Artemio de la O Santamaria

Expediente 484/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
484/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Artemio de la O Santamaria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de doce de noviembre del año en curso, en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso b), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Finalmente, dado que la autoridad responsable se encuentra gozando de su segundo periodo vacacional, se instruye al Actuario Judicial adscrito, para que una vez que reanude sus labores haga entrega del oficio que derive del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista, la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento a la Jueza ***, que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó su adscripción como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez ***. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado y por recibidas las documentales que remite. Ahora bien, de las constancias que se reciben a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que con fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó la promoción cuya omisión se reclama en sede constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación. En este contexto, previo a realizar el pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar correctamente el acto reclamado, atendiendo en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, incluso con el informe justificado y la totalidad de las constancias que obran en el sumario. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación u su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rublo literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la lectura integra al escrito de demanda y del análisis de los elementos a que hacen referencia las tesis invocadas, atendiendo además la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado en la oficialía de partes del tribunal laboral con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, en los que solicitó la conclusión de las pruebas y dictar laudo en el juicio laboral 89/2018. Precisando que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse atendiendo a aquél que obstruya el cauce legal del procedimiento laboral de origen, en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable, en función de la etapa procesal en que éste se sitúa, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley que rige la materia; y en ese sentido, debe tenerse como tal, el acto antes destacado sin que sea susceptible llegar hasta el desahogo de la audiencia conciliatoria, como lo pretende el inconforme. Se sostiene esta consideración en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)". En ese sentido, de las constancias que remitió el tribunal responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictó un proveído en el que entre otras acordó la promoción que presentó la parte actora por conducto de su apoderado en las datas precisadas en párrafos precedentes y manifestó el impedimento que tiene para cerrar la etapa probatoria y el laudo en el juicio de origen. De este modo, queda acreditado que la autoridad responsable emitió el acto cuya omisión se reclamó, puesto que la pretensión final del peticionario del amparo, fue que el tribunal obrero dictara el auto donde menciona la imposibilidad que tiene para dictar laudo toda vez que faltan pruebas que desahogar en juicio laboral 89/2018, por lo que es claro que cesó la omisión reclamada. En este tenor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito considera que en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ello es así, pues conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De suerte que, como ya se explicó al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica del promovente al haberse dictado el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, en el juicio del que emana el acto que se reclama, con ello, se cumple su pretensión al momento de promover el presente medio de control constitucional. De ahí que, en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que a la presente fecha no se haya dejado transcurrir los ocho días a que se refiere el artículo 117, de la Ley de amparo para que las partes se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas, sin embargo, al haber acordado los escritos que constituyen la fuente del acto reclamado y con ello haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, no cabe la posibilidad de que se entre a su estudio de fondo. En consecuencia se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra programada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Hágase saber lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado y por recibidas las documentales que remite. Ahora bien, de las constancias que se reciben a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que con fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó la promoción cuya omisión se reclama en sede constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación. En este contexto, previo a realizar el pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar correctamente el acto reclamado, atendiendo en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, incluso con el informe justificado y la totalidad de las constancias que obran en el sumario. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación u su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rublo literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la lectura integra al escrito de demanda y del análisis de los elementos a que hacen referencia las tesis invocadas, atendiendo además la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado en la oficialía de partes del tribunal laboral con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, en los que solicitó la conclusión de las pruebas y dictar laudo en el juicio laboral 89/2018. Precisando que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse atendiendo a aquél que obstruya el cauce legal del procedimiento laboral de origen, en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable, en función de la etapa procesal en que éste se sitúa, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley que rige la materia; y en ese sentido, debe tenerse como tal, el acto antes destacado sin que sea susceptible llegar hasta el desahogo de la audiencia conciliatoria, como lo pretende el inconforme. Se sostiene esta consideración en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)". En ese sentido, de las constancias que remitió el tribunal responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia que el diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictó un proveído en el que entre otras acordó la promoción que presentó la parte actora por conducto de su apoderado en las datas precisadas en párrafos precedentes conducto de su apoderado y al efecto hizo manifestaciones del porque no puede cerrar la etapa de pruebas y dictar el laudo en el juicio de origen. Por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable emitió el acto cuya omisión se reclamó, puesto que la pretensión final del peticionario del amparo, fue que el tribunal obrero dictara el auto donde menciona la imposibilidad que tiene para dictar laudo toda vez que faltan pruebas que desahogar en juicio laboral 89/2018, por lo que es claro que cesó la omisión reclamada. En ese contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito considera que en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ello es así, pues conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De suerte que, como ya se explicó al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica del promovente al haberse dictado el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, en el juicio del que emana el acto que se reclama, con ello, se cumple su pretensión al momento de promover el presente medio de control constitucional. De ahí que, en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que a la presente fecha no se haya dejado transcurrir los ocho días a que se refiere el artículo 117, de la Ley de amparo para que las partes se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas, sin embargo, al haber acordado los escritos que constituyen la fuente del acto reclamado y con ello haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, no cabe la posibilidad de que se entre a su estudio de fondo. En consecuencia se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra programada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Hágase saber lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

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