Artemio Feliciano Miguel Pérez
Expediente 248/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Artemio Feliciano Miguel Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte agraviada hubiera recurrido la sentencia engrosada el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y en otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en sus artículos 18 fracción I, inciso a), y 35. Orden de archivo, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo quince, del acuerdo citado; a) Es susceptible de depuración, b) En su oportunidad deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimoy décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase a la Juez Primero Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, el cuaderno con copias certificadas de la causa penal 8/2019 de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte que esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión, en el que únicamente se concedió la suspensión provisional; por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación [Cuaderno incidental. Es depurable cuando se concede la suspensión definitiva o la definitiva y provisional y destruible cuando se concede sólo la suspensión provisional], de ahí que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado por el quejoso ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, a las autoridades responsables en este juicio de amparo, los siguientes: 1. La orden de aprehensión dictada en su contra el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 08/2019, por el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca. 2. La ejecución de ese acto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados El Comisionado de la Policía Estatal, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que le reclama el quejos en el ámbito de sus atribuciones. Esa negativa debe subsistir, ya que la parte quejosa no ofreció prueba alguna que la desvirtuara; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, el Agente Estatal de Investigaciones del Servicio de Guardia del Sector Etla, Oaxaca y el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del Servidor público autorizado, al rendir su informe justificado, convinieron expresamente en la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas relativas a la causa penal 8/2019, que acompañó el Juez mencionado a su informe, documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. QUINTO. Estudio El quejoso esencialmente aduce en sus conceptos de violación, que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal, porque se le pretende privar de sus derechos sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y tampoco se le otorgó garantía de audiencia a efecto de tener conocimiento sí dicho mandamiento de captura fue emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado, ni se le está administrando justicia. Los conceptos de violación expuestos son infundados. De las constancias que obran en autos, específicamente las que la responsable ordenadora acompañó a su informe justificado, cuyo valor probatorio lo determinan los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, se advierte que el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la causa penal número 8/2019, libró orden de aprehensión en contra de ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito equiparado a la retención en perjuicio patrimonial de Flavio Cruz Cruz, previsto y sancionado en el artículo 379 del Código Penal vigente en el Estado. Contrario a lo que afirma el quejoso, en la emisión de tal determinación, la responsable observó los lineamientos que establece el normativo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.". Ello, porque en el mandamiento de captura estimó se actualiza la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito equiparado a la retención, previsto en el artículo 379 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, invocado, que dispone: "ARTICULO 379.- Se equiparara al delito de retención y se castigará con pena de cinco a quince años de prisión al dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio, dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, que sin causa legal, por si o por sus subordinados, se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas a quien tenga derecho a ellas. Este delito se perseguirá de oficio. Para todos los efectos legales se entenderá que este delito se consuma cuando se niegue a la víctima la devolución o entrega de las cantidades reclamadas, lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerimiento judicial o notarial. Se considerará como negativa el hecho de que el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público se encuentre temporal o definitivamente cerrado o clausurado. Si la entidad, organismo, empresa o negocio no cuenta con registro de las autoridades correspondientes o no ha concluido o iniciado sus trámites de regularización, la pena se incrementará de uno a cinco años." Por lo que, apegado a derecho estableció que los elementos del delito que se atribuye al aquí quejoso son: a) Que el dueño, directivo, directivo, socio, gerente, empleado o responsable b) De cualquier entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro o inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido; c) Que sin causa legal, d) Por sí o por sus subordinados; e) Se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas, a quien tenga derecho a ellas. f) Lo que se acreditará por cualquier medio de prueba, sin necesidad de requerimiento judicial o notarial. Así, la legalidad del acto reclamado radica principalmente en que el juez responsable tuvo por acreditados esos elementos del delito, relacionó el material probatorio que obra en la indagatoria y realizó su valoración. Tomó en cuenta los hechos planteados por la víctima Flavio Cruz Cruz en su denuncia, que medularmente los hizo consistir en que, en el año dos mil ocho, celebró contrato de inversión a plazo fijo con el grupo "Grupo FINCE, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", ubicada en la calle Morelos número cinco, Villa de Etla, Oaxaca, le fue asignado el número de socio GFI-724, y el número de contrato 3236, el cual era renovado cada noventa días, al momento de presentación de la denuncia contaba con la cantidad de ciento treinta y dos mil trescientos once pesos con cincuenta y cuatro centavos y su rendimiento total de mil doscientos setenta y nueve pesos con un centavo; que el dieciocho de agosto de dos mil quince fue a la sucursal para renovar su contrato y a retirar quince mil pesos pero una empleada no le quiso entregar su dinero; le dijo que fuera a finales del mes de septiembre para ver si ya tenían fondos y ese mismo día le canceló su contrato; fue a finales del mes de septiembre pero no le entregó nada, le dijo que el señor Feliciano andaba ausente, empezó a ir cada semana y a veces cada quince días a preguntar por su dinero y nunca encontró al señor Feliciano, ni lo pudo contactar. La diversa declaración que rindió el nueve de febrero de dos mil dieciocho señaló que se entrevistó con ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, el diecinueve de agosto de dos mil quince, como a las nueve horas con quince minutos, pero en el contrato solo se puso como FELICIANO MIGUEL PÉREZ, llegó en unión de Florencio Cruz López y Teófilo García Cruz, para exigir le devolviera la cantidad invertida de ciento treinta y dos mil trescientos once pesos, quien se negó a entregarle su dinero y fue la última vez que habló con él. A la denuncia de la víctima, el Juez Penal responsable acertadamente otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, dado que tomó en consideración que el denunciante conoció los hechos por sí, es decir, que lo afirmado ante el órgano investigador fue percibido por él ya que fue quien recibió el perjuicio y a la fe ministerial valor probatorio en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 59 bis y 356 fracción X, del Código de Procedimientos Penales apara el Estado. En apoyo se cita, por compartirse el criterio la tesis jurisprudencial II.3o. J/65, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Página 71, Tomo: 72, Diciembre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN". En cuanto al primer elemento del delito, relativo a la calidad específica del activo ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, estableció que le reviste el carácter de presidente del Consejo de Administración de la financiera denominada Cooperativa de Servicios Financieros y/o Grupo FINCE, S.C. DE R.L. DE C.V., la cual tuvo por acreditada con la copia certificada del acta constitutiva visible en el número quinientos ochenta y cinco, instrumento número treinta y cuatro mil ochocientos trece, por parte del Notario Público Número 75, de la que dio fe el Agente del Ministerio Público, le otorgó valor de indicio, por haberlas practicado en ejercicio de su función investigadora conferida por el artículo 59 Bis del Código de Procedimientos Penales. Estableció que el segundo elemento del delito consistente en la existencia de una entidad, organismo, empresa o negocio dedicado a actividades financieras de ahorro e inversión, cualquiera que sea la figura legal o fáctica en que se haya constituido, la tuvo por acreditada con la referida acta constitutiva y con el oficio SOAX-1632/2016, de tres de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Subdelegado Estatal en Oaxaca, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, el oficio número 214-2/SJ-3803363/2016, de siete de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el director General Adjunto de la comisión Nacional Bancaria y de Valores, el oficio 214-2/SJ-3803904/2016, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el contrato de inversión a plazo fijo 3236 expedido por GRUPO FINCE S.A DE R.L. DE C.V. Cooperativa Financiera Empresarial a nombre de Flavio Cruz Cruz, por la cantidad de ciento treinta y dos mil trescientos once pesos con cincuenta y cuatro centavos, con las que se demuestra fácticamente la existencia de un organismo dedicado a actividades financieras, la declaración del ofendido y testigos de cargo, de las que se desprende que resulta ser un organismo dedicado a actividades financieras, la cual es de ahorro préstamo e inversiones, que dicha institución financiera no estaba regularizada, no estaba inscrita en el padrón de registro de prestadores de servicios financieros, a la que adicionó la inspección ministerial realizada por la representación social, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en la cual el ofendido señaló que el lugar inspeccionado era el lugar donde existía la sociedad financiera pero se encontraba cerrada; a esos medios de convicción les otorgó valor de indicio por haberlas practicado el Agente del Ministerio Público, en ejercicio de su función investigadora conferida por el artículo 59 Bis del Código de Procedimientos Penales, mientras a los informes aludidos les otorgó valor probatorio pleno al tenor de los artículos 355 fracción I y 356 fracción II, del citado ordenamiento legal. En lo conducente, es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 66, volumen 163-167, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR". Los elementos constitutivos del delito restantes consistentes en que sin causa legal se niegue a devolver las cantidades ahorradas, invertidas, o depositadas a quien tenga derecho a ellas, los tuvo por demostrados con la denuncia del ofendido Flavio Cruz Cruz y con la ampliación que realizó, pues se acredita que invirtió dinero de su propiedad en Cooperativa de Servicios Financieros y/o Grupo FINCE, y/o Grupo FINCE S.C. DE R.L. DE C.V. que el dieciocho de agosto de dos mil quince, fecha en la cual vencía su contrato de inversión a plazo fijo, se presentó a las instalaciones de esa institución, en compañía de Anastasia Cruz López y Belen Cruz López, para solicitar la devolución de su dinero invertido sin que se lo entregaran, y que el diecinueve de agosto de dos mil quince, aproximadamente a las nueve y media de la mañana, se presentó en compañía de Florencio Cruz López y Teófilo García Cruz, en las oficinas de Cooperativa de Servicios Financieros y/o Grupo FINCE, y/o Grupo FINCE S.C. DE R.L. DE C.V., ubicado en la calle de Morelos número sesenta y cinco de la Villa de Etla, Oaxaca, donde se entrevistó con ARTEMIO FELICIANO MIGUEL para solicitar la devolución del dinero pues ya había pasado la fecha de vencimiento, y al reclamarle, el propio activo le manifestó que no había dinero, y que no le iba a entregar ninguna cantidad de dinero, demostrándose la negativa de devolver la cantidad de ciento treinta y dos mil trescientos once pesos con cincuenta y cuatro centavos, propiedad del ofendido, a que se refiere el contrato de inversión a plazo fijo a su nombre. Acertadamente señaló que la imputación de la víctima se apoya con las declaraciones de cargo realizadas por Anastasia Cruz López, Belen Cruz López, Florencio Cruz López y Teófilo García Cruz, así como las declaraciones de los testigos de solvencia económica Adriana Cruz Pérez y Blanca Emma Hernández Hernández, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, nueve de febrero de dos mil dieciocho y dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, a los que otorgó valor de indicio por reunir los requisitos a que se refiere la fracción VI, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que se trata de personas mayores de edad, con capacidad física y mental para reproducir los hechos que percibieron con sus sentidos y no por relatos de terceros; a quienes les consta la solvencia económica de la víctima, que esta realizó depósito de dinero en caja FINCE, la cual dejó de funcionar y que no le fue entregado su dinero ante la negativa del propio quejoso. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Página: 501, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Materia(s): Penal, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES". Al dictamen contable de la perito Ana Patricia Velasco Carazo, adscrita a Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, le otorgó valor probatorio de indicio con fundamento en los artículos 401, 402 y 403 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, ya que acredita la disminución en el patrimonio del pasivo Flavio Cruz Cruz, por la cantidad de ciento treinta y dos mil trescientos once pesos con cincuenta y cuatro centavos. Es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual es localizable en la Página: 725, del Tomo: V, del mes de Marzo de 1997, de la Materia(s): Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". Además, válidamente tomó en consideración la diligencia de inspección ocular en la que la autoridad ministerial hizo constar la existencia del inmueble en que se ubicaban las oficinas de la Cooperativa de Servicios Financieros y/o Grupo FINCE, y/o Grupo FINCE S.C. DE R.L. DE C.V., a donde el aquí quejoso ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, invitó a la víctima a invertir su dinero, y se negaron a devolver tanto la inversión como sus intereses, oficinas que se encontraban cerradas, prueba a la que relacionó el dictamen en planimetría dependiente del Instituto de Servicios Periciales de la fiscalía General del Estado, otorgándoles valor probatorio por haberla practicado el Agente del Ministerio Público atendiendo a su función investigadora conforme al artículo 59 bis del Código de Procedimientos Penales. De ahí que, como se dijo, las probanzas relacionadas fueron correctamente adminiculadas y valoradas por la responsable para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, en la comisión del delito en la comisión del delito equiparado a la retención, previsto en el artículo 379 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Ello, toda vez que el Juez Penal responsable tuvo por acreditado que ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, es presidente del Consejo de Administración de la persona moral denominada "Grupo FINCE, S. C. de R.L. de C.V.; lo que se acredita con el instrumento notarial consistente en el acta constitutiva visible en el número quinientos ochenta y cinco, instrumento número treinta y cuatro mil ochocientos trece, por parte del Notario Público Número 75, con la que se acredita su calidad de presidente del Consejo de Administración. Además tuvo por demostrada la ubicación del domicilio señalado por la ofendida de la empresa "Grupo FINCE, S. C. de R.L. de C.V"., donde la víctima señaló que depositó el dinero, la cual se encontraba cerrada; la inversión económica que realizó con el contrato de depósito y el dictamen de avalúo, emitido por el perito contable adscrito al Instituto de Servicios Periciales de la Periciales de la Fiscalía General del Estado, que concluye en su dictamen que el monto de lo retenido asciende a la cantidad de ciento treinta y dos mil trescientos once pesos con cincuenta y cuatro centavos y la negativa a su devolución por el personal de esa institución y por el propio quejoso, con lo declarado por la víctima y testigos de cargo, conculcando así el bien jurídico tutelado por la norma penal como lo es el patrimonio del pasivo. Por tanto, la orden de aprehensión que así lo determinó no es contraria a derecho en ese aspecto, toda vez que en la causa penal de origen, como se estableció, quedaron colmados los elementos comisivos del ilícito en cuestión, descritos en apartados precedentes. Por otra parte, en cuanto a la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión de ese injusto, también la autoridad de instancia actuó apegada a derecho al establecer que se encuentra demostrada en autos, a través de los medios de prueba que se tuvieron como base para la comprobación del cuerpo del delito de que se trata; ya que como lo ponderó en su resolución, existen en su contra la imputación del ofendido y sus respectivos testigos de cargo, quienes señalan al quejoso ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ como la persona que se ha negado rotundamente a devolver al ofendido la cantidad invertida en la sociedad financiera mencionada, al no entregarle la cantidad señalada al momento en que el ofendido lo solicitó; siendo en consecuencia coautor material de dicho ilícito en términos del artículo 11, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca, como lo determinó el juez responsable. Todo lo cual permite concluir que la orden de aprehensión que se combate, reúne los requisitos que para su emisión establece el artículo 16 constitucional, puesto que se precisó el delito atribuido al quejoso, por el que el Ministerio Público ejerció la acción penal que le compete, se narraron los hechos expresando el lugar, tiempo y circunstancias de realización del mismo. También, al analizar los medios de prueba en cuestión, la responsable los valoró en términos de los artículos 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado y los concatenó entre sí, haciendo un enlace lógico y jurídico de ellos, considerándolos aptos y suficientes para demostrar los elementos del delito de que se trata, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. En efecto, fue correcta la valoración que de las pruebas realizó la autoridad responsable ya que al unirlos logró integrar la prueba circunstancial con valor pleno, la cual resulta de la apreciación en conjunto de los elementos probatorios que aparecen en el proceso, mismos que no deben de considerarse aisladamente, habida cuenta que cada uno constituye un indicio y de su enlace armónico, lógico y natural, inequívocamente lleva a la verdad buscada. De ahí que, contrario a lo que aduce el quejoso, la autoridad judicial responsable sí valoró de manera correcta el acervo probatorio que conforma la causa penal conforme a las reglas establecidas en el título cuarto del Código de Procedimientos Penales del Estado, esto es, no incurrió en alteración de los hechos ni en infracción a los principios lógicos fundamentales. A mayor abundamiento, la responsable al emitir el acto reclamado realizó un correcto estudio del material probatorio existente en el expediente, pues al valorarlo se sujetó a las reglas contenidas en el referido código adjetivo de la materia y fuero, mismos que al ser considerados en lo individual como indicios, en su conjunto hacen prueba plena, pues para apreciarlos de tal manera, se debe de tener como punto de partida hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con los hechos ilícitos, a fin de verificar tanto los elementos del cuerpo del delito, como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, tal y como lo realizó la citada responsable y, que como conclusión llevaron a ésta a determinar que eran suficientes e idóneos para tener por acreditados los extremos a que se contrae el ordinal 16 de nuestra Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo precedente la jurisprudencia número 268, visible en la página 150, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo II, que a la letra dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya un hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado". Por lo anterior, no le asiste razón al quejoso al sostener que se violan en su perjuicio los preceptos constitucionales que invoca en su escrito de demanda, pues como ya se ha establecido, la resolución reclamada colma esas exigencias, ya que fue emitida por una autoridad judicial facultada para ello, por hechos que la ley señala como delito y sancionado con pena privativa de libertad, existiendo en la causa penal de origen datos suficientes que acreditan tanto la materialidad del ilícito de que se trata, como su probable responsabilidad penal en la comisión del mismo; máxime que la autoridad judicial de origen precisó las razones de carácter legal y humana por las que arribó a tal conclusión, relacionando los medios de prueba con los que se acreditan esos aspectos, valorándolos en su conjunto en términos de lo dispuesto por los artículos antes citados. De ahí que el acto de molestia se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que ello consiste en exteriorizar las consideraciones relativas para fijar la adecuación del hecho concreto a la hipótesis normativa, tal y como aconteció en el particular, habida cuenta que además de que la responsable precisó el precepto legal aplicable que sustenta jurídicamente su determinación, también expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que motivaron el mandamiento de captura, existiendo adecuación entre los motivos aducidos por la responsable y las normas aplicables al caso. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número doscientos sesenta, consultable a fojas ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN: De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable legal al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También cabe destacar que del proceso penal señalado se advierte que el peticionario del amparo es penalmente imputable, dado que no existen elementos que demuestren que al momento de cometer el delito que se le atribuye, no comprendiera la antijuricidad del mismo, que actuara bajo algún error de prohibición o que hubiera sido constreñida para conducirse como lo hizo. Del mismo modo, como lo advirtió la responsable, de la causa penal se evidencia que la conducta atribuida al quejoso la ejecutó de manera dolosa en términos del artículo 8, fracción I del Código Penal vigente para el Estado de Oaxaca, ya que no obstante conocer lo ilícito de su actuar, aceptó la realización del hecho descrito por la ley como delito. A mayor abundamiento, de la lectura de las constancias que integran este expediente se advierte que al pronunciarse la resolución combatida, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Federal, dado que aquélla fue pronunciada por una autoridad judicial previamente establecida, como lo es el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, previa denuncia de un hecho considerado como delito, en el caso, equiparado a la retención, el cual como ha quedado establecido en esta sentencia, tiene contemplada pena privativa de la libertad, aunado a que los datos arrojados por la averiguación previa respectiva, son suficientes para acreditar la corporeidad de dicho ilícito, como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Por otra parte, es pertinente señalar que para librar una orden de aprehensión, no es menester que previamente se instaure un juicio en contra del impetrante y que sea vencido en él, como tampoco es necesario que se le notifique que se le pretende privar de la libertad, pues como ha sido señalado, para emitir un acto de autoridad como el que aquí reclama, basta que se satisfagan los extremos exigidos por el artículo 16 constitucional, elementos que como se indicó en párrafos precedentes, fueron debidamente satisfechos por la autoridad judicial. En congruencia con lo anterior, para decretar una orden de aprehensión, como acontece en el caso, no es necesario que se compruebe plenamente el cuerpo del delito, ni que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del aquí quejoso, pues basta que existan indicios que la hagan probable. En el caso, cobra aplicación la tesis jurisprudencial sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 514, del Tomo XIX, del mes de Mayo de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia". En las relatadas consideraciones, se concluye que la orden de aprehensión librada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, el veintisiete de dos mil diecinueve, en la causa penal número 8/2019, en contra ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito equiparado a la retención en perjuicio patrimonial de Flavio Cruz Cruz, no conculca los preceptos constitucionales que invoca en su escrito de demanda, por lo que procede negarle el amparo y la protección que de la Justicia Federal solicita. Negativa de la protección constitucional que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca, y al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Sector Etla, Oaxaca, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia directa e inmediata de la orden de captura reclamada Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio contra el acto reclamado al Comisionado de la Policía Estatal, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, contra los actos reclamados al Juez Primero de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve en la causa penal 8/2019 y su ejecución al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca, y al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Sector Etla, Oaxaca, en términos del último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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PREVIO CITATORIO..., R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio contra el acto reclamado al Comisionado de la Policía Estatal, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ARTEMIO FELICIANO MIGUEL PÉREZ, contra los actos reclamados al Juez Primero de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve en la causa penal 8/2019 y su ejecución al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en San Antonio de la Cal, Oaxaca, y al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Sector Etla, Oaxaca, en términos del último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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