Artemio Feliciano Miguel Pérez

Expediente 683/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
683/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Artemio Feliciano Miguel Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de quince de junio del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, devuélvase al juez Primero Penal del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, las copias certificadas deducidas de la causa penal 05/2019 de su índice, las cuales se ordenaron manejar como tomo de pruebas anexo al presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del que deriva el presente asunto; asimismo, que con fecha once de mayo del año en curso, el juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, quien en su momento conoció del presente cuaderno incidental, dictó la resolución interlocutoria en la cual concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por lo que al efecto se provee: Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), se determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: En cuanto al original de este incidente (cuaderno único), una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO CITATORIO QUE SE ENTREGÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguense el oficio de cuenta que suscribe el Presidente del Comité de Agua de Riego "Presa La Mina", Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca, en atención a su contenido, se provee; Toda vez que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la "Privación ilegal del disfrute de aguas de la comunidad de Santo Domingo Tomaltepec", y la litis versa respecto a determinar si es constitucional o no el acto reclamado y no de demostrar si se rigen por usos y costumbres; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, dígase al oferente que no ha lugar a admitir la prueba pericial en materia de antropología, dado que dicha probanza carece de los principios de idoneidad y pertinencia, al no ser el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende acreditar. Ilustra lo anterior, en lo conducente y por las razones que la informan, la Jurisprudencia número P./J. 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 157, tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Así como la Tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se puede consultar en la página 1888, del tomo XXIII, febrero de 2006, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante informando que Francisco Montaño Cortes, Ernestina López Pérez e Hipólito Hernández Martínez, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de Santo Domingo Tonaltepec, municipio de Santo Domingo Tomaltepec, parte quejosa en el presente juicio, fueron removidos de sus cargos, mediante asamblea de comuneros. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que quede notificada del presente acuerdo, manifieste: Si desea continuar con la prosecución del presente juicio de amparo, y, además, Remita la documental por la cual, acredite quiénes actualmente ostentan el carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de Santo Domingo Tonaltepec, municipio de Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, dentro del plazo indicado, se entenderá que no es su deseo continuar con la prosecución del juicio, lo cual se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO QUEJOSO.

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