Arsenio Vega Cebreros

Expediente 622/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
622/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Arsenio Vega Cebreros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en autos, para todos los efectos legales a que haya lugar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra el acto reclamado al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, precisado en el segundo considerando de esta resolución, por las razones y motivos expuestos en el último considerando de este fallo constitucional .

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta y anexo, signado por los integrantes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinden informe justificado. TERCERO INTERESADO Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el auto admisorio, este órgano de control constitucional se reservó proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado que señaló la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, hasta en tanto obraran en autos las constancias que remitiera la autoridad responsable, lo que en el caso ya aconteció. En consecuencia al efecto se provee. No ha lugar a tener a persona alguna con el carácter de tercero interesado, puesto que de las constancias que anexa la autoridad responsable se advierte que aún no se ha dado intervención en el juicio laboral de origen a la parte demandada. Se cita en la idea conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Tomo XXIX, Mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (Registro 167160), que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Finalmente, glósese al expediente en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita copia de la demanda para estar en aptitud de rendir informe justificado; sin que en el caso se ordene remitir dicha copia, toda vez que en párrafos que anteceden se tuvo por rendido el mismo.

  4. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por J************, apoderado de ***********, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con copia certificada del auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 958/2020 del índice del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que se le tuvo por reconocido tal carácter, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente: A) De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, el acuerdo dictado en el juicio laboral OPDL-9-139/2020, mediante el cual declinó la competencia a favor del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. B) Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, el proveído dictado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el expediente 958/2020 de su índice, mediante el cual asume la competencia planteada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, en el expediente laboral OPDL-9-139/2020. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO A). ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación a la Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, en la idea conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Como puede apreciarse, el artículo transcrito en primer término señala que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercitabilidad resulte de alguna otra disposición de la ley. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de una causa diversa de las contempladas en las diecisiete fracciones del artículo 73, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, debe aplicarse esa jurisprudencia, atendiendo a su obligatoriedad." El precitado artículo 107, fracción VIII, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por su parte, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Ahora, en relación con la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción VIII, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, sostuvo que la norma en cuestión no podría interpretarse literalmente y aseverar que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. Luego, explicó, que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Que se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Asimismo, que esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, -sostuvo- que la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. Que en ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. Que de lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo que es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial EL ACTO QUE SE RECLAME DEBE SER AQUÉL EN EL QUE LA AUTORIDAD ACEPTA O RECHAZA LA COMPETENCIA, lo cierto es que debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, porque en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Por tanto, concluyó el Alto Tribunal que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Esos argumentos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En el caso, de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado identificado con el inciso A), consistente en el acuerdo dictado en el juicio laboral OPDL-9-139/2020, mediante el cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa declinó la competencia a favor del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, no se considera acto de autoridad susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Se dice ello, pues tal acto, por sí solo, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, pues para que ello ocurra, dependerá que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, pues es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que dicha determinación de incompetencia no sea susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo, y procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA respecto del acto reclamado precisado en el inciso A), atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. ADMISIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO B). Ahora, respecto al diverso acto reclamado precisado en el inciso B), que se hace consistir en el proveído dictado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el expediente 958/2020 del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante el cual asume la competencia planteada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, en el expediente laboral OPDL-9-139/2020; con fundamento en los artículos en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por Arsenio Vega Cebreros, por conducto de su apoderado Jesús Manuel Hernández Rojo, contra los actos reclamados al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguiente al en que se reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes, pues la omisión de dicha obligación se encuentra sancionada con una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las TRECE HORAS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y, por tal motivo a partir del presente proveído no habrá necesidad de emitir oficio para notificar a la autoridad responsable el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini .asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. TERCERO INTERESADO Por otra parte, en cuanto al tercero interesado que señala la parte quejosa, se RESERVA acordar al respecto, hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen de donde emana el acto reclamado. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la parte quejosa la documental que adjuntó a sus escritos inicial y aclaratorio de demanda, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. AUTORIZADOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de diecisiete de mayo de esta anualidad, se reservó proveer respecto a los autorizados señalados en el escrito de demanda, hasta en tanto cumpliera con lo requerido en dicho acuerdo, lo cual ya aconteció. En consecuencia, téngasele como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a *********, por así haberse solicitado expresamente. OFICIOS Asimismo, se autoriza al Secretario actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano