Artemio Corrales Baidón
Expediente 768/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Artemio Corrales Baidón
- Secretario de Salud de Sinaloa
- Artemio Corrales Baidón y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Culiacán, Sinaloa, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual trascribe el proveído de diecisiete de febrero del año que trascurre, que declara firme el diverso que dejó sin materia el recurso de queja 271/2020, promovido por el quejoso Artemio Corrales Baidón; tómese nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión aperturado. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. De conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, notificación a las partes, informes justificados y pruebas documentales. El Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y rendidos los informes justificados; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar sentencia. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, ********************y******************** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de ese día se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclaman actos con ejecución en esta localidad, donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. La parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de cumplir con el acuerdo publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación en el que se establecieron medidas para la mitigación y control de riesgos para la salud por el virus SARS-CoV2, al señalar que se debe evitar la asistencia a los centros de trabajo a las personas que se encuentran dentro de algún grupo vulnerable. La Circular ******************** de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se establecieron nuevos criterios y valores de vulnerabilidad. La omisión de evitar que los quejosos asistan a su centro de trabajo al situarse en un grupo de vulnerabilidad. TERCERO. Acto inexistente. Es inexistente el acto atribuido al Director del Hospital General de Culiacán, consistente en la emisión de la Circular ******************** de treinta de septiembre de dos mil veinte, virtud que de la copia de esa circular, exhibida por la parte quejosa (fojas 35-40), se advierte que dicho documento fue expedido por el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa. Por tanto, al no estar demostrado que el Director General del Hospital General de Culiacán haya expedido la indicada Circular, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto de tal acto y autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Actos ciertos. No obstante que el Director Jurídico y de Normatividad de los Servicios de Salud de Sinaloa, en representación del Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, quien también funge como Secretario de Salud del Estado y el Director General del Hospital General de Culiacán al rendir informe con justificación negaron los actos que se les reclaman (fojas 65-73 y 53-54, respectivamente), sin embargo, su negativa se desvirtúa con lo expuesto en los citados informes, así como con las constancias que existentes en autos, de las que se desprende que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa expidió la Circular ******************** de treinta de septiembre de dos mil veinte; mientras que el Director del nosocomio señaló que la parte quejosa no exhibió alguna constancia médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que no se debe prescindir de la presencia de los quejosos en áreas no COVID del hospital a su cargo; por tanto, se tienen ciertos los actos que se les reclaman. QUINTO. Improcedencia. Los artículos 5, fracción II, y 61 de la Ley de Amparo señalan: 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. La interpretación conjunta de ambos preceptos se advierte que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad. Del texto de la fracción II indicada se advierten dos supuestos para determinar quién es autoridad para los efectos de juicio de amparo, a saber: 1. La que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. 2. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. A diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto; es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y ahora atiende al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria; precisa que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, cuyas funciones estén determinadas por alguna norma general. En el proceso legislativo origen a la inclusión de este nuevo concepto de autoridad para los efectos del amparo, específicamente en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, en la consideración Sexta se abordó el tema de autoridad responsable y particulares en los siguientes términos: Autoridad Responsable y Particulares. Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el 'enemigo a vencer' por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la 'garantía individual' de supra-subordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de (sic) del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos, El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión. Así, de conformidad con lo antedicho, para definir cuándo se está en presencia de autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: 1. la existencia de un ente u organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. 2. Ese ente u organismo del Estado emita u omita actos jurídicos derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica. 3. Con el actuar u omisión se cree, modifique o extinga determinada situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior deriva que la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo: XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sin embargo, la vigente Ley de Amparo en el precepto indicado resulta flexible, pues acepta la posibilidad que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos de las personas, a condición que esas funciones estén determinadas por alguna norma general. Como puede observarse del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación, de Estudios Legislativos, trascrita con anterioridad, la intención del legislador (interpretación funcional mediante argumentación psicológica) es que los actos de particulares susceptibles de reclamarse en amparo no son los actos estrictamente realizados entre particulares, sino el de su actuar vinculado con el acto de autoridad, específicamente cuando el acto los coloque en situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que permitan al afectado solventar su pretensión, virtud que la potestad o función de quien emite el acto derive de alguna norma general y abstracta. Así, la finalidad perseguida por el creador de la norma no fue el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos, cuando sean actos eminentemente entre particulares en relación de coordinación, pues no pretendió sustituir a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. Luego, en todo caso el acto de particular lo debe colocar en plano de supra-subordinación al emanar su actuación de alguna norma general y abstracta que lo obligue realizar el acto. En esa medida, los actos de particulares combatibles en amparo son los equivalentes a los de las autoridades, lo que significa que el particular realice actos de autoridad alejado de su ámbito privado o particular convencional. Conclusión acorde con el significado del vocablo equivalente proporcionado por la ******************** en el ********************, Editorial ********************, vigésima segunda edición, ******************** 2001: Equivalente. (Del lat. aequivalens, -entis). 1. adj. Que equivale a otra cosa. U. t. c. s. 2. adj. Geom. Dicho de una figura o de un sólido: Que tiene igual área o volumen y distinta forma que otro. En ese contexto, el vocablo equivalente consiste en la connotación que una cosa, figura o persona debe tener en igualdad de estimación, valor, potencia, eficacia, área o volumen que otra. Bajo esa perspectiva, el actuar del particular debe revestir las características de unilateral, por actuar de iniciativa propia; ser imperativo, debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; coercitivo, esto es, que a través de la infraestructura del Estado se someta obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla la decisión. En vía de consecuencia, el acto de autoridad al que en su caso debe ser equivalente el acto del particular debe ser manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que exprese decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. Por tanto, los actos de particulares no se pueden someter a análisis constitucional cuando actúen en el ámbito y ejercicio de su esfera de derecho privado o en cumplimiento de un convenio particular, aun cuando se pretenda indicar que ese pacto encuentra sustento en alguna norma general, pues todo actuar que pudiera derivar de un plano de igualdad con otros particulares no tiene sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de garantías. De acuerdo con lo antes razonado, para efectos del juicio de amparo el actuar del particular ha de colocarse en plano semejante respecto al de las autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos, por lo que la realización de actos en plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen supra subordinación, no constituye causa para tenerles con carácter de autoridades responsables. En conclusión, el actuar del particular debe estar determinado en alguna ley que le imponga tal obligación, esto es, que no sea potestativo sino imperativo su accionar. En el caso, se aprecia que respecto a los actos reclamados, en el capítulo respectivo y en la narrativa de hechos o antecedentes de la demanda de amparo, la parte quejosa expuso: 4.- ACTOS RECLAMADO: A) EL INCUMPLIMIENTO DADO AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 24 DE MARZO DE 2020, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERAN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS CoV2 (COVID19), MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA COMO MEDIDA PREVENTIVA "EVITAR LA ASISTENCIA A CENTROS DE TRABAJO A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE UN GRUPO VULNERABLE. OMISIÓN QUE PONE EN RIESGO NUESTRA SALUD Y VIDA. B) LA CIRCULAR ********************, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CUAL SE BASARON NUEVOS CRITERIOS Y VALORES DE VULNERABILIDAD, EN LOS QUE DEBIDO A LOS NUEVOS VALORES DE VULNERABILIDAD LOS SUSCRITOS POR LAS CONDICIONES DE SALUD QUE PADECEMOS, CONFORME A LA TABLA DE REFERENCIA DE VALORES DE VULNERABILIDAD DEBEMOS DE PRESENTARNOS A LABORAR, A UN Y CUANDO LA RESPONSABLE TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS SUSCRITOS PADECEMOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y CRISIS HIPERTENSIVAS. C) LA OMISIÓN DE QUE LOS SUSCRITOS EVITEMOS LA ASISTENCIA A NUESTRO CENTRO DE TRABAJO DE MANERA PRESENCIAL AL PADECER ENFERMEDAD CRONICA GENERATIVA NO TRANSMITIBLE Y FORMAR PARTE DEL GRUPO VULNERABLE y/o LA OMISIÓN DE OTORGARNOS LA LICENCIA POR VULNERABILIDAD. 5.- ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos los hechos que nos constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, en forma conjunta y/o separadamente: 1. Que los suscritos actualmente somos trabajadores de los Servicios de Salud en Sinaloa y/o de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, específicamente en el Hospital General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum", con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y contamos con los siguientes puestos, edades y áreas de trabajo: NOMBRE EDAD INSTITUCIÓN PUESTO ÁREA ******************** 54 AÑOS HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN ENFERMERO GENERAL "C" CONSULTA EXTERNA ******************** 49 AÑOS HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN ENFERMERA GENERAL "A" CONSULTA EXTERNA 2. Que como es un hecho notorio y bien conocido, en la actualidad de manera generalizada en el mundo enterado se vive una crisis de salud, denominada pandemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID19) conocido comúnmente como coronavirus. 3. Que los suscritos desde antes de que iniciara la pandemia que se vive actualmente fuimos diagnosticados con enfermedad crónica degenerativa no transmisibles, que afectan nuestro sistema inmunológico y que representan mayor riesgo de complicación en caso de ser afectados y contagiados por la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), y que nos coloca en situación de vulnerabilidad ante la pandemia que se vive actualmente en el país; siendo los padecimientos y afecciones médicas o enfermedades que padecemos las siguientes: Nombre Diagnóstico ******************** HIPERTENSIÓN ARTERIAL ******************** HIPERTENSIÓN ARTERIAL CON CRISIS HIPERTENSIVAS Por lo anterior los suscritos nos encontramos en resguardo en nuestros domicilios por cuestiones de salud, con licencia por vulnerabilidad recibiendo todas mis prestaciones laborales y económicas al 100% ya que por motivos de la pandemia COVID 19 y por ser reconocidos por las autoridades responsables como parte del grupo vulnerable por ser los suscritos de aquellas personas en situación de vulnerabilidad ya que debido a las condiciones o características de salud y/o enfermedades del suscrito somos más propensos a desarrollar una complicación o morir por COVID 19, y dichos padecimiento de la aquí parte quejosa están acreditado ante las responsables y reconocidas por las mismas. Además de que la enfermedad que actualmente padecemos es una enfermedad inmunosupresor, crónica y degenerativa por lo que actualmente nos encontramos en tratamiento, y dicha enfermedad me causan un bajo sistema inmunológico. Dicho padecimiento fue reconocido y acreditado por las responsables, mediante constancias médicas y hojas de vulnerabilidad y constancias médicas expedidas por ISSSTE (quien es la institución que presta nuestros servicios médicos al ser trabajadores de base) ante la Jefa de personal de Recursos Humanos del Hospital de Adscripción, documentos que se encuentran en el expediente personal de cada uno de los suscritos y que por tal motivo las autoridades responsables evitaban asistir a nuestro centro de trabajo de manera presencial. 4. En el mundo se ha reportado un constante número de casos positivos de covid-19, también denominado Coronavirus y de muertes provocadas por el virus, en especial en países como Italia. 5. El pasado 23 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia por el virus SARS-Co V2 (COVID19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia. 6. En sintonía de generar, procurar, planear y hacer del conocimiento público todas las medidas de seguridad que coadyuven a reducir el riesgo de propagación del COVID-19, el 24 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Entre dichas medidas, se desprende que se deberá evitar la asistencia a centros de trabajos, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más, y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán su salario y demás prestaciones establecidas en la normativa vigente indicada en el inciso C) del presente artículo. Estos grupo incluyen mujeres embarazadas o en periodos de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere suspensión al sistema inmunológico. 7. El sábado 28 de marzo de 2020, se dieron a conocer las medidas de control y prevención para la propagación del SARS-CoV2 (COVID19) en México, en razón de los casos reportados hasta ese momento en el territorio nacional, de entre las que destaca, el no salir de casa para evitar mayor contagio. 8. En fecha 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General determinó declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), al informarse la presencia de 1,094 personas infectadas, 28 defunciones y 2,752 casos sospechosos por dicho virus. Al día 13 de marzo, las autoridades federales informan 5,014 casos confirmados, 9,341 casos sospechosos y 332 defunciones a causa del mencionado virus. 9. Que hasta el día del acto de autoridad reclamado el suscrito nos encontrábamos resguardados en nuestros domicilios por cuestiones de salud, ya que por motivos de la pandemia COVID 19 y por ser reconocidos por las autoridades responsables como parte del grupo vulnerable por ser los suscritos de aquellas personas en situación de vulnerabilidad ya que debido a las condiciones o características de salud y/o enfermedades de los suscritos somos más propenso a desarrollar una complicación o morir por COVID 19, respetándose todos mis prestaciones labores económicas. 10. Que actualmente en nuestro estado de Sinaloa el semáforo se encuentra colocado en color naranja es decir es alto riesgo; y el municipio de Culiacán se encuentra en semáforo color rojo por el número de contagios diarios y muertes que se tienen en dichos municipios, tal como lo han reconocido las autoridades sanitarias del estado de Sinaloa. 11. Que el 29 de mayo de 2020, la secretaría de salud, público un acuerdo por el cual se estableció lineamientos técnicos específico para la reapertura de las actividades económicas, los cuales establecen en el numeral 7 "MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CENTROS DE TRABAJO UBICADOS EN REGIONES DESIGNADAS DE ALERTA ALTA E INTERMEDIA se estableció lo siguiente: "Los centros de trabajo ubicados en una región considerada de riesgo alto y medio (naranja y amarillo), deberán implementar medidas diferenciadas que permitan disminuir el riesgo de la población en situación de vulnerabilidad, así como contrarrestar las posibles afectaciones a los centros de trabajo y al personal. Asimismo, se deberá considerar suspender o flexibilizar la asistencia a los centros de trabajo de personas trabajadoras que conviven en su hogar o tienen a su cargo el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que debido a determinadas condiciones o características de salud son más propensas a desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Por ejemplo: mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal)". 12. Que en fecha 15 de octubre, recibimos una llamada por parte de recursos humanos del Hospital General de Culiacán, en donde nos notificaron que por instrucciones del Director del Hospital y del Secretario de Salud, de manera inmediata me debo presentar a laborar ya que de acuerdo a la circular ******************** de fecha 30 de septiembre de 2020 se basaron nuevos criterios en los que se estableció que de acuerdo a los nuevos valores los suscritos dejamos de ser parte del grupo vulnerable y debíamos asistir de manera presencial a trabajar, lo que pone en riesgo a nuestra salud y la vida, cuando lo correcto es que se evite nuestra presencia física a nuestros centros de trabajo u otorgue la licencia por vulnerabilidad, en virtud de que las enfermedades que padecemos nos hacen personas con mayor vulnerabilidad y nos coloca en riesgo a desarrollar la enfermedad que ocasiona el virus Covid de manera grave e incluso perder la vida. 13. Que hasta el día del acto de autoridad reclamado los suscritos nos encontrábamos en nuestros domicilios por cuestiones de salud, ya que por motivos de la Pandemia COVID 19 y por ser reconocido por las autoridades responsables como parte del grupo vulnerable por ser el suscrito de aquellas personas en situación de vulnerabilidad ya que debido a las condiciones o características de salud que padecemos somos más propensos a desarrollar una complicación e incluso morir por COVID19 lo que sería de imposible reparación para los suscritos. 14. Que en la nota publicada 31 de agosto de 2020 por la Organización Mundial de la Salud con el título Alocución de apertura del Director General de la OMS en la conferencia de prensa sobre la COVID-19, de 31 de agosto de 2020, en el que se estableció que se tenían que reducir las muertes protegiendo a los grupos vulnerables, entre ellos las personas de edad avanzada, las que padecen afecciones subyacentes y los trabajadores esenciales, al finalizar la conferencia y como se observa en la parte final de la presente nota el Director General de la OMS comento lo siguiente: [.] 15. Como es un hecho notorio y bien sabido en la conferencia de informe diario Covid 19 emitida por la Secretaría de Salud Federal del día 09 de octubre de 2020, se informó que 7 entidades federativas regresaron de semáforo amarillo a semáforo color naranja, es decir de riesgo moderado a riesgo alto, y entre dichas entidades se encuentra la del Estado de Sinaloa y dicha semaforización corresponde del día 12 al 25 de octubre del presente año. [.] De lo anterior deriva que los actos reclamados al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa, y al Director del Hospital General de Culiacán, Sinaloa, los realizaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral rectora de las relaciones en esa institución con su personal. Lo anterior, porque la parte quejosa reconocen que trabajan como enfermeros generales A y C, con adscripción en el Área de Consulta Externa del Hospital General de esta ciudad, que forman parte de los Servicios de Salud de Sinaloa, por lo que a quien atribuye la calidad de autoridad responsable tiene carácter de empleadora. Consecuentemente, no se está en presencia de acto de autoridad o de particular, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que las responsables actúan como patrón, donde se conducen en un plano de igualdad, no de supra a subordinación. En tales condiciones, los actos reclamados no son de autoridad susceptibles de reclamarse en este juicio biinstancial, ya que no son actos emitidos en función del ejercicio público, virtud que quedan comprendidos en la relación patrón-empleado que vincularía a los quejosos con las citadas autoridades señaladas como responsables, regida por ordenamientos de derecho laboral. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la misma ley. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, se está impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundando, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************y********************. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, nueve de diciembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Director Jurídico y de Normatividad de los Servicios de Salud en Sinaloa, en representación del Director General de los Servicios de Salud en Sinaloa y Secretario de Salud del Estado, en el que señala no son ciertos los actos reclamados; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con ese informe dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Se tiene como delegados y domicilio procesal los que señala la autoridad en su informe, en términos del numeral 9 de la ley de la materia; asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona como medios de contacto alternos. Notifíquese.
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