Aron Huerta Tototzintle

Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
201/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Director del Centro Penitenciario de Puebla
  • Aron Huerta Tototzintle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 201/2023, promovido por +++++++; y, Resultando. Primero. Por escrito depositado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla y turnado al Juzgado Quinto en esa especialidad el mismo día, +++++, promovió juicio de amparo indirecto en nombre de +++++++, al referir que éste estaba imposibilitado para hacerlo por sí mismo, contra los actos reclamados a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla y otras autoridades, consistentes en: la segregación, aislamiento o sanción disciplinaria; falta de atención médica; incomunicación; y, cambio de dormitorio, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés el juzgado quinto en la especialidad referida, registró la demanda como juicio de amparo 374/2023 de su índice, concedió la suspensión de oficio y de plano, ordenó ratificar la demanda y declaró carecer de competencia para conocer de la misma por razón de la materia, por lo que la remitió al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común correspondiente. Tercero. En acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés se recibió el oficio 6211/2023 del juzgado quinto referido, al que adjunto el expediente formado con la demanda promovida en nombre de +++++++++, con el cual este juzgado federal registró el juicio de amparo 201/2023, se avocó a su conocimiento, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y se designó asesor jurídico al inconforme; de igual forma, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Cuarto. El trece de marzo de dos mil veintitrés el asesor jurídico designado aceptó el cargo conferido; mientras que en acuerdo general 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil veintitrés, se amplió la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los procesos penales en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en consecuencia, se cambió la denominación de este órgano jurisdiccional para quedar como Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; finalmente, la audiencia constitucional se verificó en términos del acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados son de naturaleza penal, porque se relacionan con las condiciones de internamiento del inconforme, quien está recluido en un centro penitenciario que se localiza en el Estado de Puebla, donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa que los actos reclamados a la Directora, Comité Técnico y Encargada del Despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos del Centro Penitenciario de Puebla, lo constituyen: a) La omisión de brindar atención médica. b) La incomunicación y tortura; y, c) El cambio del dormitorio "COC", estancia ocho, al dormitorio "W", estancia catorce. El impetrante en el escrito de demanda señala como actos reclamados la segregación, aislamiento o sanción disciplinaria, pues quien promovió la demanda en su nombre indicó que se encontraba en "estancia" y había sido cambiado al dormitorio "W", desconocimiento el motivo. Por su parte, de las constancias que remitió la directora penitenciaria responsable se observa que el impetrante se ubicaba en el dormitorio "COC", estancia ocho, y el veintidós de febrero de dos mil veintitrés se realizaron estudios de clasificación, en los que se determinó cambiarlo al dormitorio "W", estancia catorce. Por tanto, la precisión de actos se realiza atendiendo al análisis integral de la demanda, en un sentido que resulte congruente con la totalidad de la información del expediente, sin atener a calificativos sobres su constitucionalidad o inconstitucionalidad, de las que se desprende que su intención es controvertir el cambio de dormitorio en el centro penitenciario donde está recluido. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. Las autoridades responsables negaron los actos de incomunicación y tortura. Con tales informes se dio vista al impetrante sin que aportara medio de convicción idóneo para desvirtuar su contenido; incluso, en el escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintitrés alude a su contenido y a las documentales remitidas por las responsables. Cabe abundar que quien promovió la demanda narró que el quejoso está privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Puebla, por lo que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés fue informada vía telefónica que el quejoso directo había sido cambiado de dormitorio a la fuerza y con golpes, por lo que al día siguiente acudió a visitarlo, pero no le permitieron ingresar, porque ya había sido cambiado de dormitorio, por lo cual afirma que estaba incomunicado, así como que los actos reclamados se traducen en tratos crueles, inhumanos y degradantes; mientras que la demanda se presentó el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin que aluda a lo acontecido durante ese periodo. Por su parte, de las documentales remitidas por la directora del centro penitenciario se conoce que el impetrante ingresó al Centro Penitenciario de Puebla el cinco de enero de dos mil veintitrés, siendo ubicado en el dormitorio "COC", estancia ocho. Sin embargo, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés se realizaron estudios de clasificación, en los que se determinó cambiarlo al dormitorio "W", estancia catorce. De igual forma, de los registros remitidos por la autoridad penitenciaria no se advierte que la persona que promovió la demanda acudiera a visitarlo en el periodo comprendido del veintidós veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; empero, se observa que el impetrante realizó llamadas telefónicas del veintitrés al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Así mismo, del dictamen médico realizado al impetrante el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a las seis horas con cinco minutos, se desprende que fue valorado por el médico Roberto Limón Melchor quien indicó que no presentaba lesiones recientes visibles. De lo cual se desprende que obra constancia de que del veintitrés al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se permitió al impetrante realizar llamadas telefónicas; mientras que los hechos narrados en la demanda relatan que el veintidós de febrero de dos mil veintitrés se impidió ingresar al centro penitenciario por el cambio de celda, pero la demanda fue presentada hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones practicadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Esto es, quien promovió la demanda de amparo afirmó que el veintidós de febrero de dos mil veintitrés acudió al centro penitenciario a visitar al en nombre del quejoso directo, pero se impidió ingresar con motivo del cambio de dormitorio, por lo cual consideró que estaba incomunicado; además de referir que había sido golpeado al ser cambiado de dormitorio, pero presentó la demanda de amparo hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintidós, sin relatar lo acontecido durante esa temporalidad. Sin embargo, conforme lo expuesto, no se advierte que la persona que promovió la demanda haya acudió al centro de reclusión de Puebla el veintidós de febrero de dos mil veintitrés; además, de que existe constancia de que del veintidós al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés el quejoso directo realizó diversas llamadas telefónicas, por lo cual no estaba incomunicado. Además, tampoco existe evidencia que el impetrante haya sido golpeado, pues del dictamen médico se desprende que al momento de su valoración el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés no presentaba lesión reciente visible. Ante ello, subsiste lo manifestado por las autoridades responsables en el sentido de negar la incomunicación y tortura que les atribuye. En tales condiciones, al ser inexistentes los actos de incomunicación y tortura reclamados, se actualizan la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual procede decretar el sobreseimiento. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el cambio de dormitorio, porque sí está demostrado con las constancias que remitió la autoridad responsable, de las que se observa que el impetrante ingresó al Centro Penitenciario de Puebla el cinco de enero de dos mil veintitrés, siendo ubicado en el dormitorio "COC", estancia ocho; sin embargo, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés se realizaron estudios de clasificación, en los que se determinó cambiarlo al dormitorio "W", estancia catorce. También es cierta la omisión de brindar atención médica necesaria al quejoso, ya que pese a negar su existencia; de las constancias que obran en el expediente único penitenciario aparece demostrado el acto. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones practicadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. En efecto, el impetrante reclama la omisión de proporcionarle atención médica necesaria, por lo cual considera que no se cumple con los fines de protección de salud a que tiene derecho y, por tanto, se pone en riesgo su integridad. Al respecto, es de señalar que en términos de los artículos 15, fracción I, 16, fracciones I y III, y 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como titular del centro penitenciario corresponde la administración, organización y operación del mismo, así como el garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones, dentro de las cuales se encuentra el proteger y restaurar la salud de las internas. Entonces, el acto reclamado se estima cierto, porque la determinación sobre si la actuación de las autoridades responsables cumple con las finalidades de protección de la salud o, en su caso, si esa insatisfacción del servicio está o no justificada, es una cuestión que atañe al fondo y no a su existencia. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo se analiza la causal de improcedencia que se advierte de oficio, cuyo estudio es preferente y de orden público. El juicio de amparo es improcedente contra el cambio de dormitorio y la omisión de brindar atención médica atribuidos a la Directora, Comité Técnico y Encargada del Despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos del Centro Penitenciario de Puebla, porque la legislación aplicable prevé un medio de defensa, a través del cual pueden ser revocados o modificados, por lo que al no agotarlo antes de promover el juicio de amparo, actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. En el caso, el quejoso reclama a la Directora, Comité Técnico y Encargada del Despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos del Centro Penitenciario de Puebla: a) El cambio del dormitorio "COC", estancia ocho, al dormitorio "W", estancia catorce. b) La omisión de brindar la atención médica. Los cuales considera se traducen en tratos crueles, inhumanos y degradantes. De las constancias de autos se observa que el cinco de enero de dos mil veintitrés en que el impetrante ingresó al centro penitenciario, donde fue valorado y se indicó que no presentaba lesiones y se trataba un masculino asintomático, sin presentar enfermedad crónica alguna; mientras que en la valoración de veintidós de febrero de dos mil veintidós se diagnosticó como asintomático; y, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés presentaba gastroenteritis, por lo que se dio el tratamiento respectivo. Situación por la cual que se estima que el cambio de dormitorio y la omisión de brindar atención médica reclamados en este juicio no implican un acto de los prohibidos por los artículos 22, párrafo primero, de la Constitución Federal y 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues no existe indicio alguno para considerar que se compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Por tanto, antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley. Efectivamente, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, previo acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en los artículos 107, 108, 109, 110, 115, 132 y demás aplicables de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los cuales se advierte que las peticiones administrativas pueden ser promovidas por las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas por la ley, contra los hechos, actos u omisiones relativas a las condiciones de internamiento. En ese sentido, dicha petición deberá ser elevada por escrito sin formalidad alguna, al Director del Centro Penitenciario, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. También, se establece que en caso de que la petición recaiga sobre hechos, actos u omisiones sobre las condiciones de internamiento urgentes, es decir, que de no atenderse quedaría sin materia la petición, entonces, el peticionario o parte legitimada, podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, y en su caso, la citada autoridad, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta que se resuelva; y tratándose de omisiones el juez debe determinar las acciones que debe realizar la autoridad penitenciaria. Aunado a lo anterior, es de señalar que en caso de no obtener resolución favorable, el peticionario podrá impugnar dicha determinación mediante el recurso de apelación. De lo anterior, se concluye que los actos omisivos atinentes a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, es decir, de las condiciones relativas a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo entre otros, la prestación de servicio médico o asistencia médica, debe atenerse a un control ordinario, ya sea ante el Director del nosocomio en el cual se encuentra la quejosa privada de su libertad, o como se indicó, tratándose de casos urgentes, ante el Juez de Ejecución. Por lo tanto, la parte quejosa previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el mecanismo de control ordinario previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal invocado, pues el cambio de dormitorio y la omisión de brindar atención médica reclamados, son cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, que pueden ser subsanados o reparados, ya sea por la autoridad administrativa o por medio de un control judicial. Sin que sea óbice que en el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés se haya concedido al quejoso la suspensión de oficio y de plano, pues se carecía de elementos necesarios para establecer si la omisión de brindar atención médica reclamada implicaba un acto que pudiera poner en peligro su vida, situación que no se advirtió sino una vez que se recabaron las constancias que obran en el expediente, por lo cual se estima que debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley. En tales condiciones, contra el cambio de celda y la omisión de brindar atención médica atribuidos a la Directora, Comité Técnico y Encargada del Despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos del Centro Penitenciario de Puebla, procede decretar el sobreseimiento de juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por +++++++, contra los actos reclamados al Directora, Comité Técnico y Encargada del Despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, todos del Centro Penitenciario de Puebla, consistentes en: a) la omisión de brindar atención médica; b) la incomunicación y tortura; y, c) el cambio del dormitorio, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, vía electrónica a la parte quejosa por conducto de su defensor y a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, así como mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.****************************************CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO****************************************Agréguese a sus autos los oficios de cuenta de la Directora y Presidenta del Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla de la Secretaría de Seguridad Pública, el primero de ellos recibido vía correo electrónico institucional, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de nueve de mayo del presente año, remitiendo el oficio ********************, el memorándum número********************, la tarjeta informativa********************con sus anexos, así como el memorando número ****************************************Por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y electrónicamente, a través del usuario indicado.*

  3. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. SE REGULARIZAN NOTIFICACIONES Y SE REQUIEREN CONSTANCIAS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se notificó electrónicamente al quejoso a través del usuario proporcionado por su defensor, los proveídos de catorce y veintiocho de marzo, diez y doce de abril del presente año; sin embargo se omitió notificarle personalmente dichos autos, así como las promociones 4032, 4151, 5269, 5270 y 5271. Por tanto, con fundamento en el artículo 26 fracción I de la Ley de Amparo, túrnese los autos al personal de actuaría de este juzgado de Distrito para el efecto de que notifique tales proveídos y las promociones indicadas al quejoso, en el lugar de su reclusión. Por otra parte, del proveído de dos de marzo del presente año se advierte que la autoridad responsable Directora y Presidenta del Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla, remitió diversas constancias en cumplimiento a la suspensión de plano, manifestando que el quejoso ******************** no ha sido torturado, ni incomunicado, toda vez que ha recibido la atención médica requerida y ha realizado diversas llamadas telefónicas, remitiendo copia certificada de la tarjeta informativa y de las documentales que acompañó a la misma para justificar sus manifestaciones. Sin embargo, en las documentales que anexó a tal informe, no se advierte que aparezca el nombre del quejoso; por tanto, con miras de abreviar la integración del presente asunto, con fundamento en los artículos 75 y 121 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire a dicha autoridad, requiérasele para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias en las cuales se advierta el nombre del quejoso respecto a los actos reclamados, las cuales deben ser coetáneas o previas a la promoción del juicio de amparo. Con el apercibimiento que para el caso de no dar cumplimiento dentro del término señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa este auto y los diversos de catorce y veintiocho de marzo, diez y doce de abril del año en curso, así como las promociones indicadas, en el lugar de su reclusión; y este auto, electrónicamente, a través del usuario indicado.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, tres de mayo de dos mil veintitrés. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual en cumplimiento al auto de veinticinco de abril del presente año, remite de nueva cuenta un disco versátil digital DVD, el cual contiene copia certificada del expediente personal del quejoso A********************, mismo que se ordena glosar a los presentes autos. Por lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. NOTIFÍQUESE.

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