Artemio Arcos Guadalupe

Expediente 61/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 95 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
61/2017
Año
2017
Actuaciones
95
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Artemio Arcos Guadalupe
  • María Graciela Irigoyen Ortiz
  • Dirección de de Seguridad Pública del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 95.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables, no obstante que mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se le apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Luego, en virtud de que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ARTEMIO ARCOS GUADALUPE, para el efecto de que el Consejo Técnico de Carrera Policial del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, y la Notificadora adscrita a dicho Consejo, dejaran insubsistente lo actuado dentro del procedimiento administrativo disciplinario CTCP-IX/001/2017, y llevaran a cabo el emplazamiento del procedimiento administrativo previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en sus artículos 78 y 81, agotando el derecho de audiencia de estos últimos en toda su amplitud. Y, a su vez, para que el Consejo Técnico de Carrera Policial del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, garantizara a la parte quejosa el derecho a un ingreso mínimo para su subsistencia; de ahí que la responsable habría de determinar la cantidad que le otorgaría para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras cosas, la cual debía ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubriera en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, la cual debía cubrirse desde su suspensión temporal en el cargo de policía municipal de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, hasta en tanto se dictara resolución en el procedimiento administrativo, pues sólo en el supuesto de que se determinara su responsabilidad y se le destituyera del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podría buscar otra fuente de ingresos. Asimismo, para que una vez dictada la resolución en el procedimiento administrativo, si la parte quejosa era exonerada de cualquier responsabilidad, se le cubriera el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial, así también, si en el procedimiento administrativo se decretaba la remoción del ahora quejoso, debía ordenarse el pago de las prestaciones que le otorga la ley. Sin que en el caso la protección constitucional decretada fuera para el efecto de reinstalar a la parte quejosa en el puesto que venía desempeñando en la Dirección de Seguridad Pública municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, ya que de conformidad con el artículo? 123, apartado B, fracción XIII Constitucional, independientemente del resultado del procedimiento que se instaurara, no procedía su reincorporación al servicio, lo cual obedece a que se debe anteponer el interés de la sociedad de contar con mejores elementos que coadyuven en la seguridad pública, al interés particular del gobernado de permanecer en el cargo. En cumplimento a ello, Elías Moisés Rosas Ríos, en su carácter de Delegado de las autoridades responsables, Síndico, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, Nayarit y Tesorería Municipal, con residencia en Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante oficio enviado electrónicamnete y recibido en este Juzgado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, remitió las constancias que acreditan el cumplimiento de la sentencia dictada en autos, esto es, el convenio que la parte quejosa de manera libre firmó, quien además recibió de conformidad el cheque 0026131 del Banco BBVA Bancomer, S.A., valioso por la cantidad de $537,000.00 (quinientos treinta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional); restituyendo de esa manera a la parte quejosa, en el pleno goce y disfrute de sus garantías individuales violadas. Luego, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de depuración. Con sustento en el Acuerdo General Conjunto aludido, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción; en tanto el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años, por lo que agréguese al presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio que remite vía electrónica Elías Moisés Rosas Ríos, en su carácter de Delegado de las Autoridades Responsables, Síndico, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, Nayarit y Tesorería Municipal, con residencia en Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por medio del cual remite diversas documentales con las que acredita dar cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con su contenido, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo.? las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por el Titular de la Agencia IV de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, dependiente de la Fiscalía General de la República, con residencia en Tepic, Nayarit y, en atención a su contenido, dígasele que el expediente en que se actúa no fue remitido en inejecución de sentencia al Tribunal de Alzada, en virtud de que el autorizado del quejoso ARTEMIO ARCOS GUADALUPE, manifestó su conformidad con la propuesta de convenio planteada por el delegado de las autoridades responsables Elias Moises Rosas Ríos, con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, asimismo, se hace de su conocimiento que en proveído de veintiséis de febrero del año en curso, se requirió nuevamente a las autoridades responsables a efecto de que realicen el pago de la cantidad pactada en dicho convenio, en la inteligencia de que a la fecha no obran agregados los acuses de recibo de los oficios dirigidos a dichas responsables, a fin de tener la certeza de que ya fueron notificados del requerimiento que se les hizo. Luego, como lo solicita la autoridad oficiante, remítasele copia del ocurso presentado vía electrónica el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por Edmundo Oregón Cruz, en su carácter de autorizado del quejoso ARTEMIO ARCOS GUADALUPE, así como del proveído autorizado veintiséis de ese mismo mes y año, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar el ocurso de cuenta que remite vía electrónica Edmundo Oregón Cruz, en su carácter de autorizado del quejoso ANTONIO ARCOS GUADALUPE, mediante el cual desahoga la vista que se le dio en proveído de dieciocho de febrero del año en curso y manifiesta que el veintidós del presente mes y año, comparecieron a la oficina de la Tesorería Municipal de Bahía de Banderas Nayarit, a efecto de aceptar la propuesta de convenio planteada por el delegado de las autoridades responsables Elias Moises Rosas Ríos, lo que de la misma forma hicieron del conocimiento de la dirección jurídica; sin embargo, refiere el promovente que no fue posible que los atendiera el Tesorero Municipal, y que la persona que los atendió les informó que no obstante que la fecha de pago propuesta era para el quince de febrero del presente año, se estaba en proceso la expedición del cheque a favor del quejoso por la cantidad de $537,000.00 (quinientos treinta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional). Luego, como lo solicita el autorizado de la parte quejosa, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, Consejo Técnico de Carrera Policial y Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, así como a la autoridad responsable vinculada al cumplimiento al fallo protector, Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, con residencia en Valle de Banderas, Nayarit, que la parte quejosa acepta el convenio planteado a fin de tener por cumplido el fallo protector dictado en autos, por lo que, solicita le realicen el pago de la cantidad propuesta. Consecuentemente, requiéraseles nuevamente al Consejo Técnico de Carrera Policial, al Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal -quien forma parte del citado Consejo Técnico de Carrera Policial- y a la Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, al Síndico Municipal, así como al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit -como autoridad vinculada al cumplimiento al fallo- para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificados del presente proveído, den cumplimiento al fallo protector dictado en autos, apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras a una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el 1 "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de superior jerárquico de las referidas autoridades, para que ordene tanto al Consejo Técnico de Carrera Policial, al Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal - quien forma parte del citado Consejo Técnico de Carrera Policial- y a la Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, así como al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit -como autoridades vinculadas al cumplimiento al fallo- dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Se apercibe a dicho superior jerárquico, que de no hacerlo sin causa justificada dentro del plazo que se le indica, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el especificadas en el primer párrafo.". artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE.

Quedan 91 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano