Aron Otero Barrientos
Expediente 1206/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1206/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aron Otero Barrientos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés Se tiene por recibida el acta de gestión elaborada por el Coordinador de Actuarios de este Juzgado Federal, mediante la cual informa las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación personal del auto de uno de septiembre y cuatro de octubre del dos mil veintitrés, a la tercero interesada María Delia Peral Ortega; al respecto, se tiene por hecha la comunicación para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que con fecha uno de septiembre del dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a la tercero interesada María Delia Peral Ortega, sin que a la fecha exista constancia alguna que acredite tal situación; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona de nueva cuenta al Coordinador de Actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea emplazada la parte de referencia. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para esta data y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que con fecha uno de septiembre del dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a la tercero interesada María Delia Peral Ortega, sin que a la fecha exista constancia alguna que acredite tal situación; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de Actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea emplazada la parte de referencia. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para esta data y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa miguel angel bahena santana por medio de lista el contenido del acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, respecto del cual algunas de las partes hicieron manifestaciones, de lo cual se proveerá en párrafos ulteriores; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo a los quejosos para los siguientes efectos de que la autoridad responsable realizará respectivamente, lo siguiente: ".procede conceder el amparo solicitado por Miguel Ángel Bahena Santana, Fabián Gómez Peralta, Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el ámbito de sus atribuciones, restituya a los aquí quejosos en el pleno goce de sus garantías violadas, de conformidad con el numeral 80 de la Ley de Amparo, para lo cual deberá realizar lo siguiente: A) Deje sin efectos el resultado de la evaluación de control de confianza y las pruebas que a ese efecto practicó el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Estado de Morelos, a los citados quejosos. B) No se tome en consideración la calificación de la evaluación de control de confianza, al momento de evaluar a los citados quejosos, como se ordena en el lineamiento séptimo de la convocatoria contenida en la circular CJE/SG/26-11. Es orientador de la determinación adoptada por este Juzgado de Distrito, aplicada por analogía y en lo conducente, la tesis aislada P. XLIV/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVI, agosto de 2002, página 16, que es del tenor siguiente: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. NO QUEDA SIN MATERIA LA QUE SE PROMUEVA CONTRA LA DECISIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL DE RECHAZAR A UNO DE LOS ASPIRANTES A UN CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SEÑALADO COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO, POR EL HECHO DE QUE AL MOMENTO DE DICTAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA YA HUBIERE CONCLUIDO EL CURSO.- El hecho de que al momento de dictarse resolución definitiva en un recurso de revisión administrativa interpuesto contra la determinación del Instituto de la Judicatura Federal de rechazar a uno de los aspirantes al curso de Especialización en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, señalado en la convocatoria relativa como requisito para participar en un concurso de oposición para la designación de Jueces de Distrito, ya hubiere concluido e incluso se hubieran hecho las respectivas designaciones, no implica que el referido medio de impugnación haya quedado sin materia, en virtud de que en caso de que resulten fundados los argumentos que se plantean, el efecto de la resolución sería que se tomara en cuenta la situación que derivara de ello, respecto del siguiente curso de Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito al que se refiera una convocatoria posterior, en los términos que en cada caso se tendrían que fijar" En esas condiciones, como las circulares números CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, transgreden los artículos 14 y 16 constitucionales, procede conceder el amparo solicitado por Miguel Ángel Bahena Santana, Fabián Gómez Peralta, Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el ámbito de sus atribuciones, restituya a los aquí quejosos en el pleno goce de sus garantías violadas, de conformidad con el numeral 80 de la Ley de Amparo, para lo cual deberán realizar lo siguiente: A) En el ámbito de sus facultades, deje insubsistente las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, única y exclusivamente por lo que respecta a los peticionarios de amparo, a fin de ceñirse al principio de relatividad de los fallos de amparo. B) En su lugar, con plenitud de facultades, dé a conocer a los quejosos las causas o motivos, así como los fundamentos que tuvo para su descalificación y no designación como jueces, respectivamente, en el concurso de oposición para designar a trece Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con jurisdicción en el Estado y competencia en alguno de los distritos judiciales en materia penal, que según las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, están contenidos en los acuerdos de dieciséis de noviembre de dos mil once, y de doce de diciembre de dos mil once, continuado y concluido el catorce de ese mes y año. Amparo que se hace extensivo a las diversas autoridades que intervinieron en el concurso de oposición relativo.". Inconforme con dicha determinación las partes, interpusieron recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 9/2018 y mediante ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, determinó modificar la sentencia recurrida para los siguientes efectos: ".Cierto, de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que del considerando octavo, se citó enseguida el "décimo", así como el "décimo primero"; y toda vez que dicho aspecto no constituye una incongruencia grave cuya corrección deje a alguna de las partes en estado de indefensión, en acatamiento a la Jurisprudencia P./J. 133/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, registro digital 192836, del título, subtítulo y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele." En concordancia con dicho criterio, este tribunal procede a corregir dicha incongruencia, para quedar como sigue: - En la página 92 de la sentencia recurrida, dice "DÉCIMO", debe decir "NOVENO"; en consecuencia, en el Resolutivo "SEGUNDO", en su parte final dice "décimo", debe decir "noveno"; y en la página 170, dice "DÉCIMO PRIMERO. (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES)." Debe decir "DÉCIMO. (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES)." En estas condiciones al resultar en una parte infundados, en otra inoperantes y en una última fundados los agravios en análisis, y al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 11, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es, en la materia de la revisión, modificar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto 1870/2011 y sus acumulados del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades señaladas como responsables Instituto Nacional de Ciencias Penales, Doctor Javier Jiménez Martínez y Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial, sociedad civil, en términos del considerando quinto de esta sentencia.". Por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo; y, mediante proveído del treinta de junio de dos mil veintiuno, se hizo pronunciamiento en el sentido de que estaba cumplida la ejecutoria, sin embargo, tal determinación fue impugnada mediante recurso de inconformidad, el cual quedó radicado con el número 11/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el que la Superioridad pronunció ejecutoria en sesión del diez de noviembre de dos mil veintidós, determinando fundado dicho medio de defensa y en consecuencia, estableció los lineamientos a cumplir de la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: ".Por lo que se concluye que, en el caso concreto, se trata de solicitar el cumplimiento del lineamiento consistente en que se le hicieran saber a los quejosos las calificaciones obtenidas por los trece participantes que fueron designados Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, para de ahí estar en aptitud legal de compararlas y saber cuál fue el puntaje alcanzado por los peticionarios que les impidió su designación como jueces de primera instancia. Por ello, en las relatadas condiciones, con fundamento en el invocado artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina que la sentencia que concedió el amparo a los quejosos, no se encuentra cumplida en su totalidad y, en consecuencia, debe ordenarse la devolución de los autos al juez federal del conocimiento, para el efecto de que deje insubsistente el auto recurrido y, en su lugar, dicte otro, por medio del cual requiera a la autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que de inmediato de cumplimiento al fallo protector, conforme a lo razonado en párrafos precedentes.". Al respecto, en la ejecutoria de mérito, el órgano revisor estableció lo siguiente: "...Por ello, la ejecutoria de amparo se encuentra parcialmente cumplida, toda vez que dio cumplimiento a los siguientes lineamientos establecidos en el fallo protector, a saber: Dejó sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, única y exclusivamente por lo que respecta a los quejosos. Dejó sin efectos el resultado de la evaluación de control de confianza y las pruebas que a ese efecto practicó el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Estado de Morelos, por lo que hace a los quejosos. No tomó en consideración la calificación de la evaluación de control de confianza, al momento de evaluarlos, y procedió a resolver a su consideración sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que hace a la evaluación de Miguel ángel Bahena Santana, expuso la forma de su nueva evaluación y revisión, así como las Actas de sesión extraordinaria de dieciséis de noviembre de dos mil once, que toma en consideración y con base en qué convocatorias fundando y motivando dicho actuar, expone además en una tabla la calificación obtenida en una escala del uno al diez en acatamiento a la convocatoria CJE/SG/26-11, citando sus respectivos promedios obtenidos en sus exámenes del concurso señalado y de la calificación general obtenida y le hacen saber el motivo por los que no pasa a la siguiente etapa. Expuso la forma de calificar para los concursantes Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, y las actas y convocatorias que toma en consideración para ello, citándolas sesiones extraordinaria de dieciséis de noviembre y catorce de diciembre de dos mil once, y en lo individual por cada quejoso señalado con anterioridad, procediendo a exponer los resultados de los puntajes obtenidos, Dio a conocer a los quejosos las calificaciones que obtuvieron en las etapas de que consta la competencia plasmadas en la acta de sesión extraordinaria antes citada, procediendo a plasmar la tabla donde va promediando cada examen realizado por los quejosos, y expuso la calificación general obtenida por cada uno de ellos, haciéndoles saber que en atención al resultado obtenido no fueron designados Jueces de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Sin embargo, no atendió alineamiento consistente en que se le hicieran saber a los quejosos las calificaciones obtenidas por los trece participantes que fueron designados Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, ara de ahí estar en aptitud legal de compararlas y saber cuál fue el puntaje alcanzado por los peticionarios que les impidió su designación como jueces de primera instancia, como se transcribe a continuación: Tampoco se plasman cuáles fueron las calificaciones obtenidas por los trece participantes que fueron designados Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, para de ahí estar en aptitud legal de comparar las calificaciones y saber los quejosos cuán fue el, puntaje alcanzado que les impidió su designación como jueces de primera instancia; lo anterior, es trascendente porque de la interpretación conjunta de los, lineamientos sexto y séptimo de la convocatoria número CJE/SG/26-11, se concluye que Consejo de la Judicatura Estatal se obligó a expresar la calificación final en puntos dentro de la escala de cero al diez, integrada con el correspondiente promedio resultante de las calificaciones obtenidas en las etapas de las que consto el concurso. En consecuencia, como un motivo para declarar la ilegalidad del acto reclamado, incluida esta omisión, se les debe dar conocer las calificaciones de los rece participantes que fueron designados jueces. (lo subrayado es propio) Máxime que del acto mediante el cual se pretendió dar cumplimiento se advierte que la responsable hizo constar en que calificación general el inconforme Arnaldo Sánchez Sandoval obtuvo 7.8; Laura Gabriela Chang Marroquín 8.0 y Roberto Soto Castor 7.5....". En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado por la Superioridad, la autoridad responsable a través del oficio sin número del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, recibido el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, signado por Andrés Didier Linares Acevedo, en su calidad de Delegado de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de la referida Junta, de tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual entre otras cuestiones se advierte, que deja sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, única y exclusivamente por lo que respecta a los aquí quejosos, dejando además sin efectos el resultado de la evaluación de control de confianza y las pruebas que a efecto practicó el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Estado de Morelos, a los quejosos, de la misma manera, no se toma en consideración la calificación de la evaluación de control de confianza, al momento de evaluar a los quejosos, como se ordena en el lineamiento séptimo de la convocatoria contenida en la circular CJE/SG/26-11; aunado a los lineamientos que ya fueron cumplidos y que quedaron precisados en la ejecutoria relativa al recurso de inconformidad, consistentes en: por lo que hace a la evaluación de Miguel ángel Bahena Santana, expuso la forma de su nueva evaluación y revisión, así como las actas de sesión extraordinaria de dieciséis de noviembre de dos mil once, que toma en consideración y con base en qué convocatorias fundando y motivando dicho actuar, expone además en una tabla la calificación obtenida en una escala del uno al diez en acatamiento a la convocatoria CJE/SG/26-11, citando sus respectivos promedios obtenidos en sus exámenes del concurso señalado y de la calificación general obtenida y le hacen saber el motivo por los que no pasa a la siguiente etapa; expuso la forma de calificar para los concursantes Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, y las actas y convocatorias que toma en consideración para ello, citando las sesiones extraordinaria de dieciséis de noviembre y catorce de diciembre de dos mil once, y en lo individual por cada quejoso antes señalado, procediendo a exponer los resultados de los puntajes obtenidos; y dio a conocer a los quejosos las calificaciones que obtuvieron en las etapas de que consta la competencia plasmadas en las actas de sesión extraordinaria antes citadas, procediendo a plasmar la tabla donde va promediando cada examen realizado por los quejosos, y expuso la calificación general obtenida por cada uno de ellos, haciéndoles saber que en atención al resultado obtenido no fueron designados Jueces de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Y, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, relativa al recurso de inconformidad, del contenido del acta de sesión de referencia, se advierte que la Junta responsable hace saber a los quejosos las calificaciones obtenidas por los trece participantes que resultaron vencedores y que por ello fueron designados Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, además, de hacer un desglose de las calificaciones obtenidas tanto a los Jueces vencedores como a los aquí quejosos, con lo cual, queda clara la posibilidad de que los promoventes del amparo Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, estén en aptitud de hacer las comparaciones y saber cuál fue el porcentaje alcanzado que les impidió su designación como Jueces de Primera Instancia en la materia mencionada. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la parte promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio sin número del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, recibido el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, signado por Andrés Didier Linares Acevedo, en su calidad de Delegado de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de la referida Junta, de tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual entre otras cuestiones se advierte, que deja sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, única y exclusivamente por lo que respecta a los aquí quejosos, dejando además sin efectos el resultado de la evaluación de control de confianza y las pruebas que a efecto practicó el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Estado de Morelos, a los quejosos, de la misma manera; no se toma en consideración la calificación de la evaluación de control de confianza, al momento de evaluar a los quejosos, como se ordena en el lineamiento séptimo de la convocatoria contenida en la circular CJE/SG/26-11; aunado a los lineamientos que ya fueron cumplidos y que quedaron precisados en la ejecutoria relativa al recurso de inconformidad, consistentes en: por lo que hace a la evaluación de Miguel ángel Bahena Santana, expuso la forma de su nueva evaluación y revisión, así como las actas de sesión extraordinaria de dieciséis de noviembre de dos mil once, que toma en consideración y con base en qué convocatorias fundando y motivando dicho actuar, expone además en una tabla la calificación obtenida en una escala del uno al diez en acatamiento a la convocatoria CJE/SG/26-11, citando sus respectivos promedios obtenidos en sus exámenes del concurso señalado y de la calificación general obtenida y le hacen saber el motivo por los que no pasa a la siguiente etapa; expuso la forma de calificar para los concursantes Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, y las actas y convocatorias que toma en consideración para ello, citando las sesiones extraordinaria de dieciséis de noviembre y catorce de diciembre de dos mil once, y en lo individual por cada quejoso antes señalado, procediendo a exponer los resultados de los puntajes obtenidos; y dio a conocer a los quejosos las calificaciones que obtuvieron en las etapas de que consta la competencia plasmadas en las actas de sesión extraordinaria antes citadas, procediendo a plasmar la tabla donde va promediando cada examen realizado por los quejosos, y expuso la calificación general obtenida por cada uno de ellos, haciéndoles saber que en atención al resultado obtenido no fueron designados Jueces de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Y, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, relativa al recurso de informidad, del contenido del acta de sesión de referencia, se advierte que la Junta responsable hace saber a los quejosos las calificaciones obtenidas por los trece participantes que resultaron vencedores y que por ello fueron designados Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, además, de hacer un desglose de las calificaciones obtenidas tanto a los Jueces vencedores como a los aquí quejosos, con lo cual, queda clara la posibilidad de que los promoventes del amparo Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, estén en aptitud de hacer las comparaciones y saber cuál fue el porcentaje alcanzado que les impidió su designación como Jueces de Primera Instancia en la Materia mencionada. Aunado que, del acta de sesión que se analiza, queda de manifiesto que la Junta responsable, hace el desglose de las calificaciones obtenidas y de las evaluaciones que les fueron practicadas en forma individual por cada participante vencedor y por cada quejoso, exponiendo la calificación general obtenida por cada uno de ellos, de ahí, que los peticionarios de amparo, como ya se dijo, están en aptitud de hacer el análisis comparativo y saber cuál fue el puntaje alcanzado que les impidió su designación como jueces de primera instancia. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal, así como los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, relativa al recurso de inconformidad. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable: ".A) Deje sin efectos el resultado de la evaluación de control de confianza y las pruebas que a ese efecto practicó el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Estado de Morelos, a los citados quejosos. B) No se tome en consideración la calificación de la evaluación de control de confianza, al momento de evaluar a los citados quejosos, como se ordena en el lineamiento séptimo de la convocatoria contenida en la circular CJE/SG/26-11. C) En su lugar, con plenitud de facultades, dé a conocer a los quejosos las causas o motivos, así como los fundamentos que tuvo para su descalificación y no designación como jueces, respectivamente, en el concurso de oposición para designar a trece Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones con jurisdicción en el Estado y competencia en alguno de los distritos judiciales en materia penal, que según las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, están contenidos en los acuerdos de dieciséis de noviembre de dos mil once, y de doce de diciembre de dos mi once, continuado y concluido el catorce de ese mes y año. D) En relación con lo anterior, y en acatamiento a lo establecido en la ejecutoria del recurso de inconformidad: se solicite el cumplimiento del lineamiento consistente en que se le hicieran saber a los quejosos las calificaciones obtenidas por los trece participantes que fueron designados Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, para de ahí estar en aptitud legal de compararlas y saber cuál fue el puntaje alcanzado por los peticionarios que les impidió su designación como jueces de primera instancia. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que por Acta de Sesión Extraordinaria de la referida Junta, de tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual entre otras cuestiones se advierte, que deja sin efectos las circulares CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, única y exclusivamente por lo que respecta a los aquí quejosos, dejando además sin efectos el resultado de la evaluación de control de confianza y las pruebas que a efecto practicó el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización del Estado de Morelos, a los quejosos, de la misma manera, no se toma en consideración la calificación de la evaluación de control de confianza, al momento de evaluar a los quejosos, como se ordena en el lineamiento séptimo de la convocatoria contenida en la circular CJE/SG/26-11; aunado a los lineamientos que ya fueron cumplidos y que quedaron precisados en la ejecutoria relativa al recurso de inconformidad, consistentes en: por lo que hace a la evaluación de Miguel ángel Bahena Santana, expuso la forma de su nueva evaluación y revisión, así como las actas de sesión extraordinaria de dieciséis de noviembre de dos mil once, que toma en consideración y con base en qué convocatorias fundando y motivando dicho actuar, expone además en una tabla la calificación obtenida en una escala del uno al diez en acatamiento a la convocatoria CJE/SG/26-11, citando sus respectivos promedios obtenidos en sus exámenes del concurso señalado y de la calificación general obtenida y le hacen saber el motivo por los que no pasa a la siguiente etapa; expuso la forma de calificar para los concursantes Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, y las actas y convocatorias que toma en consideración para ello, citando las sesiones extraordinaria de dieciséis de noviembre y catorce de diciembre de dos mil once, y en lo individual por cada quejoso antes señalado, procediendo a exponer los resultados de los puntajes obtenidos; y dio a conocer a los quejosos las calificaciones que obtuvieron en las etapas de que consta la competencia plasmadas en las actas de sesión extraordinaria antes citadas, procediendo a plasmar la tabla donde va promediando cada examen realizado por los quejosos, y expuso la calificación general obtenida por cada uno de ellos, haciéndoles saber que en atención al resultado obtenido no fueron designados Jueces de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Y, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, relativa al recurso de informidad, del contenido del acta de sesión de referencia, se advierte que la Junta responsable hace saber a los quejosos las calificaciones obtenidas por los trece participantes que resultaron vencedores y que por ello fueron designados Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, además, de hacer un desglose de las calificaciones obtenidas tanto a los Jueces vencedores como a los aquí quejosos, con lo cual, queda clara la posibilidad de que los promoventes del amparo Agustín Villalobos Salgado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Arnaldo Sánchez Sandoval, Laura Gabriela Chang Marroquín y Roberto Soto Castor, estén en aptitud de hacer las comparaciones y saber cuál fue el porcentaje alcanzado que les impidió su designación como Jueces de Primera Instancia en la Materia mencionada. No pasa desapercibido para quien resuelve las diversas manifestaciones que vierten los quejosos Agustín Villalobos Salgado y Roberto Soto Castor, así como la tercero interesada Gloria Angélica Jaimes Salgado, por los cuales en síntesis refieren que la responsable no da debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y que lo hace de manera errónea, que en el caso del primero, obtuvo mejores calificaciones, que la responsable ya había reconocido que obtuvo un promedio final de 8.016, en sesión de ocho de enero de dos mil veinte, que tiene mejor promedio que los terceros interesados que refiere y que fueron designados jueces; y, en el caso del segundo, refiere en síntesis que no obran los exámenes y documentales relativos a las evaluaciones que se practicaron a los participantes, sin que se justifique omisión de la responsable a exhibirlos. Al respecto dígasele que contrario a sus manifestaciones y a criterio de quien resuelve la autoridad responsable si cumplió con el núcleo de la ejecutoria de amparo, tal como se le expuso en párrafos que anteceden, además las consideraciones que ahora vierten van encaminadas a combatir el fondo de la nueva determinación de la autoridad responsable, aunado que ya están haciendo en el caso del primero de los quejosos mencionados, el análisis comparativo de los resultados obtenidos de los participantes y en el caso, del segundo, que le resulta necesario la exhibición de las documentales relativas a los exámenes y evaluaciones practicadas a los participantes; sin embargo, lo anterior no puede ser motivo de estudio en la presente determinación ya que no fue materia de la ejecutoria, a más de que se dio a la autoridad señalada como responsable los parámetros para resolver, en todo caso en su oportunidad la parte quejosa, de no estar conforme tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Así también, la tercera interesada Gloria Angélica Salgado Jaimes, refiere que la responsable se excedió en la primera determinación que emitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo lo que depara perjuicio porque de manera excesiva determina hacer un ejercicio comparativo de las calificaciones de los quejosos con los vencedores, lo cual sólo está propiciando una confusión y un conflicto que no va a permitir tener cumplida la ejecutoria. Ahora bien, vistas las manifestaciones de la tercera interesada, el lineamiento de la ejecutoria que resolvió el recurso de inconformidad hecho valer en autos, fue para el efecto de que se le hiciera saber a los quejosos las calificaciones obtenidas por los trece participantes que fueron designados Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, para de ahí estar en aptitud legal de compararlas y saber cuál fue el puntaje alcanzado por los peticionarios que les impidió su designación como jueces de primera instancia; lo cual permite establecer que tal determinación emitida por la Superioridad que conoció del citado recurso, fue para que los quejosos hicieran el análisis correspondiente y a su vez, de considerarlo necesario lo impugnen ante la instancia correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 19 fracción II inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y del original, este último, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del mencionado Acuerdo. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado y cuaderno original incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables; además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 fracción II inciso a) y 20 fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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