Aron Ibarra Morales
Expediente 635/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Aron Ibarra Morales
- Julieta Jimenez Bahena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días otorgados a efecto de que desahogara la vista ordenada en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho (foja 78), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil dieciocho Julieta Jiménez Bahena, Miguel Medero Díaz, Arón Ibarra Morales y Estreberta González Martínez, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral 1048/2012. II. Luego, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 47 a 54), se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual sobreseyó y otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "Proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho y lo notifique a la partes en el juicio laboral de origen." III. Por auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas 59 a 61), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. IV. A fin de cumplir con lo anterior, la Presidente Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 7743/2018 (foja 65), remitió copia certificada del auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, por el cual acordó lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1048/2012. Asimismo, mediante oficio 8920/2018 (foja 74), remitió copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a las partes del auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, en autos del juicio laboral 1048/2012. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma, al acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho y notificarlo a las partes, en el juicio laboral 1048/2012, lo cual fue el efecto de la sentencia amparadora. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
Visto el oficio firmado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copias certificadas de las cedulas de notificación del auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, las cuales fueron requeridas en proveído de veinticuatro de agosto del presente año; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por medio del cual solicita un término para el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, mediante sentencia de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 47 a 54), se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizara lo siguiente: Procediera a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho y lo notificara a las partes en el juicio laboral de origen. Ahora, el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Del precepto legal transcrito, se advierte que cuando se reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; empero, en el caso que nos ocupa, no resulta factible otorgar la vista correspondiente, toda vez que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo es en su totalidad, sin excesos ni defectos. Entonces, estudiadas que fueron las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que la ejecutoria de amparo no está totalmente cumplida, ello debido a que a través del auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, acordó el escrito de veintiuno de mayo del presente año; empero, no acreditó haber notificado dicho acuerdo. Al efecto, el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. [.] En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Del artículo anterior, se advierte la facultad de este órgano jurisdiccional, para ampliar el plazo a fin de que la autoridad responsable, dé cumplimiento a la sentencia de amparo, siempre y cuando la misma demuestre que está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se amplía el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se concede a la autoridad responsable el término de CINCO DÍAS contados a partir de la notificación del presente proveído, para que remita las constancias que denoten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, deberá remitir las constancias que acrediten lo siguiente: 1.- La notificación a las partes, del acuerdo de veinte de agosto de dos mil dieciocho. En el entendido que quedan subsistentes los apercibimientos contenidos en proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas 59 a 61). Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), registro 2007918, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de rubro y texto, siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Basilio Rojas Zimbrón.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 47 a 54); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sin que sea óbice que no se cuenta con la constancia del tercero interesado relativa a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal por violación al artículo 17 constitucional; dicho tercero interesado no cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión que establece la ley de amparo, lo anterior sirve de apoyo la tesis XXI.2º.C.T.8 K (10a.) con registro 2015213, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. EL TERCERO INTERESADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., 81, fracción I, inciso e), 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa perjuicio la sentencia definitiva que se impugna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 77/2015 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.", sostuvo que los recursos son medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada para poder obtener la modificación o revocación de una resolución, por lo que la legitimación para impugnarla y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia deriva no sólo de la calidad de parte en el juicio de amparo, sino además, de que la resolución combatida cause agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o, en su caso, porque cuente con la representación legal de aquél. Así, el tercero interesado tiene, en términos generales, un interés opuesto al del quejoso y, le resulta jurídicamente conveniente que subsista el acto reclamado; por ende, la determinación que concede el amparo, podría estimarse que lo legitima para interponer la revisión. Sin embargo, eso no sucede cuando se reclama la violación al derecho fundamental de pronta administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuya titularidad corresponde al quejoso, de tal suerte que la sentencia que concedió el amparo por tal motivo, no causa al tercero interesado un agravio personal y directo, necesario para su impugnación, en razón de que la ejecutoria debe cumplirse por la autoridad responsable, sin que ello tenga alguna incidencia en su esfera jurídica; de ahí que carezca de legitimación para interponer el recurso citado". Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su titular, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho y lo notifique a la partes en el juicio laboral de origen. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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