Arsenia de Aquino Espinosa y Otros.

Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
81/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Arsenia de Aquino Espinosa y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja ***, de su índice, así como copia certificada del juicio de amparo 81/2021, de la estadística de este juzgado, en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido y remítase el acuse de recibo a la superioridad. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó el presente asunto, hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. 2. Destrucción. Respecto de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, radicándolo con el número *** de su estadística. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de dieciocho de febrero de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. ***, Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. ***, Subsecretario de Educación, con sede en esta ciudad. 3. ***, Directora de Educación Básica, con sede en esta ciudad. 4. ***, Coordinador General de Administración Estatal de la Secretaría de Educación, con sede en esta ciudad. 5. ***, Directora de Administración de Personal, con sede en esta ciudad. 6. ***, Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad. 7. ***, Jefe del Departamento de Educación Telesecundaria, con sede en esta ciudad. 8. ***, Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Laborales, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 81/2021-4-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: el cambio de adscripción para desempeñar el cargo como profesora del nivel de educación telesecundaria, adscrita al Departamento de Educación Telesecundaria, dependiente de la Dirección de Educación Básica, de la Subsecretaría de Educación Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a una localidad distinta de la que se encontraba laborando. Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente se duele esencialmente del cambio de adscripción para desempeñar el cargo como profesora del nivel de educación telesecundaria, adscrita al Departamento de Educación Telesecundaria, dependiente de la Dirección de Educación Básica, de la Subsecretaría de Educación Estatal de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a una localidad distinta de la que se encontraba laborando. La actuación en comento, deriva de la relación obrero-patronal que une a la quejosa con la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. De lo que se sigue, que en relación al acto combatido la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la Federación con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, en contra de la citada actuación no procede el juicio de amparo, pues no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. Lo anterior, ya que de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI, del artículo 25, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación, Cultura y Salud, es obligación de los trabajadores acatar las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio, por lo que es de considerarse que el acto que reclama a las responsables, fue realizado con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal. En efecto, dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de la relación. Ciertamente, el artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Luego, cualquier acción u omisión del Estado investido de esa calidad, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado deben ser ventilados ante la autoridad ordinaria competente y no ante los órganos de control constitucional. Cabe precisar, que aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "...Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre cuando la Secretaría de Educación del Estado del Chiapas, decide cambiarla de adscripción, pues dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación derivada del vínculo laboral que une a aquel con la dependencia a la que presta sus servicios. Es así que la autoridad estatal, en su carácter de patrón, no realiza actos equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) , sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." También sirve de sustento la tesis VII.2o.A.T.10 A , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro a la letra se transcribe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ." Sin que pase desapercibido para esta juzgadora que se aduzca que las autoridades responsables se encuentran violando derechos humanos de la quejosa, como son su derecho a la salud, y a no ser discriminada, con la aplicación de la "operación anti COVID-19", ya que en este caso, al provenir tal violación del cumplimiento defectuoso de la relación contractual, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, la quejosa debe acudir ante la autoridad laboral competente a solicitar la cesación de los actos reclamados, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por los quejosos, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. De conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, téngase por autorizados en términos restringidos de la Ley de Amparo a ***, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa, en el correo electrónico y número de teléfono que proporciona, ya que dichos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocidos en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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