número, del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez; al que acompaña el a) original del juicio de amparo 55/2021; b) testimonio de la ejecutoria dictada el quince de julio del año en curso, en el recurso de queja 35/2021; en tales condiciones, se provee: En tales condiciones y en virtud que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, planteado por la parte quejosa contra el auto de veintiuno de enero de este año, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; glósese a este expediente, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; hágase lo anterior del conocimiento dela parte promovente; y, acúsese el recibo de estilo correspondiente. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    MESA 4. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Acusa recibo Tribunal Colegiado. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa que dicho Tribunal admitió el recurso de queja promovido por ******* II. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    *& MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vistos los autos, de los que se advierte que los acuerdos de veintiuno y veintinueve de enero del año en curso, se encuentran debidamente notificados a la parte promovente; por tanto, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de cuatro de febrero de este año, dictado en el recurso de queja 35/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, con transcripción de este auto, remítase el presente expediente, así como el original del recurso de queja interpuesto, a la Superioridad; lo anterior, a fin de substanciar el citado medio de impugnación. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase.

  4. Principal

    ....*& MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Acusa recibo Tribunal Colegiado. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual se rindió el informe sobre la materia del recurso de queja interpuesto por el promovente *****. Asimismo, informa que dicho Tribunal radicó dicho recurso con el número de queja 35/2021. II. Se requiere al actuario a notificar proveído. Ahora, toda vez que la Superioridad devuelve el recurso de mérito, toda vez que no obran las constancias de notificación de los autos de veintiuno y veintinueve de enero del año en curso; en consecuencia se provee: De las constancias que integran el expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, se aprecia que el actuario adscrito no ha notificado vía electrónica a la parte quejosa el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno; por tanto, se requiere al fedatario llevador de este expediente, proceda a notificar dicho auto en los términos ordenados e integre la constancia respectiva en el expediente electrónico. Por lo que hace a la notificación del proveído de veintinueve de enero último, se aprecia que con fecha cinco de febrero en curso, se tuvo por hecha la notificación respectiva; por tanto, glósese dicha constancia a este expediente. III. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica, así como el diverso de veintiuno de enero anterior, en los términos ordenados; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. (AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO) *& MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Registro de demanda. Con la demanda presentada a través del Portal de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Decimotercer Circuito, a este órgano jurisdiccional el día de hoy, que promueve *****, contra actos del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 55/2021. II. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Desechamiento. Ahora bien, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción, así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella, pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende, además, el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio" (Jurisprudencia XVII.2o.C.T. J/6, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1265, Novena Época)". Así mismo, sirve de apoyo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional queconozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, de la lectura integral de la demanda inicial, con fundamento en el artículo 113, este órgano jurisdiccional advierte de manera indudable y manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 6 cuyo estudio es de orden público en términos del diverso numeral 62 (todos los artículos citados de la Ley de Amparo). "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la interpretación de los citados artículos, se infiere que el juicio de amparo puede promoverse en defensa de un interés legítimo, siempre y cuando alegue que la norma, acto u omisión reclamados produzcan una afectación real y actual en su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, es conveniente mencionar que la reforma al artículo 107 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además del concepto de interés jurídico, incluyó el de interés legítimo, con lo que abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante, el máximo tribunal del país, ha construido en distintos precedentes una definición básica y flexible de lo que debe entenderse como interés legítimo, cuyo contenido se alimenta de elementos aproximativos, que hacen de su aplicación a los casos concretos una operación evaluativa y no mecánica. En efecto, al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la reforma constitucional de junio de dos mil once, que introdujo el concepto de interés legítimo: "no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido". Con base en dicha premisa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptó la siguiente definición del interés legítimo: "Aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra." Esas consideraciones, se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común, con registro digital 2012364, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 111/2013, estableció con mayor precisión la definición del concepto de interés legítimo, pues señaló que para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de Razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Al resolver ese asunto, se aclaró que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Con base en estas premisas, el Pleno estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos Derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Dichos razonamientos, son el sustento de la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común, página 60, con registro digital 2007921, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica - no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Finalmente en la tesis 51/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que; a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Como así se advierte de la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J.51/2019 (10a.) Página: 1598 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Ahora bien, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. En relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común, Página: 1078, con número de registro 2014433, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo - no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Artemio Hernández Hernández, señala como actos reclamados de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades: "a) La omisión de declarar al estado de Oaxaca en Semáforo de riesgo epidemiológico color rojo, en virtud del elevado número de contagios y defunciones a causa del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19). b) La falta de una estrategia integral dirigida a evitar acciones que propician el contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. c) La falta de medidas y acciones necesarias para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos, y con ello evitar la propagación y contagio del virus SARSCoV2 (Virus causante del COVID-19 entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. d) La falta de medidas y acciones necesarias para evitarla celebración de eventos públicos y privados que permiten la aglomeración de personas, y con ello evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. e) La falta de aplicación de mecanismos y medidas para verificar que los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca cumplan con las medidas sanitarias mínimas (uso del cubrebocas, lavado constante de manos, etc.) con la finalidad de evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID- 19)." De donde se advierte que no cuenta con interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concedérsele el amparo, en un beneficio jurídico concreto a su favor, sino con un interés simple, que tiene todo ciudadano de que se dicten las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Es decir, no se aprecia la existencia de una afectación en su esfera jurídica, de índole económica, profesional, de salud, o de cualquier otra, dado que no se encuentra en una situación tal en la que el acto reclamado permita considerar al quejoso como parte agraviada, pues no refiere la existencia de una situación concreta que pudiera verse afectada o beneficiada con los actos reclamados; de ahí que se insiste el interés aducido por el promovente no puede calificarse como legítimo, sino como simple, similar al que pudiera tener cualquier ciudadano para que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el derecho a la salud y su prevención, en tanto de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo, sin embargo, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo y el juicio de amparo, aun después de la reforma de dos mil trece, requiere para su procedencia la existencia de un agravio real y directo por ser este uno de los principios que lo rigen, lo cual también se exige cuando se defiende un interés legítimo. Lo anterior, porque si bien la previsión expresa del interés legítimo como presupuesto para acudir al Juicio de Amparo significa que éste protege diversos derechos - ahora ya no solo cuando se trata de un derecho subjetivo esto no implica que a través del juicio constitucional pueda reclamarse cualquier acto por cualquier persona. Considerar lo contrario, tendría la consecuencia que todas las personas pudieran solicitar el amparo contra cualquier acto por el solo temor de que ésta llegare a beneficiarle o perjudicarle, lo cual es jurídicamente inaceptable pues el juicio de amparo -medio extraordinario de defensa- requiere la existencia de una afectación actual y real en la esfera jurídica, lo cual, como se dijo, no existe en este caso. De tal forma que si el quejoso acude al juicio de amparo y alega una afectación provocada por un acto u omisión de una autoridad que es resentida por toda la población en general, este hecho, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo por la imposibilidad de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por ello, se colige que la eventual omisión por parte del Estado a sus obligaciones de adoptar las medidas y acciones necesarias de contención y para evitar la propagación del COVID-19 en el Estado de Oaxaca, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas omisiones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la concesión del amparo por los actos que reclama produzcan un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por tanto, el interés que el quejoso estima vulnerado no resulta cualificado, pues se limita a señalar que dichas omisiones violan su derecho a la salud previsto en el artículo 4º., constitucional y otros numerales, pues de continuar las mismas, su salud y la de la población en general, se podrían ver afectadas por contagio de dicho virus,; lo que no constituye razón suficiente para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alega acredita su interés legítimo para comprobar la afectación a su derecho a la salud. Por tanto, su pretensión se refiere a una defensa abstracta del derecho a la salud, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada; es decir, que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, pues alega una defensa al referido derecho fundamental de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con su pretensión, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general; de ahí que en el presente caso se advierte que sólo se actualice únicamente en su favor un interés simple, que implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad. No se desatiende que por regla general, el interés como requerimiento para la procedencia del amparo debe analizarse en la audiencia constitucional; sin embargo, en este caso, la falta de interés legítimo es tan manifiesta e indudable, que da lugar al desechamiento de la demanda; pues admitirla iría contra los principios de celeridad procesal y acceso efectivo a la justicia ya que daría lugar a que se admitieran todas las demandas por el solo hecho de invocar un interés legítimo, lo cual sería incluso en perjuicio de los propios justiciables; por ello, a nada práctico conduciría admitir la demanda al no poder obtener una resolución diversa aun tramitado el juicio constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.57/2017 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página la mil setenta y ocho del libro cuarenta y tres, tomo II, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, que enseguida se cita: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo que contra los actos ya mencionados promueve el quejoso Artemio Hernández Hernández, en términos del artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 5 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, por notoriamente improcedente. IV. Domicilio y autorizado. Por otra parte, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a **** y por lo que hace a las demás personas se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en los artículos 34, 35, 36 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se le tiene por autorizado para acceder al expediente electrónico número 55/2021, con el usuario "...", al corroborarse la existencia del registro del referido usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el módulo de "Usuarios del juicio en línea", a fin de que dicha parte pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, se tengan por practicadas las notificaciones en este juicio ordinario civil, por lo cual se instruye al actuario adscrito a este Juzgado, realice las subsecuentes notificaciones por esa vía. En consecuencia, se instruye al analista jurídico adscrito, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Acceso, consulta y notificación electrónica. En otro aspecto, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se exhorta a las partes, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Adicionalmente, se insta a las partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención a las personas justiciables mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. VII. Autorización de medios electrónicos. En otro aspecto, como lo solicita, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la utilización de medios electrónicos a efecto de imponerse de los autos; con la precisión de que sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte solicitante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal. Ilustra lo anterior, la tesis con los datos de localización siguientes: "Registro No. 167640 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXIX, Marzo de 2009Página: 2847Tesis: I.3o.C.725 CTesis AisladaMateria(s): Civil Rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". VII. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. IX. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente a través del usuario registrado en el Portal de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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