Artemio Coutiño Moreno
Expediente 337/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/06/2019
Partes del expediente
- Artemio Coutiño Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta con anexo, suscrito por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, con residencia en esa localidad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo; y con su contenido, dése vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada del expediente 299/2000, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. Ahora bien, del informe justificado antes citado, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: En el caso en estudio, el quejoso *****, reclama esencialmente de la autoridad aquí responsable, lo siguiente: ? La omisión de dar trámite al incidente de cancelación de embargo por falta de referendo ante la autoridad responsable dentro del juicio 299/2000. De las constancias remitidas por la responsable, las cuáles merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y las constancias que remitió la autoridad responsable ejecutora se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar trámite al incidente de cancelación de embargo por falta de referendo ante la autoridad responsable dentro del juicio 299/2000. Sin embargo, del informe justificado y sus anexos, se advierte que el Juez responsable, el treinta y uno de mayo del año en curso, admitió a trámite el incidente de cancelación de embargo, ordenando dar vista a la parte actora en ese juicio, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, lo que se corrobora a fojas (485 y 486) del tomo de pruebas. Circunstancias que se consideran suficientes para llegar a concluir que el acto reclamado consistentes en la omisión de dar trámite al incidente de cancelación de embargo por falta de referendo ante la autoridad responsable dentro del juicio 299/2000, ha cesado en sus efectos. Por tanto, se colige que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la justicia federal. De lo antes expuesto, se considera que sobreviene en el presente juicio de amparo, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Visto; el oficio de cuenta con anexo, suscrito por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, con residencia en esa localidad, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo; y con su contenido, dése vista a las partes para que, en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada del expediente 299/2000, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. Ahora bien, del informe justificado antes citado, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: En el caso en estudio, el quejoso *****, reclama esencialmente de la autoridad aquí responsable, lo siguiente: ? La omisión de dar trámite al incidente de cancelación de embargo por falta de referendo ante la autoridad responsable dentro del juicio 299/2000. De las constancias remitidas por la responsable, las cuáles merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y las constancias que remitió la autoridad responsable ejecutora se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar trámite al incidente de cancelación de embargo por falta de referendo ante la autoridad responsable dentro del juicio 299/2000. Sin embargo, del informe justificado y sus anexos, se advierte que el Juez responsable, el treinta y uno de mayo del año en curso, admitió a trámite el incidente de cancelación de embargo, ordenando dar vista a la parte actora en ese juicio, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, lo que se corrobora a fojas (485 y 486) del tomo de pruebas. Circunstancias que se consideran suficientes para llegar a concluir que el acto reclamado consistentes en la omisión de dar trámite al incidente de cancelación de embargo por falta de referendo ante la autoridad responsable dentro del juicio 299/2000, ha cesado en sus efectos. Por tanto, se colige que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la justicia federal. De lo antes expuesto, se considera que sobreviene en el presente juicio de amparo, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto el estado de autos de los cuales se advierte que mediante auto que antecede se proveyó respecto del telegrama signado por el primer secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, residente en Villaflores, Chiapas, mediante el cual informó la imposibilidad para estar en condiciones de rendir el informe justificado requerido por este juzgado, en virtud de lo manifestado en el mismo, haciendo del conocimiento además, que el veintiséis de abril del presente año, giró oficio al Director del Archivo General y Notarías del Estado de Chiapas, con la finalidad de localizar y le devuelva el expediente original 299/2000, de su índice. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Villaflores, Chiapas, para que en el término de tres días, contados a partir de su legal notificación, informe respecto de la contestación a la solicitud que hizo mediante oficio de veintiséis de abril del presente año, a la Dirección del Archivo General y Notarías del Estado de Chiapas, a fin de estar en condiciones de rendir su informe justificado requerido por este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término antes señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, para su celebración.
- Principal
Visto; el telegrama de cuenta suscrito por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, residente en Villaflores, Chiapas, por medio del cual informa que se encuentra imposibilitado para rendir su informe justificado, toda vez que el expediente original 299/2000, se encuentra en la Notaría Pública del Estado Número 40, para la tramitación de la escritura correspondiente, el cual fue recibido por el licenciado +++, quien estuvo a cargo de esa propia notaría; manifestando además, que la nueva titular de la referida, quien lo es la licenciada +++, informó que en los archivos de esa oficina no se encontró el expediente físico, por lo que con fecha veintiséis de abril del presente año, ese juzgado oficiante ordenó girar ofició al Archivo General y Notarías del Estado, a efectos de que le devuelvan el expediente aludido; y así estar en aptitud de poder rendir el informe solicitado por este juzgado federal. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta y resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se reciba vía ordinaria.
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